Tribunal Superior de Chiriquí suspende del cargo a juez por dos meses, por retener por 10 años un expediente civil

El Tribunal Superior de Chiriquí sancionó con dos meses de suspensión del cargo y sin derecho a salarios, al Juez Primero del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, Sergio Fernando González Herrera, por retrasar por 10 años la tramitación de un expediente civil que se mantenía archivado desde enero de 2010.

La denuncia disciplinaria contra el Juez Sergio González fue presentada por Leonel Ernestro Sanjur, quien actúa como administrador judicial en una medida cautelar.

Sanjur denunció a González por la comisión de actos contrarios a la ética y la transparencia en la tramitación de la actuación que contiene el proceso interpuesto por Fundación Posse y Ana Victoria Posse Martins contra Carinthia S.A. y Luis Alejandro Posse Martins.

Según expuso el denunciante, el referido proceso civil está cerrado desde el 26 de enero de 2010 y a la fecha (de la presentación de esta denuncia disciplinatria), diez años después es que viene a darse el levantamiento del secuesto, resaltando que durante el periodo que ha estado a cargo de la administración ha presentado a consideración del juez denunciado, por lo menos 123 informes en los que comunicó a este la seria situación de liquidez de la empresa secuestrada.

Señaló el denunciante que luego del cierre del expediente reiteró al Juez Primero del Circuito de Chiriquí Ramo Civil, que no estaba recibiendo los honorarios correspondientes y que persistían los problemas de liquidez de la sociedad, bajo su administracion; sin embargo, manifestó que dicho juzgador no realizó acción alguna.

El denuciante agregó que los Juzgados Cuarto y Quinto del Circuito de Panamá, Ramo Civil, remitieron oficios al Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, requiriendo poner a disposición de esos tribunales los bienes secuestrados en el proceso, una vez levantada esa medida cautelar "y esa situación no se hizo", omisión asegura, ocasionó que se agravara aún más la administración y la liquidez de la empresa cuya administración judicial le ha sido confiada.

En el análisis de la denuncia disciplinaria, el pleno del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial determinó que "la conducta denunciada se enmarca dentro de la causal 4 del artículo 191 de la Ley 53 de 2015 que dispone que incurren en faltas graves los servidores judiciales que "4. Retrasen injustificadamente la tramitación de los asuntos que conozcan, siempre que se compruebe esta falta".

El Tribunal consideró que lejos de considerar la complejidad del caso para atemporar la responsabilidad del servidor judicial acusado, "consideramos que la alta cuantía de bienes secuestrados debió dar una alerta en el juzgador para actuar con una mayor diligencia en la medida cautelar, si en el expediente principal se había ordenado la indmisisón de la demanda".

Tras el análisis del caso, el Tribunal determinó que el juez denunciado hizo caso omiso a las reglas generales y principios que regulan el procedimiento civil, y que se encuentran recogidos en los artículos 465, 466 y 468 del Código Judicial.

"Y es que no existió un impulso oficioso adecuado por parte del Juez Primero en lo relativo al secuestro decretado por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá que le fuera comunicado en el año 2011 y que en el Auto 142 hizo referencia a que no podía esperar más dicha contestación y procedió entonces a decretar el levantanmeinto del secuestro decretado".

En virtud de las consideraciones vertidas, el pleno del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial decretó la suspensión de labores sin salario por el término de dos meses al Juez Sergio González. Este presentó una reconsideración de la sentencia.

El Juez González también mantiene una denuncia penal por este caso ante el Ministerio Público, presentada también por Leonel E. Sanjur A.

En la denuncia se le solicita al Ministerio Publico que investigue la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y delitos contra los servidores públicos.

Según el denunciante, a los largo de los diez años, el juez no decidía nada sobre este caso, pese a las innumerables solicitudes de impulso procesal que se le presentaban.