Víctimas de ‘pinchazos' apelan mientras denuncian ‘venta' de fallo

Los seis querellantes del caso ‘pinchazos' apelarán la sentencia 136-TJ-J proferida el pasado 26 de agosto en favor del expresidente Ricardo Martinelli, quien fue declarado no culpable de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública.

En medio de la presentación de recursos, Mitchell Doens, uno de los querellantes, dijo haber recibido ‘información de una fuente de entero crédito' en la mañana del 9 de agosto, día en que se dio el fallo, sobre el supuesto arreglo del fallo favorable a Martinelli ‘por $1.8 millones a través de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia'. Agregó que esta información se obtuvo de una embajada en el país y que después se ratificó en un almuerzo donde participaron al menos 10 embajadores más y un alto funcionario del gobierno.

Doens adelantó que en los próximos días presentará mayores elementos para que ‘el pueblo panameño se entere cómo se subastan fallos y sentencias y cómo participan algunos miembros del (Órgano Judicial) afectando la imagen de la justicia panameña'.

Recursos

Como estrategia jurídica para ‘agotar todos los mecanismos que logren revertir el fallo' y en vista de que cada querellante solo puede escoger uno de los dos recursos de apelación, el abogado de la parte querellante, Carlos Herrera Delgado, explicó que se dividieron en dos grupos de tres querellantes cada uno, para presentar paralelamente un recurso de anulación ante el Tribunal Supremo de Apelaciones —instancia superior al Tribunal del Juicio Oral que profirió la sentencia inicial—, y otro recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

‘Se manejaron cifras de $1.8 millones a través de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para que el fallo viniera como vino, en total desapego de la ley, favoreciendo a Martinelli',

MITCHELL DOENS

QUERELLANTE

El exalcalde y excandidato presidencial por el PRD, Juan Carlos Navarro; el periodista Rubén Polanco y el abogado Rosendo Rivera fueron por la anulación, mientras que Mauro Zúñiga y los perredistas Balbina Herrera y Mitchell Doens, recurrieron a la casación.

Como base de la casación van a plantear violaciones al debido proceso y la ‘errónea aplicación de la ley'. Herrera admite que el Tribunal de Juicio debió practicar todas las pruebas, ‘sin exclusión' porque ‘todas fueron admitidas'. Según los querellantes, el tribunal cometió infracciones al momento de declarar algunas pruebas como ‘ilegales' y cuando excluye en una de las primeras sesiones del juicio el documento que tenía todos los números de teléfono de las víctimas y que no tenían autorización de la Corte para ser interceptados, una prueba admitida y que no fue objetada en la fase intermedia. ‘Eso estaba vedado al tribunal de juicio', y por eso es que ‘en gran parte sustentan el fallo' no pudiendo comprobar el hecho porque excluyeron esa prueba.

Sidney Sittón, uno de los abogados de Martinelli, dijo escuetamente que estudiarán ‘esos recursos descafeinados'.

Fallo ‘con errores

‘Hay muchas cosas contradictorias, con errores, incluso ridículas', dijo a este medio el abogado Carlos Herrera, representante de Mauro Zúñiga en la querella.

‘La obra no termina hasta que canta la soprano mayor. Y como la que termina la ópera no ha cantado... Cuando aquella termine su presentación, entonces podemos decir que ha terminado la obra',

RICAURTE GONZÁLEZ

FISCAL DEL CASO

Una de esas contradicciones fue, según el jurista, que entre las cosas que más repitió el tribunal era que, a juicio de ellos, no se había podido establecer el seguimiento, pero sí reconocieron que Júbilo Graell, quien fue el testigo del Consejo de Seguridad que narró el seguimiento que realizó por supuesta orden de Martinelli, a Mauro Zúñiga, quien a su vez reconoció los mismos eventos.

Sin embargo, el Tribunal sustentó que no se pudo acreditar el hecho porque no se presentó una denuncia y no se estableció el domicilio del Dr. Zúñiga. ‘Es incomprensible. Él formalizó una querella y su domicilio está consagrado en todos los documentos del caso', dijo.

Ricaurte González, uno de los fiscales del caso, anunció que también presentarán un recurso de anulación. ‘La obra no termina hasta que canta la soprano mayor', espetó el fiscal, al tiempo que secundaba a la querella en que la exclusión de la prueba del listado telefónico por parte del Tribunal, impidió considerarla.