“Nos estamos quedando atrás en la tipificación de delitos digitales”

A pesar de los avances en materia legislativa en temas de niñez y adolescencia, aún hay una deuda pendiente en la implementación y funcionamiento de la ley 285 que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. El 10 de mayo, Panamá sustentó un primer reporte ante el Comité de Derechos Humanos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) sobre los avances en la materia. No obstante, los señalamientos de los expertos apuntan a una ausencia en la legislación panameña en delitos digitales de los que está siendo víctima esta población. Crímenes como grooming, aún no tipificado en la legislación, la prostitución infantil, la pornografía y extorsión forman parte de las tareas pendientes. Marina Pérez de Alianza por la Niñez y la Adolescencia, pone bajo la lupa los desafíos que enfrentará la siguiente administración gubernamental.

Ha quedado en relevancia que Panamá ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990 y por ende asumió obligaciones a cumplir en la materia en estándares internacionales. Este Comité de Derechos del Niño se reúne cada cinco años para examinar y emitir observaciones a los Estados en cómo van con el cumplimiento de estos estándares. Hemos podido analizar algunos avances presentados por el Estado, como la creación de la ley 285 de 2022 que crea el sistema de protección y garantías de Niñez y Adolescencia que marca un antes y un después en el país. Estamos entusiasmados desde la sociedad civil sobre lo que debe ocurrir a raíz de este paso. Sin embargo, también el Comité ha expresado su preocupación en referencia a temas pendientes. Por ejemplo, la falta de legislación concreta en torno al grooming y la violencia digital, que estamos viendo todos los días y lo está reportando la sociedad civil. En este sentido, no contamos con un marco legislativo regulatorio que sea suficientemente robusto que brinde protección a la Niñez y Adolescencia que pueda estar sufriendo de este tipo de delitos. Eso y otros temas relacionados al flujo de niñez migrante a través de Darién, que se estima que de las casi 600 mil personas que cruzaron en 2023, más de 100 mil eran menores de 18 años. Esto es preocupante porque la niñez sufre de acuerdo a su ciclo de edad y la situación de vulnerabilidad en que se encuentre, puede sufrir diferentes maltratos, violencia, traumas, y necesitan un acompañamiento específico.

Nosotros reconocemos que el Estado está dando pasos significativos para la implementación de la ley, y también somos conscientes que los cambios no se ven de la noche a la mañana. Esta ley tiene importancia porque tradicionalmente hemos tratado a la niñez como objetos de protección, pero con la nueva legislación brinda la oportunidad de mirarlos como sujetos de derechos. Esto implica un cambio en el paradigma, la forma de actuar, legislar, crear planes y políticas para poner a la niñez en el centro. Para que todo el aparato estatal cambie, entendiendo también el principio de cooperación con la comunidad internacional, las oeneges, el gobierno a través de los poderes, los gobiernos locales y las familias. Todos debemos trabajar y cambiar el paradigma de cómo tratamos la niñez y adolescencia. No se ha implementado al 100%, será un proceso largo y tomará bastantes años en instalarlo.

Para nosotros, desde Aliados por la Niñez y Adolescencia, compuestos por más de 27 organizaciones, determinamos después de un amplio consenso que existen cinco puntos prioritarios que estamos tratando de abordar ante el perfil del país. Estos puntos consisten en la implementación de la ley 285, porque permitirá crear prevención, atención e identificación de riesgos tempranos para evitar la violación de derechos. Segundo, la educación de calidad. La pandemia nos ha dejado una lección importante, dejó a la niñez en vulnerabilidad. Lo que apostemos hoy en la niñez serán los resultados que vamos a tener en 15 o 20 años. Es una inversión. También debemos recordar que hay más de 100 mil niños y adolescentes que están fuera del sistema escolar y su vulnerabilidad se amplifica porque tiene más probabilidades de entrar en conflictos con la ley, mendicidad, caer en redes de trata de personas, pandillerismo, hay que atender esa población y reinsertar al sistema educativo y apoyar a sus familias. El otro tema es salud integral, acceso al agua, alimentación, derecho a un medio ambiente sano para que desarrollen todo su potencial, también el tema de salud mental es fundamental. No solo es un fenómeno en Panamá, sino en el mundo, vemos una alta incidencia de suicidios en adolescentes.

Desde las organizaciones de la sociedad civil vemos con preocupación la falta de medidas preventivas en suicidios o atender chicos que padecen de depresión o algún problema de salud mental. También vemos que no hay un sitio donde ellos puedan acudir, deben ir a urgencias de un hospital a ver si los admiten, con todo lo que lleva las deficiencias del sistema de salud. No vemos un centro que pueda atender este tipo de problemas, que ofrezcan programas de recuperación.

Creo que el Instituto hace lo que puede, pero podría hacer mucho más si lo dotan de recursos suficientes para atender.

Ahí tendríamos que ver cada caso, sabemos por los casos que nos llegan a la oficina que hay un trastorno mental que hay que atender, pero a veces hay consecuencias por cosas que les pasan que no tienen la posibilidad de expresar o ser atendidos, temas como violencia sexual, violaciones en casos de familia o el entorno cercano. Cosas que no se le puede dar un tratamiento porque el chico no lo verbaliza, no lo puede hablar por temor o vergüenza.

