Eduardo Leblanc:'Con el respeto que merecen los magistrados de la CIDH, es imposible vacunar a los emigrantes en Panamá'

El flujo incesante de emigrantes por Panamá y la región centroamericana hacia Estados Unidos, se ha convertido en un verdadero reto para el país. El primero es saber quiénes cruzan la peligrosa selva de Darién para identificar a posibles criminales, luego enterarse de cuántos de los que salieron de Capurganá, Colombia, llegan a Panamá, y finalmente trasladarlos de forma segura a la siguiente frontera, Costa Rica, para que continúen su viaje hacia Estados Unidos. Pero a pesar del esfuerzo, riesgos y costos que implica esta logística, a Panamá se le suma que debe garantizar los servicios de salud para los viajeros, tal como lo ordenó la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Vélez Loor-Panamá. Eso se traduce en garantizar el programa de vacunación sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio. Resolución que, para Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, es una tarea imposible porque implica una logística muy complicada. Recientemente Panamá y Colombia convinieron que mientras dure la crisis en la frontera, el istmo recibirá hasta 650 emigrantes por día y no 1,500 o 2 mil por día como ocurrió previamente. Este año han pasado 55 mil emigrantes irregulares de Haití, Cuba, Asia y África, una cifra que puede ser cinco veces más alta en comparación con el tránsito que recibió Panamá en otros años.

El tema de la vacunación no fue tratado en la reunión. Es un tema entre Panamá y la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a través de unas medidas precautorias que puso la CIDH por el caso Vélez Loor-Panamá. En este caso yo creo que en la práctica es casi imposible vacunar a los emigrantes por varias razones: uno, porque Panamá no tiene la infraestructura para llegar de forma rápida y constante a esas zonas. Aunque la tuviéramos, por la forma de la emigración es imposible. Por ejemplo, hay que hacer un censo, la población se mueve por canoas, y hay que transportar la vacuna por horas para buscar a la población que tal vez cuando arriban las vacunas estas personas ya se movieron de lugar. Con todo el respeto de los jueces de la CIDH, yo como persona, no creo que esta sea una medida realizable por ningún Estado de los que sirven al flujo migratorio.

Es casi cero, primero porque al emigrante no lo ves en las calles de la ciudad o en las barriadas, o en las provincias. El emigrante no tiene contacto con la población, sigue su ruta hacia el norte. En el flujo controlado son transportados por migración hacia otro punto. Los que tienen síntomas van al campamento de Gualaca, lo que evita el riesgo.

Te voy a responder así: nosotros no mordemos duro, pero mordemos. Estas medidas provisionales que dictó la CIDH en el caso Vélez Loor vs Panamá, nos mencionaron no menos de 14 veces. Tal vez en el foro interno se desestima, pero los organismos internacionales nos escuchan, y ellos son los que a la vez le jalan las orejas a los gobiernos.

Uf, sí. Bajo Chiquito, por ejemplo, tiene una población de más de 200 personas, y a veces tiene 800. Pero hay que tener algo importante, ningún país de la región, ni Colombia, Ecuador, o Centroamérica tiene la capacidad de recibirlos. Lo que se quiere es que Colombia envíe el flujo controlado, no solo que proporcione información, sino que envíe el flujo controlado porque Panamá tiene un acuerdo no escrito con Costa Rica para que les fueran enviando unos 50 emigrantes en la época de pandemia cuando se decía que las fronteras estaban cerradas. Las fronteras nunca las van a poder cerrar, jamás. Son 227 kilómetros de selva, aunque pongas a alguien en cada kilómetro, no puedes hacer nada.

Panamá va a seguir en el mapa por la decisión de la CIDH que condenó a Panamá, y lo otro es que cuando llegan los emigrantes a Colombia hay vida, aquí no hay nada. A veces pienso, por qué no aprovechamos la oportunidad para convertirla a favor de la población panameña. La población receptora a veces se enoja, pero en muchas ocasiones vive de los emigrantes. El paso de emigrantes lo veo ordenado, he estado en los lugares de recepción en Panamá y debo decirlo. Panamá en 2018 firmó el Pacto Mundial para la Emigración que debe apoyar a las migraciones en el paso seguro, expedito y humano. Ese pacto que firmaron también 163 países nos dice que hay que poner el empeño para que pasen, el problema es que tenemos el tapón del Darién y donde llegan son zonas poco desarrolladas, lo que nos hace preguntarnos, ¿esto lo vamos a hacer por los emigrantes o por los panameños?

Yo creo que debemos solicitar recursos a las organizaciones internacionales y a los países que sean necesarios para apoyar a la población y a los emigrantes. Lo poquito que tenemos nosotros son $175 mil de presupuesto para estos asuntos y otros.

Luego de recibir la invitación del defensor del Pueblo de Colombia, nos reunimos los defensores de Ecuador, Costa Rica, migración de Colombia y el Instituto colombiano de Bienestar Social, bajo la observación de las organizaciones internacionales, y palpamos la gravedad del asunto, la cantidad de personas que llegan a Carpurganá, Colombia, y que van a cruzar por siete días el tapón de Darién panameño. Dentro de las observaciones a las que se llegó y que se comunicarán a los gobiernos respectivos están: el intercambio de información veraz y efectiva, coordinada y sostenida en el tiempo para conocer las personas que se encaminan a la selva y las que llegan. Es decir, que Colombia nos diga cuántas personas van y nosotros confirmemos el número de personas que llegan. Esto es por mandato del pacto Migración Segura que indica que no se deja a nadie atrás. Eso es importante detallar por edad, género, si hay mujeres embarazadas, para nosotros tener esas precauciones. Lo segundo que acordamos es mayor seguridad en la frontera en el paso en la medida de lo posible. Sabemos que son lugares inhóspitos, pero tenemos conocimiento de la comisión de delitos en la selva sin tener la seguridad, si se cometen dentro o fuera de nuestro territorio. Por eso se pide a ambas naciones. El otro tema es que migración y Panamá autoricen la apertura de la ruta, por ejemplo, en Puerto Obaldía. Una ruta que permite un paso más expedito por Darién sin tener que pasar siete días en la selva.

