Supuesto abuso a menor de edad desata protestas y llamados a la acción

Actualizado
  • 27/09/2023 00:00
Creado
  • 27/09/2023 00:00
El Ministerio Público detalló que diariamente se reciben aproximadamente 16 denuncias por supuestas violaciones y otros delitos sexuales, sumando un total de 3.937 denuncias hasta la fecha. Los delitos más denunciados son la violación y el acceso sexual a menores de 14 a 18 años
Se realizó una vigilia frente a la Asamblea para exigir respuestas.

Panamá enfrenta una preocupante tendencia al aumento en las denuncias de abuso sexual contra menores de edad.

Cada día el sistema de justicia registra un promedio de 16 denuncias de presuntas violaciones y otros delitos sexuales, según datos proporcionados por el Ministerio Público en su último informe, con fecha de cierre al 31 de agosto.

El informe detalla un total de 3.937 denuncias presentadas hasta la fecha.

Entre los delitos más comúnmente denunciados se encuentran la violación y el acceso sexual a menores de 14 a 18 años, que ocupan un lugar destacado en las fiscalías de todo el país.

Las denuncias de supuestas violaciones ascienden a 1.650 casos, siendo la provincia de Panamá la que presenta el mayor número de denuncias.

Por su parte, el delito de acceso sexual con menores de 14 a 18 años acumula 1.344 denuncias, con nuevamente la provincia de Panamá como la más afectada por esta problemática.

El último caso que ha generado una profunda indignación en la sociedad panameña es el supuesto abuso a una menor de edad que ocupaba el cargo de diputada juvenil en Panamá Oeste.

Como respuesta a este escandaloso suceso, estudiantes de todas las escuelas del país se unieron en protestas para exigir una investigación pronta y exhaustiva de este caso.

La estudiante menor de edad, junto con otros 141 jóvenes de todo el país, participó en la XVI Asamblea Juvenil 2023-2024. Este caso ha arrojado sombras sobre un evento significativo en la vida política y educativa del país.

Sin embargo, la denuncia no se presentó hasta el 12 de septiembre, días después de que estos jóvenes llegaran a la ciudad de Panamá el 9 de septiembre.

La fiscalía comunicó que este hecho se investigaba desde el 12 de septiembre que se presentó la denuncia. La fiscalía a través de sus redes sociales informó esa decisión, luego que el escándalos estallara en las redes sociales el domingo por la noche.

Un grupo de organizaciones integrado por colectivos feministas, mujeres autónomas y movimientos afines han alzado su voz para exigir justicia ante este posible caso de abuso sexual que habría afectado a una menor de 17 años durante el programa Asamblea Juvenil, organizado conjuntamente por la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación y el Tribunal Electoral.

En un comunicado conjunto han instado al Ministerio Público a actuar con celeridad y transparencia en la fase investigativa para garantizar el acceso a la justicia de la presunta víctima y su familia.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, junto con un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos y abogados brindó orientación a los padres de la diputada juvenil, quien es presuntamente víctima de agresión sexual, con el objetivo de informarles sobre los derechos de la adolescente.

La entidad se comprometió a velar por el debido proceso y el acceso a la justicia, poniendo un fuerte énfasis en el interés superior del niño, de acuerdo con lo establecido en la Ley 285, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Este caso ha generado una sólida reacción por parte de los partidos políticos en Panamá.

Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista han expresado su condena al abuso y han instado a llevar a cabo una investigación exhaustiva.

CD subrayó que la protección de los derechos y la seguridad de los menores es innegociable, y cualquier acción que atente contra su bienestar debe ser condenada y sancionada de manera ejemplar.

El Partido Panameñista enfatizó que el supuesto abuso no debe quedar impune y demandó justicia, destacando que el silencio cómplice de las autoridades refleja el fracaso del gobierno en la atención a las víctimas y a la sociedad en general.

Según el testimonio de la madre, la joven está actualmente hospitalizada, sin avances en el diagnóstico y totalmente inestable. Además, no se ha podido hablar con la menor.

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