Supremo de Brasil veta testimonios
de Odebrecht en juicio panameño

Ricardo Francolini y Juan Antonio Niño, imputados por el delito de blanqueo de capitales en el caso de sobornos Odebrecht acudieron al Tribunal Federal Supremo de Brasil para jugar la última carta a su favor antes de ser juzgados.

Solicitaron al magistrado José Antonio Dias Toffoli, integrante de dicho tribunal, que declare nulos los testimonios de once ejecutivos de Odebrecht que la Fiscalía Superior Anticorrupción había puesto en la lista para ser interrogados durante el juicio oral programado para el próximo 15 de julio, última y tercera fecha fijada por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales en primera instancia en la que debe dictar sobreseimientos o sentencias a los imputados, antes precedida por el aplazamiento de dos audiencias. Recientemente la magistrada solicitó la declaración testimonial de los ejecutivos en territorio brasileño a través de videollamada. La Fiscalía no quiso revelar a este diario los nombres de los ejecutivos que declararían en el juicio.

La petición de Niño y Francolini no se limita a los excolaboradores. También alcanza la inutilidad del contenido de los sistemas Drousys y MyWebDay, plataformas que emplearon los ejecutivos de la constructora para ocultar el pago de sobornos dirigidos a funcionarios, colectivos políticos, empresarios y otros, a cambio de jugosos proyectos de infraestructura que representaron cifras millonarias tanto para la empresa como para quienes los facilitaron.

Los abogados de Francolini y Niño se apoyaron en la decisión del propio Toffoli, quien concedió recientemente al expresidente de Perú, Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia, un recurso para evitar que los testimonios de los colaboradores de la constructora se emplearan en el juicio oral por supuesto lavado de dinero por el financiamiento de sus campañas electorales.

Ollanta, a su vez, basó sus argumentos en que los interrogatorios ya habían sido declarados “impresentables” por el Supremo, al igual que el contenido de los servidores encriptados Drousys y MyWebDay.

Dias Toffoli, en un fallo de 16 páginas concedió a Niño y Francolini su petición: “Hago lugar a las solicitudes en referencia y extiendo el plazo de la decisión dictada en la denuncia de declarar la falta de disponibilidad de las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y MyWebDay utilizados en el acuerdo de colaboración firmado por Odebrecht. También determino que sea remitida al Ministerio de Justicia copia de esta decisión declarando la inutilidad de la evidencia de los mencionados sistemas, información obtenida en los acuerdos de colaboración firmados por la empresa, así como la imposibilidad de practicar en territorio nacional actos de instrucción de estos elementos para que puedan ser remitidos al gobierno de Panamá a través del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional”.

Este diario no ha logrado confirmar si el Órgano Judicial fue notificado sobre la decisión de Brasil, pues no recibió respuesta a la consulta. No obstante, tanto los testimonios de los exejecutivos, así como el contenido de los servidores con montos de los sobornos y sus beneficiados, forman parte de las evidencias que pretendía ventilar la Fiscalía Superior Anticorrupción en la etapa del juicio.

Basados en las delaciones a las que este medio tuvo acceso, es muy probable que la fiscalía llamaría a declarar a André Rabello, jefe de la filial en Panamá quien conoció los rostros y montos que recibió cada político y funcionarios a cambio de hacerse de proyectos o agilizar el desarrollo de estos. Otros posibles entrevistados y cuyas delaciones planea emplear la Fiscalía durante el juicio son la de Hilberto Mascanrenhas, encargado de los libros secretos de la constructora (2006-2015) como responsable del Departamento de Operaciones Estructuradas (DEO). Esta división hizo pagos paralelos a través de una red de sociedades anónimas que pretendían esconder el rastro del dinero. En la lista de las delaciones también aparece la de Olivio Rodrigues, proveedor de servicios externos de la empresa (2006-2016), quien a través de las sociedades Constructora Internacional del Sur y Select Engineering, ejecutaba las órdenes del DOE para beneficiar con millones a funcionarios y políticos de Latinoamérica, incluido Panamá. Fernando Migliaccio, por su parte, también rindió declaración a la Fiscalía como responsable de hacer los pagos paralelos de la Caja 2. Migliaccio confesó que el 100% de los pagos efectuados por el DEO fueron ilegales y reveló a las autoridades de Brasil que en seis años realizó transacciones por más de $3,500 millones, una parte eran coimas directas y otra fue a campañas políticas.

En la lista de la Fiscalía podríamos encontrar a Luis Eduardo Da Rocha Soares, quien previamente firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. En su declaración, Rocha Soares admitió el pago a cuentas suministradas presuntamente por políticos que presuntamente se efectuaron durante 2011, 2012 y 2013. El exejecutivo mencionó varias sociedades anónimas que se usaron como canal para pagar coimas a políticos panameños.

La restricción dictada por Brasil complica el caso en Panamá porque limita la acción de la Fiscalía y “puede afectar el convencimiento de la juez que debe valorar las pruebas”, estimó Carlos Barsallo, expresidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional.

