Raúl Pineda: 'Las personas no pueden seguir inhabilitadas para toda la vida'

Vestido con un jacket y una gorra en las que se lee el lema de su campaña, “una segunda oportunidad”, el diputado Raúl Pineda expone las razones que lo motivaron a presentar el anteproyecto de ley con el que pretende eliminar la pena accesoria de inhabilitación de funciones públicas para ciertos delitos que, enfatiza, no están relacionados con la administración pública. En el pasado, Pineda obtuvo una oportunidad de trabajo en una junta comunal luego de haber pasado dos años preso a raíz de una riña tumultuaria. Después trabajó como chofer del hoy alcalde de San Miguelito, Héctor Carrasquilla, y de ahí saltó a la curul legislativa del circuito 8-6. Al diputado le hace falta reforzar la propuesta con un estudio científico que relacione la pena accesoria con la reincidencia. Las cifras en las que recarga el proyecto son el alto porcentaje de reincidencia que refleja el sistema penitenciario. El estudio profundo permitirá encontrar las conductas en las cuales se podría estar promoviendo una injusticia.

Sin embargo, el momento en que el diputado presenta la iniciativa ha generado sospechas de si busca favorecer al expresidente Ricardo Martinelli, quien enfrenta un juicio por escuchas telefónicas ilegales y que de ser condenado le podría inhabilitar para las próximas elecciones presidenciales. Otro punto de discusión durante la entrevista es que Pineda insiste en que la inhabilitación de pena no aplica a aspirantes a un cargo público, situación que contradice la ley. El proyecto ha generado un debate sobre la importancia de las penas accesorias.

Por supuesto, estamos trabajando en una visión de segunda oportunidad para los delincuentes primarios y que quieran echar su familia hacia adelante, y que la sociedad no tenga nada que reprochar.

No, no, no, esto es un proyecto con el que estamos buscando una segunda oportunidad para aquellas personas que hayan cometido delitos simples, que no generen violencia, y están exentos de esta ley todos los delitos contra la administración pública, los que tienen que ver con violación. Estamos hablando de delitos que no generan violencia y para delincuentes primarios, para que una vez hayan culminado de pagar sus penas y hayan completado los años de prisión, tengan la oportunidad de trabajo. No tiene que ver nada con puestos de elección, porque para poder optar a los cargos de elección eso está en la Constitución.

¿Quieres que te dé un ejemplo de que eso no es así?

Ana Matilde Gómez es el mejor ejemplo.

Y fue diputada cinco años. Pero no es para puestos de elección, es para ser servidor público. Para trabajar en el Estado.

Eso sí es una buena pregunta. Hay 20 mil privados de libertad que hoy no pueden optar por un puesto de trabajo en un municipio, ni en una junta comunal o en una alcaldía o ningún puesto del gobierno porque hay inhabilitación de dos a cinco años. Lo que nosotros estamos buscando es que esas personas que hayan cometido un delito simple, si el Estado los necesita para trabajar puedan hacerlo.

Te lo acabo de decir, 20 mil personas.

El 60% que sale de la cárcel, vuelve. De ese porcentaje, el 82% vuelve en un periodo de dos años. ¿Desde cuándo no se hacen estas cifras? Desde 2016. Todos los estudios que estamos hablando son los últimos. En este momento hay 18 mil detenidos.

Por supuesto que tiene que ver; si una persona cae presa porque lo agarraron tumbando un árbol, o cogiendo unas iguanas y paga una pena, o por un hurto, y no le das una oportunidad de trabajo, lo estás obligando a que cometa otro delito.

¿Quién va a ser? Estamos hablando de que todos sean los empleadores. Pero si yo como Estado no le doy la oportunidad a esa persona que cumplió con una pena ante la sociedad, cómo le voy a decir a la empresa privada que lo contrate si yo como Estado no doy el ejemplo.

Te voy a aclarar varias cosas. Siento que estás de un lado de la balanza. Yo tengo un representante de Viento Frío que está preso hace ocho años en Colón y que aplicó para cargo público y acaba de correr para la junta comunal de Viento Frío y ganó.

Está preso.

