Las posturas zigzagueantes del procurador Rigoberto González

Luego de que el procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó que la Ley No. 406, que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá, es “inconstitucional” trae a colación que en dos ocasiones este mismo contrato lo declaró legal.

En el 2019 las licenciadas María Soledad Porcell y María Gabriela Dutari en representación de Germán Figueroa solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que declarara nula por ilegal la Resolución No. 128 del 30 de diciembre de 2016, emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que prorrogaba la concesión por 20 años a solicitud de Minera Panamá.

González en calidad de procurador de la Administración solicitó a los magistrados de la Corte Suprema declarar que “no es ilegal” esta resolución.

González argumentó que Minera Panamá,  S. A. cumplió con cada una de las exigencias y requisitos para cederle la prorroga solicitada. Además, de que observó que el contrato aún estaba vigente para el momento que peticionó ante el MICI la solicitud de prórroga dentro del termino pactado en la claúsula quinta del contrato ley de concesión.

Además, alegó que el Ministerio de Comercio e Industrias tenía la potestad de otorgar esta primera prórroga a Minera Panamá, S. A., ya que esa es la entidad que puede autorizar tal beneficio y no la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República o el Consejo de Gabinete como afirmaron las abogadas.

Así mismo, señaló que la prórroga peticionada por Minera Panamá, S. A., es anterior a la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato ley, consignado en la Ley No. 9 de 26 de febrero de 1997, puesto que la citada prórroga es de fecha 30 de diciembre de 2016, mientras que el fallo es de 21 de diciembre de 2017 y sus efectos a futuro van dirigidos a la colectividad, lo que es aplicable al caso que se examina.

Mientras que en 2018, solicitaron que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la Resolución No. 128 del 30 de diciembre de 2016, emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias, por la cual se otorgaba primera prórroga al contrato ley de consesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla. S. A. (hoy Minera Panamá).

González en su condición de procurador de la Administración solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que declarara que “no es ilegal” esta resolución que establecía la primera prórroga al contrato ley de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla. S. A.

Entre algunos de sus argumentos dijo que  Minera Petaquilla, S. A. (hoy Minera Panamá S. A.) cumplía sustancial y razonablemente con las condiciones establecidas en la clausula quinta del contrato, surgiendo de esta manera el derecho a que esta le fuera otorgada una primera prorroga tal como lo dispone el contrato ley.