Barsallo explica que el expediente contiene las delaciones de los brasileños efectuadas antes de la prohibición y “podrá hacer uso de ellas”, a criterio de Barsallo. Posiblemente la Fiscalía va a argumentar que lo hecho es lícito, pero no podrá continuar con el interrogatorio a los excolaboradores de la brasileña por el veto de Toffoli, añadió Barsallo.

La decisión de Toffoli tiene fecha del 19 de diciembre pasado. La Fiscalía Superior Anticorrupción de Panamá aún no ha sido notificada al respecto por parte del Órgano Judicial, según conoció La Estrella de Panamá. No obstante, desde la Fiscalía argumentan que el impedimento no afectará el desempeño de los fiscales durante el juicio, puesto que cuentan con averiguaciones propias y en ningún momento se asemeja el caso al del expresidente peruano Ollanta Humala, porque la Fiscalía de Perú se “basó enteramente en las pruebas y testimonios emanados de Brasil que relataban pagos indebidos”.

A criterio de la fiscalía este nuevo ingrediente no afecta en nada el desarrollo del juicio o la contundencia de su teoría del caso. La razón es que cuando Panamá recibió la información de Brasil de forma ‘espontánea’ procedió a tomar declaraciones por videollamada a los colaboradores, quienes también respondieron cuestionarios en función de la situación de Panamá, diligencia efectuada bajo las normas panameñas validadas por el Órgano Judicial. Dice no sentirse preocupada por la consecuencia del dictamen de Toffoli en el juicio. “La Fiscalía no tiene incorporadas pruebas de Brasil, cuenta con más de 140 asistencias judiciales practicadas a Suiza, Perú, Andorra, España, Brasil, Portugal y Estados Unidos”, explican desde la Fiscalía Anticorrupción.

El tema sobre la invalidez de esas evidencias fue discutido en la audiencia preliminar de septiembre pasado. En ese momento, la Fiscalía indicó que sustentaba el caso gracias a la información colectada de la banca local que permitió establecer el esquema de sobornos. En ese momento, los abogados de Francolini y Niño tenían en mano decisión en firme del magistrado brasileño, que sin duda será materia de discusión en el próximo juicio, que por efecto dominó, beneficiaría al resto de los imputados, 36 en total, que incluyen a dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

En el texto de la petición, Niño y Francolini alegaron que los elementos utilizados como medio de prueba acusatoria en Panamá, que incluyeron las declaraciones de los directivos de Odebrecht, corresponden a la misma evidencia manipulada e ilegal que se presentó en Brasil dentro del acuerdo de colaboración efectuado con los directivos en el caso Lava Jato y que condicionó su participación en los países interesados en compartir la información directamente con las autoridades judiciales. A criterio de la defensa, la prueba testimonial reproducida en Brasil deriva de la falta de confiabilidad de la evidencia ya considerada. “Evidencia que se pretende emplear nuevamente en Panamá mediante el interrogatorio de testigos a través de la videoconferencia durante el juicio”, se lee en el documento. De permitirlo, “equivaldría a cooperar con la continuidad de un proceso penal basado en pruebas ilícitas, porque sin duda es inadecuado, como ya lo reconoció el Tribunal Supremo Federal de Brasil”, se lee en la solicitud al Tribunal que tuvo acceso La Estrella de Panamá.

A efectos argumentativos – continúa el texto – los testimonios previstos están directamente relacionados con el principal responsable de la creación y puesta en funcionamiento del DOE empleado por los ejecutivos en los sistemas Drousys y MyWebDay B, que el Tribunal ha declarado inútiles. En otras palabras, añade la defensa, equivaldría a permitir la audiencia de un testigo en Brasil para apoyar el proceso en curso en el exterior, “cuya principal prueba fue una confesión obtenida mediante la tortura y manipulación también practicadas en Brasil y cuya ilegalidad e inutilidad ya habían sido reconocidas por los tribunales brasileños que evidentemente está prohibido en cualquier legislación penal nacional o internacional”.

Los panameños establecen en la petición “que se prohíba todo acto derivado de los sistemas Drousys y MyWebDay y la participación de los exejecutivos brasileños en el juicio de 2024”. Hacerlo, añaden, “sería basar el juicio en evidencias declaradas ilícitas, lo que ofendería la dignidad y los derechos humanos”.

Por su parte, el magistrado brasileño justificó su posición en los actos previos a la solicitud, como una muestra de ser consecuente con las decisiones adoptadas por el juez Sergio Moro en el caso Lava Jato. La falta de confiabilidad de la evidencia cuestionada, fue confirmada en segunda y última instancia por un tribunal federal brasileño ante la comprobada contaminación del material probatorio recogido por el 13 Juzgado Federal de Curitiba.

Sobre los sistemas

MyWebDay B consistía en la versión del sistema informático contable de la empresa adoptado al uso exclusivo del DOE a través de las cuales fueron generadas y alimentadas de planillas para controlar los pagos indebidos que interesaban a Odebrecht.

El Drousys consistía en un entorno virtual confidencial orientado al almacenamiento de archivos y comunicación entre los miembros del DOE y entre éstos y los operadores financieros, cambistas y controladores de cuentas en el extranjero. El sistema permitía intercambiar mensajes instantáneos y correos electrónicos entre los integrantes sobre el pago de sobornos a personas con apodos que solo ellos conocían.