Tribunal ordena anular sentencia contra exalcalde Bosco Vallarino

Los tres magistrados que integran el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá declararon la nulidad de la sentencia condenatoria contra el exalcalde de Panamá Bosco Ricardo Vallarino, por lo que “debe realizarse una nueva sentencia”.

Vallarino fue sentenciado el pasado 15 de junio a 12 años de prisión por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Además, al exfuncionario se le impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término que la pena de prisión.

En la sentencia del tribunal se dejó claro que “no hay peligro de prescripción” y que se debe corregir la sentencia, respetando el debido proceso establecido en el Código Judicial.

La decisión del tribunal, integrado por los magistrados José Hoo Justiniani, Eyda Amarilis Juárez y Manuel Mata Avendaño, señala que “con base en argumentos inferidos en los escritos de apelación que, en la sentencia condenatoria, en la parte motiva denominada de fundamentos jurídicos, se emplearon elementos que no son inherentes del presente proceso penal, como lo son otros contratos de los cuales se abrieron otras causas”.

De acuerdo con el tribunal, se violentó de manera directa el artículo No. 2409 del Código Judicial, el cual señala que “la sentencia no podrá recaer sino sobre los cargos por los que ha declarado con lugar a seguimiento de causa, salvo lo dispuesto en el artículo No. 2383”.

Tras la decisión de los tres magistrados el proceso seguido a Vallarino y a otros dos exfuncionarios debe devolverse al Juzgado Primero Liquidador a fin de subsanar las pretermisiones indicadas en la presente resolución.

Por este caso, también fueron condenados Luis Marcelino Stanziola y Noris Raquel Castañedas Rodríguez, a la pena de tres años de prisión por el delito de peculado culposo.

Stanziola y Castañedas realizaban la labor de fiscalizadores de la Contraloría General de la República en la época que se malversaron los fondos.

En este caso la malversación de fondos públicos supera el cuarto de millón de dólares y está relacionado con la adjudicación de dos contratos a las empresas Juelpa, S. A. y Consultoría y Asesoría de Panamá, S. A., recordó la Procuraduría General en un comunicado.