Está preso. Te acabo de decir que está preso. Estando preso está inhabilitado para trabajar, pero no lo inhabilita para correr.

Está escrito en la Constitución, una ley no te puede dar un derecho. La Constitución te lo establece.

Te voy a decir los que no están.

Son 20, te voy a decir los que no están para que no haya problema. Los delitos que tienen que ver con violación no están, los que tienen que ver con la cosa pública no están; los delitos por los cuales están investigando a Ricardo Martinelli tampoco están, que es el artículo 167 y 168 no están en esta lista.

Aquí tengo la ley al frente, si quieres te los puedo enumerar, pero yo te estoy diciendo los que no están y que generan problema: el hurto, los delitos contra la libertad e integridad sexual, los delitos de corrupción, explotación sexual, crímenes atroces, contra la seguridad colectiva. Los delitos simples sí están.

No, no está.

Estás siendo subjetiva. ¿Tú estás segura de que los exconvictos no salen preparados?

Te voy a decir que este mes han entrado 500 privados de libertad al programa del Ministerio de Educación a secundaria y universidad. Cada día son más quienes optan por programas de estudio y de trabajo dentro del sistema penitenciario. Si dentro de ese grupo hay uno que pueda optar por un trabajo y le podemos dar esa oportunidad, entonces estamos haciendo las cosas bien.

Tenemos programada una reunión porque aquí hay mucho de eso. La ley dice que cuando hay un buen comportamiento puede optar por un permiso laboral y libertad condicional, pero nada de eso se cumple. Ni siquiera cumplimos con lo fundamental que es darles toallas sanitarias a las mujeres privadas de libertad. Aquí nadie se preocupa por llevar jabón a las detenidas, este diputado que está aquí, por doce años se ha preocupado por hacer actividades con las mujeres. Yo sé que es difícil entenderlo. Pero yo sé que nadie quiere saber porque nunca han sabido lo que es pararse a las 4:00 de la mañana a cocinar una comida, y formar una fila hasta las 12:00 de la tarde para entrar a la cárcel y en la entrada les tocan sus partes (producto de la revisión). Hasta ahora no hemos podido comprar unos escáneres para que revisen a los visitantes.

El 4,7% del producto interno bruto se gasta en ese problema, es un asunto de Estado. Hay más de 18 mil detenidos, lo que nos sitúa en el país que más detenidos per cápita tenemos en la región, porque la idea de justicia aquí es meter presa a la persona. Esto no es político, no es un proyecto que le da beneficio a Raúl Pineda. Lo que pasa es que los presos no les interesan a nadie, hablan de resocialización, pero no creen en ella, las personas no pueden seguir inhabilitadas por toda la vida.

Lo estamos haciendo. Uno de los principales problemas, y la herramienta más eficaz para esos programas es darle la oportunidad a los que pasaron por ahí. Pero si les cierras las puertas, aunque sea a uno, entonces para qué tenemos el programa. Ayer conversamos con el ministro de Seguridad (Juan Pino) y con el director de la Policía (John Dornheim) y va a haber un refuerzo adicional a los programas de prevención que habían sido suspendidos por la pandemia. Los próximos días el gobierno va a estar anunciando todos los programas de resocialización en Panamá, con las escuelas, universidades y fundaciones que trabajan dentro de los centros penitenciarios. Hoy hay 20 mil personas que cumplen su pena y un gran número sale preparado con carreras técnicas o como abogados, y hay que darles una oportunidad.

Hablamos de seguridad, de prevención, de fortalecer recursos para la prevención del delito, de segundas oportunidades que es el anteproyecto de ley que no está escrito en piedra. Este anteproyecto va a ir a una subcomisión que la dirige el diputado Juan Diego Vásquez, en la que están todos los diputados y que luego va a ir a la Presidencia de la República donde está la comisión codificadora. Hablé con la ministra de Gobierno que tiene iniciativas de ley precisamente dirigidas a una segunda oportunidad. Un espacio necesario para que se les permita a los muchachos estudiar y prepararse en la cárcel con el fin de que tengan una oportunidad.

¿Tú científicamente sabes de dónde necesitamos un trabajo los que salimos una vez de la cárcel?

