Un trato sujeto a estrictas condiciones y compromisos

PANAMÁ. Hay dos anclas pesadas en el acuerdo recién pactado entre Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Una es el cronograma de las obras, especialmente de la entrega de las compuertas; y la segunda, los plazos de repago de los adelantos que alcanzan $784 millones.

Si en la primera surge un incumplimiento, entonces la estela de consecuencias afecta al resto de la obra con el riesgo de que a la ACP se le ocurra aplicar al consorcio la rescisión del contrato.

El pacto por ahora es un entendimiento hablado. Los abogados de cada lado están terminando de pulir los textos para plasmarlos en blanco y negro, y el próximo jueves podría ser firmado por las partes.

Una fuente conocedora del tema manifestó que para llegar al festejo parcial de entendimiento contribuyó mucho la presencia del ministro del Canal, Roberto Roy, quien ayudó a flexibilizar un poco las camisas de fuerza que se ajustaban a fechas muy precisas, y que en caso de incumplimiento, se atendrían a consecuencias igual de estrictas.

Por ejemplo, un punto que varaba el diálogo era que las compuertas debían estar en tierra istmeña en determinada fecha. Ahora lo que se ha propuesto más bien es la fecha exacta de partida y con excepciones de atraso muy específicas: mal tiempo u otras situaciones fortuitas, pero no, por ejemplo, por un secuestro judicial.

En cuanto al calendario de finalización de las obras que debieran estar listas para diciembre de 2015, se otorgaron ciertos márgenes de 30 o 60 días para acomodar el tiempo, y que la penalización no sea tan grave. Sobre la extensión del plazo de repago de los anticipos se pactó que si se retrasan un día, el plazo no sea anticipado en su totalidad.

LETRA MENUDA

Las partes acordaron un cronograma de pagos a subcontratistas y proveedores. Pero el componente que parece un trofeo para la ACP es que logró echar ojo a los dineros; es decir, que tendrán derecho de auditar los pagos y el destino de los fondos que se inyecten al proyecto. La moratoria de repagos se extenderá, por tanto, hasta el año 2018. Pero tendrá un amarre con el cumplimiento de hitos y condiciones específicas.

Cada parte aportará un monto de 100 millones de dólares, y en unas semanas GUPC podrá obtener los dineros de la afianzadora. Esto puede tomar un par de meses. Sin embargo, el viernes deben estar disponibles los 100 millones de dólares (como adelanto del monto total) que se comprometió a desembolsar la ACP para que GUPC disponga de ellos.

Jorge Quijano, administrador de la ACP, reconoció algo que antes había callado: ‘es cierto que el contratista se estaba quedando sin fondos para continuar con la obra’. Por eso la necesidad del jump start con la fórmula de 100 (ACP) + 100 (GUPC) y moratoria inmediata para permitir que la obra tenga la inyección necesaria.

La idea era salir lo menos golpeados de este oleaje, razón por la que se intercambió lo que pudiese haber sido una fianza en el momento de terminar la obra o rescindir el contrato, por su equivalente inyectando directamente al proyecto y no necesariamente cobrarlo a la espera de que la afianzadora encontrara un sustento en la decisión de ACP de rescindir el contrato.

La fianza de cumplimiento o performance bond por $400 millones solo podrá ser liberada por Zurich (la afianzadora) para incorporar el monto a un fideicomiso que permita completar la obra y que será supervisado por la ACP. La vigilancia era un remolino que mantenía a las partes en un laberinto sin salida ante la negativa de GUPC de que la ACP supervisara el uso de los fondos.

En nada se ha variado el contrato ni los pagos extraordinarios que buscaba GUPC en concepto de sobrecostos. Más bien es una fórmula que establece ‘que si ellos (GUPC) se fueran más allá del 2015 comienza a pegársele al tiempo de recobro. Si llegan a cumplir con el 2014 las compuertas, y la entrega del proyecto en 2015 tienen la capacidad de conseguir (la moratoria) por tres años más —tiempo en que entra en vigencia el mantenimiento por parte de GUPC a las esclusas—’, dijo Quijano.

En enero de 2016 entra en funcionamiento la obra, y el contrato establece tres años de mantenimiento a un costo de $39.2 millones por año, de ahí que se cuadran los términos de la moratoria. El riesgo para GUPC es que en caso de incumplimiento se reducirían esos tiempos.

LAS COMPUERTAS

Las recientes conversaciones se centraron en la entrega de las compuertas, parte esencial de la ampliación.

Quijano indicó que el ‘contratista se compromete a entregar las compuertas a más tardar en diciembre de 2014 a través de tres envíos escalonados’.

Quijano no se mostró preocupado en que sea el mismo buque ‘Sunrise’ el que transporte las estructuras, a pesar de que la empresa quedó en manos de la banca por falta de liquidez.

Cuatro de las compuertas están listas para ser embarcadas, otras cuatro en cuestión de días deben estar concluidas, dos más están en un 75%, y las últimas dos empiezan a armarse y se entregarán en julio para llegar a puerto panameño en diciembre de este año.

Antes se deberá recontratar al buque y ajustarlo para el trayecto, cosa que Quijano considera ocurrirá en junio próximo, aunque no será hasta julio cuando zarpe. El viaje redondo puerto Trieste Italia-Panamá toma alrededor de 77 días.

En realidad ésta puede considerarse como la primera prueba de fuego del contratista para evitar consecuencias financieras que provoquen tempestades en contra de las compañías que conforman el consorcio.

Si sufren un retraso fuera de lo pactado, tomando en cuenta las nuevas condiciones, a la ACP no le temblará la mano para rescindir el contrato. Eso se traduciría en ‘un impacto enorme en la viabilidad de esas empresas por el significado mundial del proyecto, y por otra parte, si nosotros jalamos las cartas de crédito a las empresas les pega en su capacidad de terminar otros proyectos en el mundo’.

Todo está interconectado y eso lo sabe Sacyr, que ha explicado el impacto que ha tenido el Canal en sus finanzas. En el 2013 la española dejó de percibir casi 500 millones de euros que definió como ‘impactos excepcionales’; ‘sin tener en cuenta esto, el resultado neto del grupo en 2013 hubiera sido de 103 millones de euros positivos con un ebitda de 585 millones de euros’. Ello ‘obliga’ al contratista a cumplir con lo establecido, pues es muy difícil que una empresa aguante un golpe de €500 millones.

POR CONCLUIR

La ventaja es que ya falta poco. Lo que queda por delante es menos concreto y más electromecánico, trabajo que estará en manos de un subcontratista. Quijano, no obstante, aún tiene en la memoria una alternativa en caso de que no funcionen las cosas como lo planeado; ‘estamos preparados para hacer frente a cualquier proceso que venga’.

Las cartas de crédito por casi $800 millones juegan a favor de la ACP. De ahora en adelante la relación será muy apegada a lo acordado, pocas desviaciones, y en caso de crisis ‘entonces nosotros maniobramos y terminamos la obra’.

Hasta hace unos días se vaciaron en el Pacífico 100 metros cúbicos y en el Atlántico, 800 metros cúbicos. En el transcurso de las dos semanas próximas se elevará la obra a producción total.

Ahora solo toca esperar que se cumpla con lo prometido.