'El problema de los albergues en Panamá es que no existe un sistema de protección ni una ley'

El problema de los albergues en Panamá es que no existe un sistema de protección ni  una ley que proteja los derechos de los niños, niñas y adolescente, alertó el presidente de la Asociación de las Aldeas SOS, Domingo Barrios.

Es decir, que "no existe una ley que sea fundamento para crear sobre ella un sistema de protección y del cuidado de calidad, realmente, no existe en el país", sostuvo Barrios en declaraciones TVN.

Con la falta de políticas de protección infantil en los albergues, Panamá estaría "incumpliendo" en sus convenios con los organismos internacionales y "vulnerando" los derechos de los niños, advirtió Barrios.

Destacó que en Panamá lo que existe es un decreto que establece las características o parámetros para poder abrir un albergue, pero no establece los monitoreos, los cuidos o los conceptos de calidad que debe tener todo albergue, como es el caso de Aldeas SOS.

Urgió que en el país debe existir una política de protección infantil conocida y ejecutada por todos sus miembros que garanticen cuatro pilares claves: la concientización de los derechos al niño, niñas y adolescentes, la prevención del abuso y el maltrato, la denuncia del abuso y el maltrato y la respuesta que es la acción inmediata legal ante la sola duda de que haya podido existir un abuso y maltrato.

"Los albergues no buscan a los niños, son los jueces de familia, el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) o la Senniaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) quienes envían a los niños a cada uno de los albergues, ya sea Aldeas o incluso a estos que han sido identificados (en la investigación). He allí por ende la responsabilidad del Estado también en el cuido de los derechos de estos niños", aclaró Barrios.

Barrios dijo que hace diez años se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para establecer una ley de protección de los derechos de los niños y una ley de subsidio para los niños que son enviados a los albergues, pero no avanzó.

"Sabemos que no podemos ser gobernados por decreto porque los decretos cambian con los gobiernos y las leyes son permanentes y la necesidad de ese niño es permanente, trasciende un periodo de cinco años de gobierno", expresó Barrios.

Especificó que esta ley lo que busca es que así como el Estado envía al niño, envíe el presupuesto para que haya un cuido de calidad. "Cómo puede el Estado exigir una serie de parámetros de lo que es un cuido de calidad, sino posee ni siquiera una ley que garantice el acceso institucional del niño a ese tipo de cuido de calidad y de protección de sus derechos; sino existe una ley y no entregan subsidios".

Manifestó que sí es cierto que la Senniaf subsidia algunos albergues pero los montos son mínimos y varían de acuerdo al albergue. En el caso de las Aldeas SOS, el presupuesto es de $2.5 millones del cual reciben menos del 10% de parte del Estado; sin embargo, no es un subsidio directo al niño, sino a través de programas de educación extracurricular o que tienen que ver con algún tipo de desarrollo en particular que se van a hacer en algunos de los centros, pero "no existe el subsidio como debe ser y existen en todos los países del mundo".

Subrayó que como el niño lo envía el Estado, la responsabilidad financiera es del Estado, por ende el niño debe llegar con un presupuesto mínimo de $450 al mes para recibir el cuido adecuado. "El cuido no es solamente alimentación, vivienda, casa", sino también "es psicológico", en el cual se requiere un cuidador capacitado, trabajadores sociales, psicólogos, medicamentos, apuntó Barrios, quien lamentó los recientes casos de maltrato infantil en los albergues denunciados.

En ese sentido, expresó su apoyo en la ejecución del proceso legal para que se responsabilice a toda organización, a toda junta directiva, a todo colaborador a toda persona participante de los programas, que haya actuado de manera indebida y vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes que residen en los albergues que están ajo investigación a nivel nacional.

Por el lado de las Aldeas SOS garantizó que no es el caso, no están dentro de la investigación, y que de hecho ayer, 16 de febrero, fueron visitados por la Senniaf y fueron calificados como un modelo a seguir en Panamá para que el sistema de protección infantil sea efectivo y se dé un cuido de calidad a cada niño.

Sobre el caso de los albergues donde se denunció que le ha dado comida para perros a los niños, Barrios calificó el hecho como "atroz" y la persona que lo haya hecho debe ser sancionada administrativamente y legalmente si ese el caso. Pero "si el estado no pasa una ley que sea fundamento para crear el sistema y una ley que cree los susidios, el sistema es inexistente e inoperante", insistió Barrios.

Repasó que en Panamá la única ley de niñez que existe es la Ley 155, empujada por las ONG internacionales, y tiene que ver con el cuidado de la primera infancia, que básicamente se concentra en el tema de los COIF, la educación de kinder, prekinder y hasta los ochos años, de cómo cuidarles sus derechos.

Por su parte, la ley 121 que crea y regula el sistema de acogimiento (presentado por la misma comisión que está haciendo este reporte de investigación de maltrato en los albergues), y la ley 120, general de adopciones, se encuentra en segundo debate.

La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, por su lado, calificó como "lamentable" los hechos de maltrato y abuso investigados; y es muy importante que la entidad que le corresponda deslindar responsabilidades lo haga.

"Es muy importante que el Ministerio Publico lleve a cabo lo que le corresponda para identificar quiénes son los responsables", afirmó Tewaney Mencomo.

El pasado 12 de febrero, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió a las autoridades panameñas que se investiguen con prontitud las denuncias sobre supuestos abusos y maltrato contra niños, niñas y adolescentes en algunos albergues del país, revelados en un informe de la Asamblea Nacional de Panamá.

Mediante una comunicado, Unicef recordó que los menores de edad en refugios “están bajo la protección especial del Estado" y que para prevenir cualquier forma de violencia, abuso y maltrato se deben dejar de lado los intereses tanto individuales como corporativos y poner a la niñez por delante.

El 8 de febrero, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá reveló un informe preliminar, en el cual se asegura que a través de la investigación de campo constataron “evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual».

La investigación empezó en agosto de 2019, por parte de una subcomisión conformada por 4 diputados, y se abrió por denuncias contra una fundación que manejaba un refugio, la cual recibía subsidio por parte del Estado, y debía ser supervisada por la Senniaf.