Reacciones divididas ante la reforma de la CSS

Entrada la tarde de este miércoles, llegó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que modifica la Ley 51 de 2005, con el propósito de reestructurar el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Al mismo tiempo, frente a la sede legislativa, el ambiente era tenso. Grupos de trabajadores, estudiantes y líderes sindicales alzaban sus voces en protesta, dispuestos a resistir lo que consideran una amenaza directa a los derechos de los trabajadores y al futuro de las pensiones en el país.

La propuesta, liderada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, plantea una serie de modificaciones a la ley actual. Entre las principales, se incluye el aumento de la edad de jubilación para hombres y mujeres, la eliminación de los dos sistemas de cotización actuales y el compromiso del Estado de aportar 1,200 millones de dólares anuales al sistema de seguridad social. Las autoridades sostienen que estos cambios son necesarios para asegurar la “sostenibilidad” del sistema a largo plazo, pero los manifestantes dudan que la reforma realmente responda a sus intereses.

Por un lado, las autoridades gubernamentales, encabezados por el ministro Boyd, exponen su visión sobre el proyecto. Según Boyd, el sistema de seguridad social actual enfrenta una crisis de sostenibilidad, con menos cotizantes y una expectativa de vida en aumento, lo que presiona las reservas de la CSS. “Estas reformas buscan proteger el sistema de pensiones para las generaciones futuras”, asegura. Sin embargo, sus palabras parecen perder fuerza entre los tambores, pancartas y consignas que se escuchan desde las afueras de la Asamblea.

Maribel Gordón, una de las figuras destacadas del movimiento social panameño, alza la voz en representación de los sectores populares. Gordón, economista y dirigente en la defensa de los derechos de los trabajadores, cuestiona la propuesta gubernamental, calificándola como una imposición. “Hemos presentado propuestas concretas con viabilidad financiera y social”, afirma en alusión a las alternativas que, según ella, fueron ignoradas. Gordón explica que el aumento en la edad de jubilación, en un contexto laboral marcado por la informalidad y la inestabilidad, significará que muchos panameños no podrán acceder a una pensión digna. “La reforma no hace más que cargar la crisis del sistema en los hombros de la clase trabajadora, que ya vive con sueldos bajos y pocas garantías”, sostiene.

A su lado, un grupo de manifestantes, muchos de ellos integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), corea consignas en contra de la privatización de la CSS. “¡Esta Caja no se vende, esta Caja se defiende!”, gritan al unísono. Para ellos, la reforma representa un peligro real de privatización, un temor que el gobierno asegura que es infundado, pero que persiste en la percepción pública.

El sector empresarial también ofrece una perspectiva, distinta, sobre las reformas. Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), defiende la iniciativa del gobierno y resalta que el aumento en la edad de jubilación es una medida necesaria ante el envejecimiento de la población y la reducción de los cotizantes. “El sistema actual no es sostenible en el tiempo; la realidad demográfica exige cambios”, sostiene Rosas, quien argumenta que este ajuste permitirá equilibrar las finanzas de la CSS. Además, explica que la eliminación de los dos sistemas de cotización en favor de un modelo único, basado en los ahorros de cada asegurado y sus rendimientos, evitará que los fondos de unos se utilicen para pagar las pensiones de otros. “Esto es justo para todos los cotizantes”, añade.

A pesar de estos argumentos, la preocupación entre los manifestantes no desaparece. Gordón y otros líderes sindicales critican que la propuesta esté inspirada en un modelo de cuentas individuales, que ven como una forma velada de privatización. La idea de un sistema único no convence a quienes ven en esta reforma un beneficio solo para los sectores empresariales. “Este es un gobierno que sigue los dictados del sector privado, interesado en manejar los fondos de la CSS para su propio beneficio”, afirma Gordón. Su crítica se enmarca en un escepticismo profundo hacia los actores empresariales y sus intereses.

José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, asegura que su partido evaluará la propuesta “con responsabilidad”, pero advierte que su prioridad es evitar que el peso de las reformas recaiga sobre los trabajadores. Blandón subraya que la situación laboral del país es crítica, con altos índices de informalidad y precariedad, lo que dificulta cualquier ajuste que exija más aportes o un retraso en la edad de jubilación. “No podemos pedirle más sacrificios a quienes ya trabajan en condiciones difíciles”, afirma.

Además, el proyecto incluye un aumento del 3% en la cuota obrero-patronal, algo que el sector empresarial considera un “sacrificio necesario”, aunque reconoce que impactará en las pequeñas y medianas empresas. Los manifestantes temen que esta alza tenga un efecto dominó en los salarios y las condiciones laborales.

Otro de los puntos críticos es la creación de comités de inversión y riesgo dentro de la CSS, los cuales, según el gobierno, asegurarán una gestión eficiente y transparente de los fondos. Sin embargo, los líderes sindicales y sociales manifiestan su escepticismo y señalan que estos comités no garantizan una administración adecuada de los recursos. Para ellos, estas promesas de eficiencia no eliminan el riesgo de que los fondos se desvíen hacia intereses privados, y dudan de que se responda a las necesidades de la clase trabajadora.

El dirigente de los docentes Armando Espinosa asegura que “el incremento en la edad de pensión para hombres y mujeres es un golpe letal a la salud física y mental de todos los trabajadores hombres y mujeres en un país donde la mayoría de los trabajadores realizan trabajos que piden un mayor esfuerzo”.

El docente agregó que ellos dejaron claro en la mesa que debemos regresar al sistema solidario es más 18 países de la región así lo han tenido que hacer inventar otro sistema en medio de una crisis es probar lo que no existe”.

La jornada concluye, pero el verdadero debate aún no empieza. La reforma a la CSS se presenta como una solución a una crisis estructural, pero la polarización en torno a su contenido y los intereses enfrentados auguran un proceso difícil. Para los manifestantes, el regreso a un sistema solidario, donde todos contribuyan y se beneficien, es el único “camino viable”. Para el gobierno, la sostenibilidad del sistema exige ajustes que, aunque impopulares, consideran necesarios. En las próximas semanas, Panamá será testigo de una batalla entre visiones opuestas sobre el futuro de su seguridad social, mientras los ciudadanos esperan que sus voces sean escuchadas y sus derechos, respetados.