En ese punto la información en algún lado no se está cumpliendo con el acuerdo firmado entre ambas naciones en abril de 2021. Adicional, Colombia hace la biometría y dice que la manda a Panamá y, a su vez, este último dice que Colombia no le manda la información. Es parte de las conclusiones a las que vamos a llegar y las que vendrán con nuestras autoridades porque sus homólogos dicen que sí cumplen y en Panamá que no. Tenemos que llegar a ese acuerdo y también aplaudimos los acuerdos binacionales a que se lleguen en esta materia. Pero nosotros por razones humanitarias necesitamos que se pongan de acuerdo, porque al final esos son insumos que necesitamos.

Eso tiene que ser un tema conjunto, debe ser el ejército de Colombia y Senafront. Ambos tienen que asegurar el paso en sus naciones y meter más inteligencia para poder captar a los coyotes y combatir los crímenes que se dan en la selva. Nosotros tuvimos reportes que ocurren crímenes a siete horas de Capurganá, que todavía es dentro de Colombia, y también de aquí que indican que a horas de Bajo Chiquito, que es dentro de Panamá.

Recibimos quejas y en virtud de la información que recibimos por parte de emigrantes se coordinó con el procurador encargado, Javier Caraballo, e inmediatamente envió dos fiscales del área. En esa operación que se hizo se pudieron recabar más de 200 denuncias de posible comisión de delito. Se hizo una inspección en Metetí con los fiscales y esa fue la cantidad de denuncias que recogieron. Tengo que ser responsable en decir que muchos de los emigrantes caen en este tipo de situaciones para que el paso no les sea más tardío y prefieren callar para poder arribar a su destino. Nosotros pudimos palpar en Capurganá, por la vestimenta que tenían, y preguntamos a emigrantes si ellos sabían cuántos días de camino eran a Panamá, ninguno sabía. Ellos no sabían que les esperaban siete días de camino.

Detener el flujo es difícil. El ejercicio que hicimos a través de la invitación de la Defensoría de Colombia incluyó a Ecuador, países de la región centroamericana, pero la migración se da producto de la situación socio política de diferentes países. En el tema de los recursos, creo que tenemos que invertir en recursos pensando en la población y que además beneficie a los emigrantes. Es decir, en Bajo Chiquito no hay agua potable, electricidad, pero si no van los emigrantes, igual hay que llevar esos servicios a los pobladores. En Metetí no llega el agua potable, o la electricidad. No solo pensar en el tema de los emigrantes, sino en la población.

Tenemos a 1,238 familias con niños. Cuando arriesgan la vida en este paso van con niños. Tenemos alrededor de 69 niños en proceso de reunificación familiar en estos momentos. Es impresionante ver las caras de los niños en Capurganá, y después ver a esos niños con otra cara cuando llegan a Metetí, Darién. Hay caras tristes porque no conocen lo que viene. Las personas salen de sus países con niños en brazos. La cantidad de niños que han quedado varados en Panamá, la cifra la tiene la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf). En total hay 69 que están en proceso de verificación de la paternidad o maternidad del acompañante y de reunificación o regreso a su país.

Primero, que han ocurrido dos proyectos de ley en la Asamblea Nacional que se fusionaron e integraron en la ley integral de protección a la niñez. Participamos con comentarios en la ley y daremos seguimiento. De igual forma se activó el Consejo Nacional de Adolescencia y estamos participando. La Defensoría se preparó y activó el tema de niñez a través de la contratación de personal idóneo y estamos engrosando el tema.

Sí, ahí están creando un consejo multidisciplinario para atender estas necesidades. De hecho, pronto tenemos una reunión de coordinación. El Mides está capacitando a los directores de albergues. Sé que ha aumentado el personal de la Senniaf, pero no estoy enterado de los detalles.

Igual que nosotros, es importante que el Ejecutivo dote con el debido presupuesto a la Senniaf y otras instituciones como la nuestra. Igualmente hemos conversado con la ministra del Mides, quien ha suspendido el permiso de algunos albergues, y busca dar seguimiento a los fondos recaudados por los albergues, que tienen que informar al Mides en qué se gasta el dinero. El gobierno tiene que invertir en la niñez.

Siento que se puede hacer más. Tienen que ser más rápidas las adopciones y desinstitucionalizar a los niños.

Tres.

Evitar la institucionalización de los niños, los trámites de adopción deben ser más ágiles y debe haber intervención en los hogares y en las personas para evitar el abandono y que entren en albergues. Adicional, después de que pasan el trámite de adopción, tener un protocolo para reinsertarlos en la sociedad.

Nosotros no participamos en ese tema, sino Senniaf. Pero hace falta trabajar en el tema. En tema de albergues lo que la gente quiere saber es si el Ministerio Público ya llamó a declarar a las personas. Estamos involucrados en la revisión y ajuste de la norma. También se han reactivado algunos comités en los que formamos parte y se está haciendo una supervisión para ver las reglamentaciones. Igualmente hemos visitado varios albergues para verificar información de supuestos abusos, estamos en el tema preventivo. Pero nosotros somos fiscalizadores externos.