Propuestas para la Universidad de Panamá en su 88 Aniversario

El 7 de octubre pasado la Universidad de Panamá arribó a su 88 aniversario. Sabemos que la mayoría de la matricula y el egreso son femeninos. En general en el mundo las universidades están feminizadas, con excepción de las que se especializan en ingenierías y áreas afines. Uno de los retos más importantes que enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES) en América Latina, y en casi todo el mundo, es el de erradicar la desigualdad de género que todavía se manifiesta y reproduce a su interior.

Que no haya prácticamente mujeres liderando las universidades públicas de la región es un reflejo más de los desequilibrios de género en todas las esferas de la vida social y económica. La paradoja es que hay más mujeres estudiando que hombres, pero cuando se llega a posiciones de poder, están abrumadoramente en manos de hombres (UNESCO-IESALC).

Las políticas públicas de apoyo a la representación femenina en los puestos académicos, incluidos los niveles superiores, pueden relacionarse con tres tipos de instrumentos políticos que se utilizan habitualmente para fomentar el cambio en la educación superior: la regulación, la financiación y la información (Vedung, 1998; Klenk et al., 2022).

Las políticas públicas de regulación se aplican a través de leyes u otras normas formuladas, tales como:

Incorporar la perspectiva de género en las legislaciones universitarias, para conformar los modelos, estructuras, planes de igualdad y mecanismos para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Garantizar la asignación de recursos técnicos y financieros específicos para implementar políticas institucionales a favor de la equidad de género.

La formación de mecanismos, o estructuras para la implementación de la equidad de género en los diferentes espacios académicos.

El desarrollo de un reglamento para la implementación de la equidad de género que también permita darle seguimiento.

Una política pública reguladora especialmente evidente para apoyar la igualdad de género es el uso de cuotas. Las cuotas obligan a las instituciones de educación superior a reservar un número de puestos para mujeres en sus prácticas de contratación, promoción y gobernanza.

Un conjunto de políticas reguladoras especialmente determinantes para la igualdad de género en la educación superior son las políticas favorables a la familia, entre ellas:

Promover medidas, como centros de desarrollo infantil, y de atención a adultos mayores, que disminuyan la tensión entre los tiempos que hombres y mujeres dedican a los ámbitos laboral y familiar, en todas las unidades académicas nacionales y regionales.

Ampliar los límites de edad para el acceso a becas de posgrado (dado que coincide con la edad reproductiva).

En el caso de licencia de maternidad, garantizar el financiamiento de suplentes y el reintegro al trabajo al término de la licencia, sin menoscabo de la carrera académica.

En la mayoría de los países, se espera que las mujeres asuman la mayor parte de las responsabilidades del cuidado de los hijos. En el mundo académico, esta situación puede reducir la productividad a corto plazo de las madres al principio de su carrera, lo que podría impedir su promoción profesional. (Morgan et al., 2021).

Por este motivo, la Universidad de Panamá, como ente autónomo puede aprobar la licencia de paternidad, como ejemplo a seguir por el resto de la sociedad. Es parte de incorporar a los hombres a la crianza y al mundo de los afectos y las relaciones de apego básicas en la primera infancia. Sería un efecto demostrativo hacia la política de compartir los cuidados, entre el estado, las empresas, la academia y la sociedad en su conjunto.

Incorporar la perspectiva de género en los procesos de recolección, análisis de datos y divulgación de toda la información estadística. Las políticas públicas de difusión pueden tener por objeto sensibilizar sobre los prejuicios inconscientes o los estereotipos de género y promover una toma de decisiones más equitativa en la educación superior.

Estas políticas públicas pueden centrarse en los prejuicios y la discriminación en los procesos de nombramiento; la educación integradora; o la prevención del acoso y las agresiones sexuales.

Las políticas públicas de difusión también pueden dirigirse a las mujeres como grupo específico y comprender iniciativas como formación, tutoría y oportunidades de creación de redes para desarrollar sus competencias de liderazgo.

Debe fomentarse un lenguaje institucional no sexista que privilegie el uso de términos neutros siempre que sea posible e incorpore la forma “las/los” para visibilizar a las mujeres. Además, el contenido curricular contiene sesgos sexistas, clasistas y racistas, que reproducen las jerarquías de género.

Visibilizar el sexismo, la desigualdad de género y sus consecuencias en la vida institucional y de las personas, y en el desarrollo de la sociedad, a través de las siguientes acciones:

Poner en marcha procesos permanentes de sensibilización para las distintas poblaciones de la comunidad universitaria, incluidas las personas que ocupan puestos de gestión.

Impulsar acciones de reconocimiento a las personas o instancias de la comunidad universitaria que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres.

Diseñar talleres para formar especialistas en la implementación de la equidad de género.

Generar un esquema de transversalización de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, en pregrado y postgrado, en la investigación, y en la extensión.

Crear una línea de publicaciones, de trabajos de investigación y apoyo a la docencia con perspectiva de género.

Promover la incorporación de una asignatura sobre relaciones de género y perspectiva de género en las licenciaturas como herramienta teórico-metodológica en todas las áreas del conocimiento.

Procurar la creación de un programa nacional y regional de posgrado en estudios de género constituyendo una red de universidades e instituciones de educación superior.

Impulsar un código de ética con perspectiva de género para sensibilizar y minimizar el ambiente hostil que existe en los distintos ámbitos de la comunidad universitaria.

Diseñar estrategias y generar un diagnóstico para combatir la violencia de género (hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral y escolar, homofobia y otras formas) en cada institución de educación superior.

Instrumentar recursos para que la institución brinde asesoría psicológica y jurídica a las víctimas de violencia de género y generar acciones de prevención y detección precoz.

Establecer una ruta institucional para el tratamiento de la violencia de género en el ámbito académico. La línea de base es eliminar la violencia de género y los abusos que aún están presentes.

Lo más importante es pasar de la igualdad de oportunidades a la transversalización de la perspectiva de género, no solo en las universidades si no en el sistema educativo, en las políticas públicas y en la sociedad en general. Si no se cumple esta tarea continuaremos denunciando violaciones a los derechos humanos porque no hemos sabido inculcarlos en nuestra niñez, juventud y población adulta.

Las Universidades no pueden permanecer al margen de los problemas de la sociedad.

La autora es directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá