Yadira Pino: 'No puede darse un acuerdo de finalización de huelga si hay una crisis que está viva'

El gremio docente, que se encuentra en huelga en rechazo al contrato minero firmado entre el gobierno y Minera Panamá, no atiende el llamado del Ministerio de Educación (Meduca) de retornar a clases porque no existen las condiciones de seguridad debido a las protestas en las calles. Yadira Pino, docente y coordinadora de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, insiste en la posibilidad de buscar un diálogo con las autoridades con la mediación de un interlocutor para resolver la crisis actual, abonada por otras situaciones sin resolver. La finalización de la huelga, dice, depende del fallo de la Corte Suprema de Justicia, no depende sólo del gremio, sino de una serie de organizaciones que mantienen manifestaciones. Una vez superado el tema, debe haber acuerdos entre el Ministerio de Educación y los docentes.

Va a depender mucho de la solución de la crisis. Hay que ubicarse en una crisis socio ambiental, política, que no solamente pasa por el rechazo a la minería, sino a la forma en que el Estado a través del gobierno actuó en los planteamientos de que no llevara a cabo el proyecto del contrato ley 406. Al final lo hizo. Digamos que hay alguien que lleva a una crisis y hay que reconocerlo. ¿Qué pasa después de eso? Un pueblo que al ver que las autoridades no escucharon la voluntad del pueblo, no tiene más herramientas o mayor expresión que estar en las calles. La forma del Estado es utilizar todos los mecanismos para llevar a cabo todo el proceso que ha sido rechazado y esto se expresa en diversas agrupaciones.

No hay una varita mágica o una alternativa exclusiva. Pero la democracia parte de los pactos sociales. Cuando hay crisis sociales políticas, un pueblo que está en las calles que ha sido víctima de un mensaje de odio culpándolo de la situación actual o de la crisis, se hubiera evitado si no se lleva a cabo el proyecto con la minera.

No depende de lo que nosotros queramos. Lo que planteé antes, es que tiene que haber un acercamiento. No puede darse un acuerdo de finalización de huelga si hay una crisis que está viva, hay que priorizar la resolución de la crisis.

Es que este tema incluso en el Diálogo de Bicentenario se planteó.

Dicho desde algunas partes. Lo que pasa es que hay muchos intereses y si cada uno se ubica en una posición dirá 'esta es la verdad', o 'la única verdad'. Lo cierto es que en una democracia todos nos tenemos que saber escuchar. Tenemos que saber que hay posiciones encontradas que tienen que encontrar los canales que lleven a un punto en común. Queremos un país democrático, que sus instituciones resuelvan los problemas que aquejan a la población y uno de esos es el tema educativo, el tema ambiental, todos los problemas que hasta la fecha no han sido resueltos.

No solamente por la pandemia, este año escolar estuvo en riesgo al inicio. Hubo planteles que no pudieron empezar a tiempo por falta de docentes, porque las escuelas fueron demolidas o una crisis de servicios públicos en las escuelas.

Por supuesto que la crisis es tan abarcadora que no pudiéramos estar en las aulas habiendo tanta inseguridad. Por lo que el llamado de la ministra Maruja Gorday es difícil de cumplir en medio de una crisis en donde las calles no son seguras. Cada día sale un grupo distinto a manifestarse, cierran las vías, no hay seguridad en las calles. Antes de hacer un llamado a volver a las aulas, el gobierno debió hacer un acercamiento a las distintas organizaciones o a la misma movilización social, para tratar de llegar a un acuerdo.

Es ilógico volver a las clases si la crisis social política no se resuelve.

Precisamente ese acercamiento del estado a través del gobierno es para retornar a la escuela, no para resolver la crisis.

La crisis no depende del sector educativo. El sector educativo se ve inmerso en la crisis social política, entonces si no se resuelve la crisis política mal puede llevarse a cabo un desenvolvimiento de la educación. Sin crisis social como la que vivimos ahora, ya en las escuelas es imposible dar clases, ahora con la crisis es peor.

Claro. Como ciudadanos hemos asumido ser parte de la solución en un ambiente sano de rechazar la minería, pero no se puede estar esperando a lo que dice la Corte esperando en las aulas. Solo en Veraguas hay 15 a 17 concesiones.

Hay que esperar a ver qué ocurre. Hay que entender la crisis que existe, que hay fallas de las instituciones del Estado, que hay un gobierno que el pueblo le dijo que no apruebe la ley y la aprobaron.

Ya ha habido riesgo de perder el año escolar en 2023. No se puede volver a las aulas escolares como si hubiera tiempos normales.

Hay alternativas para eso. Ya hemos pensado en ellas. No hay una definición aún, pero se ha hablado de los dos trimestres, de las notas que se tienen del tercer trimestre y sumarla a los estudiantes, también completar el currículo a través de módulos u otras alternativas para que los estudiantes puedan terminar los contenidos. Todo eso se está hablando, sin embargo, hasta la fecha, hay una crisis que no se ha solucionado o un acercamiento para resolver la situación.

Hemos pasado por diversas crisis sociales y políticas en las que los gobiernos han empleado diferentes métodos para la solución. Medios serios que mantienen un lenguaje cercano para el entendimiento con la población, pero otros medios que usan el lenguaje estigmatizante: los manifestantes son culpables de la crisis; los manifestantes son culpables del desabastecimiento. Nada de eso se tuvo que haber dado si el Estado no hubiera aprobado el contrato.

¿Por qué vuelvo a ese punto todo el tiempo? Porque la crisis que vivimos en estos momentos es producto de la decisión del gobierno. Para solucionarlo se debe buscar un diálogo, un pacto social, no han llamado al diálogo.

Si hay un interventor por ejemplo la Defensoría del Pueblo, si hay forma de buscar un acercamiento mientras la Corte toma la decisión, hay alternativas. Por eso le hablo también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un interlocutor. Cuando el presidente dice voy a judicializar, es un lenguaje no es de acercamiento.

No hay un derecho sobre otro. Incluso el discurso de odio se ha convertido en un delito porque cuando ese discurso avanza vemos que unos son culpables y otros no. Le hablo del discurso del odio porque el alcalde en Tierras Altas llegó en persona para enfrentarse a la población. Los productores llegaron a ciertos acuerdos, incluso se utiliza a la policía por varios días, no salía a hablar el mandatario (Laurentino Cortizo) ni ningún ministro, ¿quién salía a hablar? La Policía Nacional o el director de la institución. Ellos son trabajadores, una institución del Estado que no tiene por qué ser interlocutor, tiene una función. Se ha mal llevado la crisis.

En huelga amparados por el artículo 69 de la Constitución.

Claro, pero no quita el derecho.

Desde el momento en que se empiezan a hacer las manifestaciones hubo en un inicio la suspensión de clases por el Meduca y luego al irse profundizando la crisis se hizo un aviso de entrar en huelga a pesar de que los procedimientos que no están reglamentados hay una formalidad desde los docentes que se abocan a una huelga. Al no estar reglamentado, se aboca a una formalidad en el momento en que el trabajador se aboca a una huelga, el patrono tiene que entrar en una conversación, en un diálogo bilateral. Esos son temas laborales que tienen que ser resueltos en un espacio entre dos, patrono y trabajadores. Ahí es donde se va resolviendo la parte laboral en un entendimiento.

Usted misma ha dicho que no está reglamentada la huelga, de manera que los descuentos salariales están reglamentados bajo decretos que refieren más al funcionamiento normal. Es decir, cuando uno falta a la escuela y tiene ya un tiempo de 15 días de ausencia, no aplica a la normativa dentro de una huelga formal o normal de asistir a la escuela. Dentro de una huelga tiene que haber un entendimiento entre dos, entre los que son contratados y quienes contratan. Para eso hay un espacio.

Es un mecanismo que no depende de nosotros sino del Meduca, pero que responde a lo mismo, hasta que no se llega a un acuerdo es una forma de actuar de una represalia porque aún no se llega a un acuerdo con el trabajador.

Ojalá no hubiéramos entrado en esta crisis.

Lo primero que tenemos que aprender es que no se puede seguir legislando ni aprobando aun cuando un pueblo ha dicho que no. Le voy a dar un ejemplo de un expresidente que está condenado. Cuando en la Comarca se dio el tema de la minería, el presidente de ese momento (Ricardo Martinelli) fue hasta allá, y se hizo ahí a conversar, se abrió todo un debate y se sacó una ley. Fíjese que es un ejemplo, no estoy diciendo si el expresidente hizo bien o no su mandato, sino la actuación de él en momentos de crisis.

La crisis de la educación no es nueva. No se ha resuelto porque hay mucha improvisación. Si usted se fija no hay un modelo educativo y como no lo hay cada gobierno improvisa y crea programas.

Claro y lo hemos planteado en ciertos temas. Por ejemplo, el tema del presupuesto de la educación, que se ve abultado, no le llega directamente a las escuelas porque recuerde que el presupuesto es para todo el sector educativo.

Lo señalo como parte del problema. ¿por qué si se le ha planteado a la Contraloría desburocratizar el proceso no lo hace? Ojalá lo hicieran. Durante todo este tiempo la crisis se ha acumulado. No se puede vivir normalmente con una crisis que es permanente. En todas las otras crisis anteriores hemos llegado a un punto de entendimiento y se termina el año escolar. Hubo una crisis en 1987, 1988 y 1989, por ejemplo. Estamos prácticamente en una crisis, justo ahora, donde el poder adquisitivo de las personas no alcanza para la canasta básica, por ejemplo.

Porque no depende exclusivamente de ese encuentro docente estudiante, depende de toda una serie de factores que implican también problemas intrafamiliares. ¿Cuántos de esos niños son violados en sus casas? Eso tiene una incidencia.

Que hemos abonado para que se haga un pacto social.

Tenemos una responsabilidad que la ejecutamos diaria. Todos tenemos responsabilidad.

Que en las escuelas los problemas que tenemos los resolvemos con los padres de familia porque no tenemos desde arriba los gabinetes psicopedagógicos u otros instrumentos que existen, porque los hay, si eso se pudiera multiplicar ayudaría a resolver los temas de los índices de fracaso, de eficiencia, de los números de estudiantes que reprueban. Pero no se canaliza eso por parte de las autoridades que toman decisiones.

Todos estamos en esa incertidumbre porque no depende solamente de los docentes, depende de toda una movilización que están en la calle y que es heterogénea. Nosotros estamos analizando que hay una responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia que puede resolver parte de la crisis. Efectivamente, si este fallo no es positivo a la población no va a depender de nosotros. Si es positivo, definitivamente tenemos que llegar a un acuerdo con el Meduca, a una finalización de la huelga, a un acuerdo en la parte laboral y cómo se va a terminar el ciclo escolar, al igual de cómo se van a recuperar algunos contenidos. Todo eso es posible una vez se de esa situación.

Hay diferentes alternativas porque no todos entraron a la huelga de misma manera o al mismo tiempo. Hay quienes tienen menos o más tiempo, esa forma de recuperación de contenido tiene que ser arreglo entre los docentes y los directivos. Cada centro se debe poner de acuerdo, como se hizo en 2014, porque hay docentes que entraron a la huelga en diferentes fechas, no son los mismos tiempos.

Es parte del acuerdo al que tendría que llegarse con el Meduca.

Depende cómo está la situación en ese momento, depende de la crisis. Pero si hay que analizar algo es hasta qué punto ha llegado la crisis y si los tiempos están para abordar en enero clases. Si estamos en esos tiempos para eso, será un acuerdo al que tengamos que llegar. Ahora, también hay que tomar en cuenta a la comunidad educativa, los padres han hecho planteamientos de algunas alternativas para finalizar el año escolar. No ha sido la única vez, ni la primera ni la última en que se opte por guías o módulos. Es una forma dentro de las alternativas. Todo va a depender de cómo termine la crisis y a qué acuerdos se llegue.

Si hablamos de extender el calendario escolar hasta enero tenemos pendiente los estudiantes que tienen que entrar a la universidad y aquellos en recuperación. Por eso no es tan fácil dar una respuesta determinante para decir que sí se va a trabajar en enero, porque hay que pensar en esos tiempos, para que los estudiantes no se queden rezagados y puedan pasar de año.

El acuerdo al que se había llegado era que el nuevo instrumento de evaluación no solo se hiciera al docente. Sino que sea aplicado hacia arriba, no solo implicara a los docentes y directores de planteles, sino a los directores regionales, a los nacionales y al propio ministro.

Es una evaluación administrativa, la toma de decisiones, la parte de ejecución y cómo se ejecuta el presupuesto, como se maneja el recurso humano. Eso no se quiso trabajar. Hay países que han avanzado en esa vía, por ejemplo, el problema es que aquí no se quiso avanzar en eso y se restringió el nuevo instrumento a tres actores. El proyecto está ahí, no sabemos en qué punto, no se ha avanzado pero la evaluación debe ser institucional y no se puede considerar de esta forma si se ha avanzado a medias. Hay que retomarlo.

Empezar por un modelo educativo. Tenemos que definirlo, porque si no lo hacemos la crisis va a continuar. Ese modelo tiene que corresponder con el modelo económico del país, que debe revisarse. No podemos seguir con actividades que ponen en peligro el ambiente. Panamá tiene 25% de sus tierras disponibles para actividades agrícolas. Si se revisa el modelo económico y digamos que se va hacia el agro y agroturismo podrían ofrecer una entrada económica al país.

Se ha querido estigmatizar, por eso le hablo de eso. Hay grupos que se dice que quieren tomar el país, aquí no hay espacio para eso, ni para el comunismo.