El vaivén de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la Covid-19

Un componente del aparentemente prometedor tratamiento contra la enfermedad Covid-19, incluía el uso de hidroxicloroquina. Pero la fórmula, que ya se utiliza para prevenir y tratar los ataques agudos de malaria, sufrió un revés en el camino de su estudio para el tratamiento de la Covid-19.

Se dispone de información limitada sobre el efecto del medicamento en pacientes con Covid-19, pero hay varios estudios clínicos en proceso e incluso hubo testimonios de su uso en el tratamiento por parte de médicos en distintos países.

A raíz de ello, la Agencia de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó una autorización de uso de emergencia para utilizar la hidroxicloroquina en adultos y niños por encima de los 50kg que estuviesen hospitalizados con Covid-19.

La hidroxicloroquina es un principio activo antimalárico o antipalúdico que se vende usualmente con nombres comerciales como Plaquenil, Axemal, Dolquine, Ilinol y Quensyl. También se utiliza para reducir la inflamación en la artritis reumatoide y el lupus.

El efecto del medicamento venía resonando tanto, que incluso presidentes como Donald Trump y Nayib Bukele confesaron tomar el medicamento para “prevenir” la enfermedad, es decir, sin haber sido diagnosticados.

Los estudios iban viento en popa hasta que un artículo publicado el pasado 22 de mayo en la prestigiosa –ahora objetada– revista científica británica The Lancet, cuestionara los efectos de la hidroxicloroquina en los pacientes hospitalizados. La muestra se basó en 96,032 pacientes que, según la publicación original, no mostraron ningún beneficio.

El estudio incluso apostilló un riesgo adicional: el de la arritmia, que podría causar la muerte. Otro estudio del mismo tenor se publicó en el New England Journal of Medicine.

Acto seguido, la Organización Mundial de la Salud suspendió los estudios y descartó su uso en los pacientes hospitalizados por el nuevo coronavirus. La avalancha de críticas al estudio se concentró en una carta firmada por 100 científicos que cuestionaron aspectos metodológicos y la integridad de los datos.

Entre los cuestionamientos de la comunidad científica internacional –recogidos en una carta abierta a Mehra, Desai, Ruschitzka y Patel, autores del artículo en The Lancet– están incluidos los hechos de que el estudio no reveló sus datos en fuente abierta, no hubo revisión ética, la negación de los autores en detallar los hospitales y países donde habían tomado las muestras y la inconsistencia de las cifras en Australia y África, entre otras cosas.

Los 100 científicos que rubricaron la nota pidieron a la empresa estadounidense Surgisphere –que brindó los datos para el estudio y que es propiedad de uno de los autores– el acceso a los mismos, algo que fue negado por el autor.

A días de la publicación, y tras la avalancha de críticas, tres de los cuatro autores de la publicación en The Lancet se retractaron, lacerando la credibilidad de la revista científica, poco cuestionada usualmente. Esto ocurrió el 5 de junio pasado.

The New England Journal of Medicine también se retractó de un estudio similar del mismo equipo de autores sobre el vínculo entre la mortalidad por Covid-19 y las enfermedades cardíacas. Y solo 10 días después de haber suspendido los estudios de hidroxicloroquina para el tratamiento de Covid-19, la OMS los retomó el pasado 3 de junio, dos días antes de la retractación de los autores y el mismo día que se publicó la investigación de The Guardian.

¿A quién beneficiaría el lapso en que se suspendieron los estudios? En un estudio clínico, un día puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Surgisphere es una pequeña empresa basada en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Una investigación del diario The Guardian reveló que la nómina de la empresa, propiedad de Sapan Desai –uno de los autores del estudio retractado– incluye a un escritor de ciencia ficción y una modelo para adultos.

Otras inconsistencias de la compañía que se preció de recabar datos médicos de 96,0000 pacientes en más de 600 hospitales en el mundo, tenía solo seis empleados listados en su perfil empresarial en la red LinkedIn, además de un rosario de conductas erráticas alrededor de la empresa y su fundador, quien además es mencionado en tres demandas por mala praxis médica.

La ciencia evoluciona, pero el episodio inédito con estas publicaciones, mostró el riesgo con el que resultados poco fundamentados lleguen a sitiales de influencia alta en la toma de decisiones y políticas de salud en el mundo.

El Minsa había adquirido lotes del medicamento para tratar a los pacientes hospitalizados en Panamá, cuyo saldo supera las 400 muertes. En Costa Rica la está fabricando una empresa local, que ya adelantó la producción de septiembre para suplir la demanda del fármaco, que se ha prescrito a 433 pacientes positivos en ese país.