La violencia mediática y el rol del Estado

Escribo este artículo como continuación del que se publicó hace dos semanas en esta misma columna. Hago referencia a la experiencia del Encuentro Nacional Feminista, que resumió los retos, retrocesos y desafíos en cuanto a los derechos de las mujeres, con motivo del Centenario del Primer Congreso en Panamá.

Diversas voces participaron, y quiero enfocarme en dos cuestiones abordadas: “Los medios de comunicación continúan ejerciendo violencia mediática contra las mujeres” y que “las autoridades siguen incumpliendo la legislación nacional en materia de género”.

Ante esto, no entremos en la culpa, sino en la responsabilidad. ¿Quién la tiene? Podría decirse que recae en el Estado, cuya responsabilidad es velar por el cumplimiento de la legislación vigente, tanto a nivel nacional como internacional, en relación con cualquier forma de violencia basada en género, independientemente de quién la cometa y dondequiera que ocurra. La ausencia de intervención del Estado podría dar lugar a la representación de las mujeres como objetos expuestos y dispuestos. Esto no lo digo solo yo; investigaciones previas en los campos de sociología, psicología y comunicación respaldan esta afirmación, y va más allá de la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es igual de importante centrarse en el discurso de los medios, como en otros actores mediáticos de diversos campos cuyas intervenciones a menudo no se cuestionan socialmente y también pueden ejercer violencia simbólica.

Recuerdo como si fuera ayer la celebración de la aprobación de esta ley 82 de 2013, junto a otras compañeras de Fundagénero. Allí se unieron personalidades políticas con orgullo por haberla aprobado. También tengo recuerdos de la desilusión por la demora en su reglamentación y, cuando finalmente se reglamentó con el Decreto Ejecutivo 100 de 2017, sentimos impotencia debido a la eliminación de competencias de entidades y la propuesta de crear la Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión, que habría estado facultada para llevar un registro de todos los medios de comunicación, incluyendo medios impresos y digitales con personería jurídica en el país, y para monitorear acciones discriminatorias, sexistas, estereotipadas o generadoras de violencia contra las mujeres.

Debido a esta reglamentación, surgen algunas preguntas una década después: ¿Qué entidades tienen la responsabilidad y competencia para prevenir y erradicar la violencia mediática? ¿Dónde y cómo se brinda orientación a las mujeres víctimas de violencia o discriminación en los medios de comunicación? ¿Cuáles son los resultados obtenidos de los programas de capacitación dirigidos a los medios de comunicación para hacer efectivas las disposiciones jurídicas destinadas a proteger a grupos en condiciones de vulnerabilidad en la sociedad? ¿Cuál es el mecanismo y procedimiento de observación y seguimiento de los contenidos y programas transmitidos en los medios de comunicación locales? ¿Cuándo se publicaron por última vez recomendaciones para prevenir la utilización de la mujer como objeto sexual, el lenguaje sexista o cualquier otra forma de violencia contra las mujeres a través de los medios de comunicación social? ¿Cuándo se llevó a cabo la última reunión de la junta de autorregulación de empresas de radiodifusión y televisión?

Desde la promulgación de la ley y en la actualidad, la iniciativa del Observatorio de Violencia Mediática ha sumado la colaboración de activistas feministas que comparten la necesidad de prevenir este tipo de violencia. Personalmente, desde que inicié este proyecto he sido reconocida en múltiples ocasiones por impulsar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, especialmente de esa que es más sutil, invisible y silenciosa. A menudo se le denomina la madre de todas las violencias, y confieso que abordarla puede ser complicado y que a veces no se le da la seriedad que merece. Reconozco que en parte esto sucede porque se prioriza la atención a la punta del iceberg: el femicidio.

Seguramente, dentro de 100 años la tecnología transformará aún más las formas de comunicación y las formas de violencia también evolucionarán. Intentaremos dejar un eco que perdure en el tiempo para que las feministas que nos sucedan no permitan retroceder en ningún derecho y planteen otras cuestiones y consignas para una sociedad más equitativa. Por ahora, nos mantenemos en la lucha para no aplazar estos temas, sino para buscar respuestas y exigir responsabilidad.

Este artículo busca fomentar un intercambio de opiniones respetuoso sobre la reducción de este tipo de violencia. A menudo, incluso los propios medios no pueden moderar el debate ni detener los ataques sin evidencia o basados en desinformación de género hacia sus protagonistas. Es importante destacar que, aunque las personas interactúen bajo seudónimos o cuentas ficticias, tienen plena responsabilidad por las posibles repercusiones legales de sus comentarios, y en ningún caso consideramos que esto pueda justificarse en nombre de la libertad de expresión.

La autora es comunicóloga y docente.