Congreso General sin quorum paraliza acuerdo Barro Blanco

El tema de la polémica hidroeléctrica de Barro Blanco, construida contra la voluntad de la mayoría del pueblo näbe buglé, sigue pendiente y parece no tener solución.

El proyecto, que tiene un atraso de más de tres años, intentó concretarse con la avenencia de las autoridades comarcales, lo que se conoció como el Acuerdo Varela-Carrera, en alusión a los protagonistas, el presidente Juan Carlos Varela, y la cacica general, Silvia Carrera, lo que dio paso a protestas contra la ejecutiva comarcal. 
Este acuerdo, por el cual se le daría paso a las operaciones de la presa energética, fue suscrito el 22 de agosto de 2016, por el Congreso General Ngäbe Buglé, en Llano Tugrí, pero luego sería desconocido por el resto del Congreso, al ser tachado de "inconsulto".  Un segundo intento se dio días después, en septiembre, en Cerro Algodón, donde no se pudo ratificar por falta de quorum. Un tercer intento se dio el pasado 8 de abril, en Norteño, región Ño Kribo, Bocas del Toro, bajo la presidencia de Demesio Casés, pero solo acudieron 60 de los 245 delegados, lo que ha sido tachado de nulo por no tener la mayoría requerida.

Acuerdo que pende de un hilo

Este pacto incluía, entre otras, la operación de la central energética; la salida de la empresa Genisa del proyecto; sus operadores sería un grupo de profesionales panameños y la mano de obra en un 50% sería indígena. Además, las acciones de Genisa serían traspasadas a un fideicomiso que garantizaría el pago de los préstamos otorgados por los bancos multilaterales. En ello, el Banco Nacional de Panamá firmará como fiduciario. Además, no se permitiría la construcción de nuevas presas en el curso del río Tabasará.

No logró mayoría
Ricardo Miranda, dirigente del Movimiento 10 de Abril (M 10-4), y del Consejo Nacional de la Juventud Ngäbe Buglé, señaló que este acuerdo tampoco puede aceptarse como válido, por no lograr una mayoría que lo avale, y que por tanto el pueblo originario lo rechaza y pide que la obra hidroeléctrica sea suspendida.

Según Miranda, el M-4-10 ha planteado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto son 17 hectáreas de tierra comarcal que quedarán bajo el agua una vez empiece la inundación por el cierre de compuertas. 
"Hemos demandado a la CIDH que se aplique una medida cautelar al proyecto, esto es, que no se permita el cierre de compuertas para evitar que se inunden estos predios y se afecten viviendas, cosechas y otros bienes", indicó Miranda.

Sin legitimidad 
Para el dirigente del M 10-4, la legitimidad del congreso general está en juego, y la palabra del presidente Varela también, toda vez que al presidente de la máxima instancia comarcal, Demesio Casés, se le destituyó por haber firmado en 2016, una concesión que entregaba las riquezas naturales de la comarca a un consorcio chino-israelí, pero el  Ejecutivo trata de restituirlo en el cargo, porque responde a sus intereses de darle luz verde a Barro Blanco.

Según Miranda, con esto el Gobierno se inmiscuye en los asuntos internos de la comarca, pasando por encima de su carta orgánica y ley, las que le otorgan autonomía, al presionar por la restitución de Casés, pese a que el nuevo presidente del Congreso General es Saturnino Venado, a quien el Ministerio de Gobierno le ha demorado su reconocimiento.

Proyecto paralizado
A la fecha, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, instancia que ha intervenido en el Diálogo de Barro Blanco desde sus inicios, aseguró que se tiene informes de que el Congreso General Ngäbe Buglé se celebró este mes, pero el Ejecutivo no ha procedido con la ejecución del Acuerdo de Barro Blanco hasta tanto el Congreso le comunique oficialmente la resolución de su ratificación. Ello quiere decir que todo el proyecto sigue paralizado.

Una vez ratificado, añadió el vocero, se procedería con la ejecución de los cuatro ejes del Acuerdo, que incluyen acciones para conservación del medio ambiente;  preservación de la cultura tradicional; mejoramiento de la infraestructura ; el área económica.

No obstante, Miranda insiste en que el Acuerdo Varela-Carrera es un "mamotreto jurídico", redactado para entretener al pueblo ngäbe buglé, si se tiene en cuenta que el contrato con la empresa Genisa ni siquiera se ha rescindido, es decir: sigue vigente. Además, para ponerlo en ejecución habría que vertirlo en un proyecto de ley y someterlo a la Asamblea Nacional, lo que ve muy distante de que ocurra.