Yo separaría ahí las cosas. Cuando entra el Ministerio Público a investigar es porque ya se comete un delito. Entonces estamos llegando tarde a ese problema. ¿Qué estamos haciendo en la etapa previa para que no ocurra? Me atrevo a decir que hay algunos esfuerzos legales y de entidades como Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de Delitos de Explotación Sexual, pero también es cierto que nos estamos quedando atrás en la tipificación de delitos como el grooming o de otros delitos digitales. Sabemos que los jóvenes se mueven en el mundo digital y tenemos que protegerlos ahí porque por lo general estos acosadores son anónimos. Como padres no sabemos quién habla con nuestros hijos cuando se conectan a un vídeo juego, no sabemos si es un joven de 14 años o un adulto de 40 que está esperando el momento para ver cómo lo capta. Tenemos que prestar atención a esto. Hay esfuerzos en otros países que pueden servir de guía, analizar las falencias de la legislación y crear una ley.

Yo entré a la página del Ministerio Público en la sección de estadísticas, pero no existe el delito tipificado, eso no significa que no ocurra. Si empiezas a buscar en Google, ves noticias del Ministerio Público tratando de prevenir estos delitos.

Hay de todo. Es un mundo amplio que a nuestra generación le cuesta entender. En el tema de grooming (toda acción en que un mayor de edad se gana la confianza de un menor de edad con fines sexuales), por ejemplo, sabemos que hay una captación de ese chico y puede pasar con un maestro, un entrenador, que le pide que le mande imágenes y luego lo chantajea. Le dice que se lo va a mandar a sus padres si se niega a tener relaciones con él, o asuntos similares.

Hay que hablar mucho con nuestros hijos. Debemos hacer el esfuerzo de saber lo que está pasando y tener conversaciones abiertas con nuestros hijos. Es importante que no nos tengan miedo para contar, porque pueden pensar que si los padres se enteran de que mandó una foto sin ropa los van a regañar. Rescato la responsabilidad que necesita la familia para poder abordar estos temas. También están las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales, comunidades, todos debemos hacer un abordaje multisectorial para abordar estos temas.

Sí. La sociedad civil ha visto que existen estas situaciones y es preocupante porque lo hemos visto en la provincia de Bocas del Toro, por ejemplo. Generalmente ocurre en perfiles de alta vulnerabilidad, en jóvenes y niñas, un fenómeno que también afecta a los varones aunque hay una mayor incidencia en niñas. Usualmente la explotación sexual comercial, que incluye temas de pornografía infantil, puede ser desde imágenes, tener relaciones sexuales con un adulto a cambio de comida, gastos del hogar, unas zapatillas. Lo más triste es que hay familias que son cómplices de esto, autoridades locales que participan y lo que notamos es una especie de mirar a otro lado por parte de las autoridades en las provincias. Como que no se enteran, no quieren saber, o arguyen que es por voluntad de las chicas. No se dimensiona la gravedad del asunto de un menor de edad víctima de la explotación sexual.

Cualquiera puede ser cómplice. Hemos dictado charlas de explotación sexual a unidades de la Policía y notamos que no tenían conocimiento de lo que hablábamos. Las oenegés reportan complicidad de autoridades locales.

Creo que el tema de Darién es muy complejo. Queda en evidencia que no tenemos la capacidad para atender este volumen de personas en movilidad, se reconocen los esfuerzos del Estado con apoyo de la comunidad internacional en brindar asistencia humanitaria a las personas. Pero sobrepasa nuestras capacidades. De los 100 mil menores de edad que transitaron por el Darién el año pasado, 3,500 eran menores no acompañados o separados de sus padres. Están expuestos a muchos temas durante el camino, deshidratación, naufragio, cansancio, alimentación, y víctimas de redes de traficantes.

Esto también los expone y aquí debo hacer una diferenciación sobre la violencia sexual que afecta tanto a mujeres y hombres, aunque de mayor incidencia a mujeres y niñas de violencia sexual en el camino. Se detectaron unas mil mujeres embarazadas en el camino el año pasado, a saber cuántas más habría y por qué o cuándo quedaron embarazadas. Hay que indagar qué está pasando. Algo que vemos es que no hay una suficiente respuesta institucional, falta personal capacitado para atender esto. Las mismas víctimas ignoran que es una emergencia de salud que hay que atender en el momento, tienen temor a denunciar, y si denuncian tienen temor a represalias o que las separen de su grupo. El acceso a la justicia es complicado muchas veces, no hay personal femenino que pueda hacer una entrevista. A lo mejor tome la denuncia, pero hacen falta psicólogos, psiquiatras o un equipo interdisciplinario que pueda ayudar dependiendo el género y la edad de la víctima.

La niñez en movilidad está sufriendo estas cosas, pero también las niñez en las comunidades de acogida están teniendo un impacto que no hemos podido evaluar. Las comunidades de recepción, por estar en áreas rurales no tienen los servicios básicos para ellos mismos y menos para los que vienen. Imagínese cómo eso sobrepasa y cómo impacta en la niñez con su cultura e identidad.

Es importante preguntarnos eso. ¿Por qué una adolescente queda embarazada?, ¿qué pasa en su entorno?, ¿quién la embarazó?, ¿un adulto?, ¿alguien de su edad?, ¿un familiar?. ¿Cómo la estamos desprotegiendo que producto de eso queda embarazada?. La apuesta es preventiva y creo que necesita más peso el tema de salud sexual y reproductiva. Tenemos unas guías que se están implementando en el país, aún no con todos los docentes ni en todas las escuelas. Hay organizaciones de la sociedad civil que han manifestado que esas guías no son suficientes y que repiten estereotipos de género que no ayudan en el tema. No estamos hablando con los varones de qué pasa si embarazan a una adolescente y qué está pasando en el ámbito familiar. En muchas ocasiones pensamos que la familia es el primer entorno de protección, pero irónicamente muchos casos ocurren en la familia.