Salud no analiza la calidad del agua de los acueductos rurales

Antes de la contaminación con vinaza y atrazina del río La Villa, que trajo consigo una crisis en Azuero, los análisis del agua potable para detectar el herbicida en el agua de consumo humano eran esporádicos.

El último estudio, antes de la alarma en las provincias de Herrera y Los Santos, realizado por el Instituto Especializado de Análisis (IEA) de la Universidad de Panamá, es de hace dos décadas.

Para calmar a la población, las dependencias sanitarias monitorean ahora diariamente las aguas del cauce y dicen que su calidad está garantizada, en al menos estas dos provincias.

Pero la preocupación principal del personal del IEA, que colabora en la medición de la calidad del agua del río La Villa, no es la atrazina.

Existen otros contaminantes, agroquímicos y fertilizantes, que bajan hasta las fuentes subterráneas y contaminan los pozos y los acueductos rurales, ha advertido el IEA.

La Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Ministerio de Salud (Minsa) mantiene en su registro 2,725 acueductos rurales y 550 pozos.

Estas fuentes hídricas no reciben el tratamiento que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) les da a las 54 plantas potabilizadoras que opera, y que suplen de agua a dos millones y medio de habitantes.

Los moradores de las zonas que se proveen su propio recurso son los responsables de su calidad. El Minsa solo les suministra el cloro que ellos vierten en los tanques de almacenamiento.

‘La comunidad recibe la capacitación necesaria. Se les explica la operación y funcionamiento de esos acueductos , de igual manera las bondades que tiene el proceso de desinfección en el sector rural’, expresó Julio César Castillo, jefe de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

El cloro, aunque es un químico poderoso para matar gérmenes o desinfectar, no neutraliza la presencia de contaminantes como agroquímicos, explican los investigadores del IEA.

¿Y LOS ANÁLISIS?

La Estrella de Panamá acudió al Minsa para solicitar los estudios de calidad de agua en todas las provincias, especialmente en las zonas que no son abastecidas por las plantas potabilizadoras; sin embargo, no se encontró registro alguno de investigaciones de este tipo.

‘A partir de esta administración estaremos analizando mensualmente la calidad de las aguas provenientes de los acueductos rurales’, dijo Castillo reconociendo que el cuidado del agua potable se tenía en el olvido.

SIN PLANIFICACIÓN

El país que más crece económicamente en la región centroamericana sortea situaciones únicas: en plena crisis producida por el hallazgo de la atrazina en el agua de Azuero, se compraron reactivos para los análisis con la partida discrecional del presidente Juan Carlos Varela.

Este panorama, que por un lado lleva a pensar que las autoridades van tapando huecos, también podría interpretarse como que no se realizan pruebas periódicas con esta sustancia.

El Minsa, que invirtió más de $500 millones en obras de infraestructura en el quinquenio pasado, en su mayoría inconclusas, no aceptó la propuesta del IEA de crear un impuesto de dos centavos por galón de combustible para instalar un laboratorio para monitorear el aire, los alimentos y el agua.

Ni los ministros de Salud de la gestión de Martinelli ni los de Martín Torrijos se interesaron por invertir en un proyecto como éste, que garantiza la confianza de la población.

Sin este laboratorio que propone el IEA, y que requiere el país, se repetirán las compras de miles de botellas de agua embotellada para paliar las crisis que surjan de la noche a la mañana, en cualquier parte del país.