¿Tú tienes un lugar?

¿Científicamente tú tienes eso en tu cabeza?

Ah, ¿entonces? Cuando yo salí de la cárcel alguien me dio la oportunidad, salí preparado y alguien me dio la oportunidad. Porque el primer lugar que yo tuve para trabajar cuando salí de la cárcel fue en una junta comunal. Y ahí empezó todo. No hay un lugar específico. Si alguien sale preparado de carpintero, ¿por qué no puede ir al Ministerio de Educación a reparar sillas?

Lo que pasa es que tú no sabes lo que es pararte temprano y tener tres hijos y no tener trabajo. Por eso es importante la resocialización. Si un representante de corregimiento te dice, tú sabes, que tu delito fue uno menor, yo te voy a dar la oportunidad de que trabajes conmigo en la junta comunal de conductor, como lo hizo Héctor Carrasquilla conmigo, y aquí estoy.

Pero, ¿por qué no puede trabajar en el Estado si ya cumplió con la sociedad? Es una segunda oportunidad.

Se ve que hace rato no pasas por la Asamblea. En estos días le pasamos $6 millones al Ministerio de Seguridad, precisamente para eso.

Esta Asamblea y este diputado han pedido públicamente que el presupuesto del Ministerio Público y el Órgano Judicial deben aprobarlo para poder combatir la delincuencia y lo hemos hecho. No les hemos negado un solo traslado a ambas instituciones, yo estando en la comisión de Presupuesto. En la pandemia, el Ministerio Público, y el Ministerio de Desarrollo Social recibieron muchísimos recursos, tal vez no los necesarios.

Nosotros no hacemos el presupuesto, eso se lo tienes que preguntar al presidente.

No puedes decir, pueden hacerlo, lo hemos hecho. En los dos presupuestos anteriores hemos recomendado el aumento del presupuesto del Ministerio Público y del Órgano Judicial, y a ambos se les ha dado.

Lo primero es que este es un anteproyecto que irá a una subcomisión donde están todas las iniciativas que tienen que ver con códigos y que lidera el diputado Juan Diego Vásquez, para que luego de la discusión en la subcomisión vaya a la comisión codificadora de la Presidencia y que podamos ver todas estas propuestas que se han hecho en la Asamblea. Con respecto a los derechos de las víctimas, está establecido en el Código Penal hasta dónde llega la víctima, y después de haber pagado las penas, si después hay que consultarle a la víctima si es posible hacer una audiencia para que le den una oportunidad de trabajo, lo escuchamos. Esto es para eso, para que discutamos en una mesa en el Colegio de Abogados y que no necesariamente dirija Raúl Pineda. Que lo vamos a dirigir todos, vamos a contribuir para que salga una herramienta para las personas que han cumplido su pena, que son primerizas, y que son delitos simples.

También vamos a trabajar en proyectos como los que existen en Colombia. Te doy un ejemplo, en el medio de la pandemia el gobierno le dio reactivación económica a todas las empresas, que consistía en que por cada persona que contratara la empresa, el gobierno pagaba el 30%. Ya hay incentivos fiscales en Colombia para la contratación de exprivados de libertad. Nosotros vamos a viajar a Colombia y vamos a visitar la Fundación Segunda Oportunidad para ver lo que ellos están haciendo bien y qué está funcionando. El 97% de los privados de libertad en ese país, o estudian o trabajan dentro de las cárceles. Eso lo vamos a lograr en Panamá. No es posible que el 60% de los detenidos regrese a la cárcel. Esta cifra está al doble de otros países de la región. El primer problema es porque no tienen oportunidad. Le aclaro que voy a Colombia con mis recursos y me voy a llevar un equipo de técnicos, psicólogos, psiquiatras, voy a invitar a Danilo Toro para traer una propuesta robusta de qué están haciendo en Colombia que nos puede funcionar aquí. Somos el único país que tiene esa pena, y todos los países del mundo están trabajando en eliminar esa pena. Hay varias tesis en la Universidad de Panamá, además te invito a que escuches al doctor Silvio Guerra, y a los profesores sobre la pena accesoria.