West Valdés se queja de la justicia

West Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, imputado en el caso de la Caja de Ahorro, publicó un escrito en las redes sociales en el que cuestiona la decisión de la juez decimocuarta Vilma Urieta, por haberle negado un cambio de medida cautelar.

En días pasados se realizó la audiencia por el caso de las irregularidades en el préstamo otorgado por la Caja de Ahorro ($30 millones) al consorcio encargado de la construcción del Centro de Convenciones de Amador. Parte del dinero, según la fiscalía, $3 millones se desviaron para salvar a la casa de valores de un desfalco.

West está en este caso porque Cristobal Salerno, uno de los prestamistas que entregó $5.2 millones para capitalizar a la casa de valores, declaró voluntariamente a la fiscal Tania Sterling que como pago de ese préstamo recibió como abono dos cheques a nombre de dos sociedades anónimas de su propiedad: uno por $850 mil, a favor de Ilkeston, y el segundo por $977,462.50, a nombre de Langton International Holding, Ltd.  Salerno dijo a la fiscal en octubre de 2017, que ese dinero se lo había “entregado el señor Manuel Morales (ejecutivo del consorcio)  indicándole que era un abono que le enviaba West Valdés”.

Esa es la declaración que vincula a Valdés en este caso. Es el único de los 16 imputados que no tiene medida cautelar, se encuentra detenido en el centro penitenciario El Renacer desde enero 2017. El reclamo de Valdés es que él no es un prófugo de la ley, como lo hace ver la fiscal.

Señala Valdés que en 2015 abrió su empresa en República Dominicana, lo que le obligaba a viajar cada mes a ese país. No obstante, su residencia permaneció en Panamá ya que no cuenta con otra nacionalidad. Fueron muchos viajes de ida y vuelta y permanecía en Panamá aproximadamente un mes si, un mes no. “En Octubre del 2016 mi abogado me pidió que me quedara hasta que se cumpliera el plazo de la investigación del Ministerio Público en este famoso caso. Mi abogado pensaba que me podían llamar”.  Pero la fiscalía no lo indagó, así que decidió volver a la isla. “En el mes de noviembre, estando en Santo Domingo, me entero que me pusieron una orden de conducción y mi abogado decide hablar con la Fiscal para decirle que no me encontraba en Panamá. La orden fue difundida después de haber terminado el tiempo de investigación”, alega el acusado. Añade que tres días después, la fiscalía cambió la orden de conducción por una de arresto y envía la vista fiscal al juez.

Valdés dice que su abogado se acercó a la Fiscalía para ponerlo a disposición de la fiscal, y que retirara la medida. “Ella se negó. Su excusa fue que ya eso no estaba en sus manos, sino en manos del juez, quedando yo en un limbo jurídico. Ahora les pregunto yo si consideran que estuve prófugo o no”, se pregunta Valdés.

Finaliza el imputado pidiendo que se haga justicia, no solo para una medida cautelar. Alega que es el “único detenido de 20 personas, pero que no tuvo que ver con el préstamo de la Caja de Ahorro, pues no conocía a los colaboradores o directores de esta entidad, como tampoco a ninguno de los que pidieron el préstamo”, concluye.

La fiscalía solicitó a la juez llamar a juicio a los 16 imputados en el caso, entre los que se cuentan los miembros de la Junta Directiva de la entidad bancaria, los integrantes del consorcio encargado de realizar la obra pero que pagó la totalidad del préstamo a la entidad bancaria.