Proyecto de ley sobre criptomonedas no termina de convencer al Ejecutivo ni a banqueros

El proyecto de ley 697, que busca regular la comercialización y el uso de criptoactivos en Panamá, no termina de convencer al Órgano Ejecutivo y a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), pese a que la Asamblea Nacional lo aprobó en tercer debate el pasado mes de abril.

Durante su participación en el Bloomberg New Economy Gateway Latin América, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, adelantó que se negará a firmar el proyecto de ley.

Cortizo dijo que la iniciativa necesita garantías que cumplan con los estándares globales contra el lavado de dinero, reportó Bloomberg.com

“Si les voy a responder ahorita con la información que tengo, que no es suficiente, no voy a firmar esa ley. Tengo que tener mucho cuidado si la ley tiene cláusulas relacionadas con actividades de lavado de dinero. Las actividades contra el lavado de dinero son muy importantes para nosotros”, dijo Cortizo en una entrevista con Stephanie Flanders, ejecutiva y directora en Bloomberg.

Bloomberg recordó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) tiene a Panamá en su lista de “jurisdicciones con deficiencias estratégicas” en la lucha contra el lavado de dinero, desde 2019.

El proyecto de ley tiene como objetivo hacer a la República de Panamá compatible con la economía digital, el blockchain, los criptoactivos, la tokenización de metales preciosos y otros bienes, y el internet, en beneficio de sus habitantes y el resto del mundo, así como las disposiciones de protección, vigilancia, inspección y control sobre dichas actividades.

Propone darle estabilidad jurídica a estos elementos digitales, además de que no obliga al uso de bitcóin como medio de pago porque se presenta de forma opcional para los comercios.

El Banco Nacional de Panamá actuará como ente supervisor de la actividad. Mientras que la SBP en su capacidad de supervisor de sujetos obligados financieros bajo la Ley 23 de 2015, velará porque la reglamentación aplicable tome en cuenta los criterios recomendados por el Gafi.

El Ministerio de Comercio e Industrias estará cargo de la creación de la reglamentación y vigilancia de las entidades de valor digital redimible.

El diputado independiente y proponente del proyecto de ley 697, Gabriel Silva, defendió que el proyecto de ley incluye adoptar las actuales y futuras recomendaciones del Gafi en cuanto al lavado de activos y dinero, particularmente la 15, que trata sobre las nuevas tecnologías que el organismo internacional viene impulsando desde 2015 y ya para 2018 lo puso por escrito y lo ha mejorado.

“El proyecto incluye las recomendaciones del Gafi y vetarlo sería no acoger lo que el Gafi nos ha sugerido. Quedarnos con los brazos cruzados solo implicaría mantenernos sin regulación, claridad, supervisión y con el riesgo que en el futuro nos metan en listas grises”, comentó el diputado independiente.

Para Amauri Castillo, superintendente de Bancos, un proyecto de ley como el 697 requiere de un análisis de riesgo muy detallado sobre todos los temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, en un momento que el país se encuentra precisamente tratando de cumplir un plan de acción que nos mantiene en una lista discriminatoria.

Ante esto aclaró que para impulsar los criptoactivos se necesita un marco legal robusto y adecuado, ya que existen grandes desafíos en materia no solo de regulación, sino de legislación para atender los criptoactivos y otros activos digitales.

Castillo expresó que en el proyecto de ley 697 existe un tema conceptual de fondo porque es una propuesta que trata de atender varios temas simultáneamente, muchos con un nivel de profundidad superior que otros, que no necesariamente están desarrollados con el nivel de profundidad que requerirán.

“Nosotros tenemos diferencias conceptuales del abordaje del tema porque en un sistema financiero como el nuestro obviamente son decisiones muy profundas que hay que aceptarlas o hacerlas con base en los análisis de los riesgos asociados o de los riesgos inherentes a ese tipo de adopción para tener activos virtuales como medio de pago”, sostuvo el superintendente de Bancos, el pasado lunes durante la presentación del informe del desempeño de la economía panameña al cierre de 2021.

Castillo también avaló que la actual preocupación no es sola de la SBP y la Asociación Bancaria de Panamá, sino también que en términos generales, otros reguladores del mundo ven la volatilidad económica y de la estabilidad que puedan tener estos activos virtuales.

Para el diputado independiente, el problema con la SBP al igual que la ABP es que sus comentarios son muy superficiales que denotan que no están leyendo la iniciativa o están obviando partes importantes que contempla a profundidad el tema de lavado de dinero y activos, las recomendaciones de Gafi y también el rol de la SBP, como órgano supervisor.

Ante esto, criticó que la oposición de los banqueros al proyecto solo se dan por razones generales, porque no han enviado ni comentarios específicos, artículos o propuestas de sugerencias de redacción, aún cuando la iniciativa estaba en proceso de debate dentro de la Asamblea Nacional.

“Han sido bastante amplios y con comentarios abstractos en que a Panamá no le conviene porque usamos el dólar y representa riesgo para el sector financiero. Sin embargo, no han dicho comentarios específicos de qué se puede mejorar, cambiar o redactar”, aclaró Silva.

“Cuando ellos dicen esos argumentos nosotros respondemos con claridad, evidencia, texto y con estudio, pero la mayoría de sus comentarios han sido generales”, añadió.

El proponente de la iniciativa reconoció que el ejecutivo tiene el derecho de vetar o mandar objeciones, que serán recibidas, pero espera que se respeten los puntos que verdaderamente darán valor sobre el impulso de la criptomonedas en el país.

Avaló en que la discusión del proyecto de ley 697 se debe trabajar como un esfuerzo en conjunto, ya que el impacto que podría tener para Panamá será positivo porque se traducirá en más generación de empleo, atracción de inversión y un paso importante para convertirse en un hub de innovación y tecnología.

Ismael Gordón Guerrel

Panamá está planeando retomar las negociaciones de un tratado de libre comercio con el gigante de Asia, China.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, en el Bloomberg New Economy Gateway adelantó que Panamá tiene la intención de recomenzar de inmediato las negociaciones con China, que se iniciaron en la administración de Juan Carlos Varela.

“En este momento estamos planeando comenzar nuevamente las negociaciones con China para un acuerdo comercial, ahora”, dijo Cortizo durante una entrevista en New Economy Gateway Latin America de Bloomberg en la ciudad de Panamá y se publicó en la página web de Bloomberg.

El presidente Cortizo, destaca Bloomberg, no proporcionó más detalles sobre el momento de las negociaciones.

Panamá, según Cortizo, presionará para que los productos agrícolas panameños ingresen al mercado chino.

A pesar de los intentos de Panamá por fortalecer los lazos con China, Cortizo dejó claro que el principal aliado de su país sigue siendo EE.UU.

Panamá y Estados Unidos se reunirán en los próximos días para abordar el tema del tratado de promoción comercial.

Las relaciones diplomáticas entre China y Panamá empezaron en 2017.

Los equipos negociadores de Panamá y la República Popular China sostuvieron cinco rondas de negociaciones para el acuerdo ocmercial entre ambas naciones. El quinto encuentro fue en la ciudad de Beijing, del 24 al 26 de abril de 2019. Desde el triunfo de Cortizo, en mayo de 2019, las negociaciones quedaron en pausa.

Las negociaciones entre Panamá y China arrancaron el 9 de julio de 2018.

Estados Unidos es el primer cliente del Canal de Panamá y el segundo usuario es China, con los que Panamá tiene relaciones diplomáticas.