Querellas que envió la Asamblea serán repartidas entre fiscalías del Ministerio Público

El paquete de querellas que envió la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional al despacho del procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, contiene ocho denuncias contra el expresidente Juan Carlos Varela, dos contra la ex vicepresidenta Isabel De Saint Malo, y tres contra ambos.

Las denuncias abarcan supuestos delitos contra la administración pública, omisión de funciones, contra la personalidad del Estado, extralimitación de funciones, delitos ambientales y una por calumnia e injuria, según se lee en los documentos elaborados por la Comisión de Credenciales a los que tuvo acceso este diario (ver carpetas).

Según conoció La Estrella de Panamá, las querellas ya están en el despacho de Ulloa y serán distribuidas en las fiscalías correspondientes.

El expresidente Ricardo Martinelli interpuso tres querellas, mientras que algunos de sus abogados, a título personal, lo hicieron en dos ocasiones.

Por otra parte, dos denuncias están relacionadas con los afectados por el caso de dietilenglicol, una de ellas la presentó la procuradora de la Administración encargada, Cecilia López, contra el expresidente Juan Carlos Varela y los directores administrativos y médicos del centro de Toxicología, por haber incumplido con las leyes que amparan a los afectados por el envenenamiento masivo.

Una más fue presentada por el ambientalista Donaldo Sousa, por la intención de Varela de ampliar la pista de aterrizaje en la isla Coiba, en Veraguas, basado en un estudio de impacto ambiental (EIA) categoría I “para que nadie se enterara”, según expresó el denunciante que presentó la querella el 20 de junio de 2018. Dicho EIA lo calificó de ilícito por contener información falsa y haber omitido incorporar información fundamental correcta, incumpliendo las normas jurídicas sobre el EIA, esenciales para determinar el desarrollo del proyecto y de obligatorio cumplimiento, lo que es un ilícito administrativo y penal. El denunciante expresó a 'La Decana' que la intención del gobierno no era rehabilitar la pista del aeropuerto de la isla, sino que su rehabilitación sería suficiente para naves mayores y ocasionaría impactos dañinos en una zona declarada patrimonio de la humanidad. El proyecto, cuyo promotor era la Presidencia de la República, se frustró debido a las denuncias de oposición de ambientalistas y la comunidad.

El abogado Kevin Moncada y otros querellaron a Varela por haber ordenado la construcción de una cárcel en Punta Coco, ubicada a 107 kms de la costa sur de Panamá, instalación a la que fueron trasladados ocho presos. La acción se hizo contraviniendo un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba al Estado “adoptar las medidas para trasladar a todos los detenidos alojados en dicho centro a un lugar que cumpla con los estándares internacionales aplicables para personas privadas de libertad y abstenerse de trasladar nuevamente a personas privadas de libertad a este Centro”. Aunado al anterior dictamen, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo a favor de los detenidos porque Punta Coco no cumple con los requisitos mínimos que establece la legislación.

Por su parte, las denuncias penales interpuestas por el expresidente Ricardo Martinelli contra Varela se relacionan, en su mayoría, con hechos ocurridos durante el proceso que enfrentó el primero por el caso de pinchazos telefónicos

Una es por la supuesta violación de sus derechos mientras recibía tratamiento en el hospital Nacional, y Martinelli denunció que fue sacado a la fuerza en contra de un diagnóstico médico aun manteniendo los permisos por parte del sistema penitenciario.

La carpeta 278, que incluye al expresidente y a la ex vicepresidenta por supuesta omisión del ejercicio de sus funciones, aduce que mientras Martinelli estuvo detenido en la cárcel de Miami, “en ningún momento” recibió atención o se preocuparon por su salud, faltando al deber de velar por la integridad de los nacionales. Añade que las condiciones de salud en las que fue extraditado, enfermedades crónicas, no fueron notificadas al magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía.

La 265, contra la ex vicepresidenta Isabel De Saint Malo, pretende que responda por los supuestos delitos de calumnia e injuria por un tuit publicado por De Saint Malo en el que supuestamente endilgan a Martinelli la comisión de varios delitos. La entonces vicepresidenta publicó: “Me uno al apoyo ciudadano para @aplanells @marielaelezma frente a absurda demanda interpuesta contra ellas. No podemos permitir que se abuse del sistema por quienes deben rendir cuentas. Es una campaña de extorsión para intimidar comunicadores y autoridades”. Dicho mensaje fue citado por medios y la opinión pública, lo que a juicio del afectado, se trata de “leer noticias falsas” o que el lector se forme opiniones negativas en su contra.

La carpeta 275, que denuncian los abogados de Martinelli por los supuestos delitos contra la personalidad interna del Estado, se basa en los hechos ocurridos el 2 de enero de 2019, fecha en que la Asamblea Nacional fue cercada por una cantidad de agentes del Sistema de Protección Institucional, Policía Nacional y Consejo de Seguridad impidiendo el acceso a la Asamblea. “Producto de dicha acción, la sesión ordinaria de apertura de la Segunda Legislatura del Quinto Periodo Ordinario no pudo iniciar a la hora convocada” violando la autonomía de este órgano del Estado, se lee en la denuncia.

Un caso por supuesto delito contra la salud y la administración pública (carpeta 278) en contra del expresidente Varela y la ex vicepresidenta De Saint Malo, se fundamenta en que cuando Varela ejerció como vicepresidente, supuestamente “negoció con una empresa italiana los radares (equipo para detectar embarcaciones con droga adquirido durante la administración Martinelli), pero que después de ocupar la Presidencia se dedicó a hacer todo lo posible para que los mismos no funcionaran”, se lee en la querella presentada por el abogado Alejandro Pérez a título personal. La denuncia también incluía al secretario del Consejo de Seguridad Rolando López, al subdirector de la Policía Nacional Jacinto López y al comisionado Vilcio González, debido a que ellos fueron los que se reunieron con Varela para discutir ese tema de la eliminación o destrucción de los radares.

Ninguno de los querellados respondió a los mensajes y las llamadas efectuadas por este diario para conocer su versión sobre el tema.