Acuerdo de pena, una opción para Cucalón y Salerno

La posibilidad de un acuerdo de pena para los sindicados por el cobro ilegal de comisiones de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. podría concretarse antes de una próxima audiencia.

Gustavo Sierra, abogado defensor del empresario y propietario de Cobranzas del Istmo, S.A., Cristóbal Salerno, imputado por delito contra la administración pública, planteó la posibilidad durante la audiencia preliminar de este caso programada para ayer, en el Juzgado Primero de lo Penal de Panamá.

‘CUCALÓN TIENE UNA PATOLOGÍA SUSTENTABLE. SUS ENFERMEDADES NO TIENEN CURA. INSISTIREMOS EN UN CAMBIO DE MEDIDA',

ALBERO CUENTAS

ABOGADO DE CUCALÓN

El fiscal de la causa, Adecio Mójica, comunicó su anuencia a alcanzar un acuerdo con los imputados y consideró que hay tiempo para lograrlo, tomando en cuenta que la audiencia fue reprogramada para el 26 de octubre de 2017, a solicitud de la defensa del exdirector de Ingresos, Luis Enrique Cucalón.

El artículo 24 de la Ley 4 de 2017 introduce la figura del acuerdo de pena en el sistema inquisitivo. Esta ley permite que los acuerdos puedan darse antes de la celebración de la audiencia ordinaria, como aplicaría en este caso.

El mecanismo permite al imputado ponerse de acuerdo con el fiscal a cambio de recibir una sentencia más favorable en su caso. El acuerdo debe ser propuesto por el Ministerio Público y aprobado por el juez de causa. ‘La agencia de instrucción debe valorar si el caso es rebatible o es contundente como para no necesitar un acuerdo. El juez, por su parte, debe valorar si el acuerdo no viola alguna disposición legal o convencional', explicó a este diario el abogado Juan Carlos Araúz.

El posible acuerdo de pena no pudo profundizarse en la audiencia de este lunes, porque se suspendió.

La jueza de la causa, Águeda Rentería Sánchez, acogió una solicitud del abogado de Cucalón, Alberto Cuentas, quien pidió tiempo para examinar el voluminoso expediente y presentar una defensa efectiva. Cuentas argumentó que acaba de recibir el poder para representar al imputado.

NIEGAN CASA POR CÁRCEL

Cuentas también pidió el reemplazo de la medida cautelar de prisión preventiva por depósito domiciliario para su cliente, que regresó al Centro Penitenciario El Renacer el 12 de septiembre de 2017, después de pasar dos años internado en el Hospital Punta Pacífica por padecimientos crónicos. Pero el fiscal se opuso y recomendó mantener la revocatoria de la medida de depósito domiciliario para Cucalón.

La jueza negó la solicitud tras analizar las evaluaciones de los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que dan fe del estado de salud ‘estable' del exdirector de Ingresos.

La defensa, sin embargo, advirtió que insistiría en el cambio de medida cautelar. Según Cuentas, Cucalón ha mostrado una ‘patología sustentable' y sus enfermedades ‘no tienen cura'.

La salud de Cucalón, según el defensor, se ha deteriorado tras su regreso a El Renacer.

El abogado aseguró que requiere de oxígeno, comida especial y medicamentos que no le está proporcionando en el sistema carcelario. Según Cuentas, su cliente hizo un esfuerzo extraordinario para asistir a la audiencia. ‘Llegó con muchas dificultades', apuntó.

Entre las opciones de la defensa para conseguir la libertad de Cucalón podría estar una solicitud de fianza de excarcelación.

Cucalón también tiene pendiente que el Tribunal Superior de Justicia resuelva una solicitud de habeas corpus .

Cucalón es el único de los seis acusados de este caso que está en prisión preventiva, después de que la fiscalía ordenara su detención el 25 de mayo de 2015, una vez rindió declaración indagatoria.

LA DILIGENCIA

En el acto de audiencia se presentaron dos solicitudes de la defensa de Salerno. Sierra solicitó acumulación de dos expedientes y anulación de este caso, alegando violación a las garantías del debido proceso. La jueza negó los dos incidentes.

LA DILIGENCIA

La audiencia arrancó cerca de las 8:30 de la mañana del lunes y el exdirector de Ingresos había llegado media hora antes en un vehículo del Sistema Penitenciario. Esposado, custodiado por agentes del servicio público, con camiseta blanca y pantalón de mezclilla, entró a la sala por su propio pie.

Uno de los aspectos más cuestionados de la audiencia fue la limitación de espacios para los periodistas. La diligencia se realizó a puerta cerrada y solo tres periodistas tuvieron acceso.

En un comunicado fechado el 13 de septiembre de 2017, la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial informó los reglamentos establecidos por la jueza de la causa para la audiencia del exfuncionario de ingresos. En esta comunicación, la jueza asignó 24 asientos en la sala: seis para los imputados, cinco para la defensa, dos para el Ministerio Público, dos para el querellante, seis para los familiares de los sindicados, uno para la Secretaría de Comunicación, dos para estudiantes de derecho y dos para el público en general.

En otra comunicación emitida ayer, el Órgano Judicial explicó que por falta de espacio físico, el juzgado limitó la participación del público.

RESUMEN DEL CASO

Una auditoría efectuada por la Contraloría General de la República puso en evidencia las irregularidades en los pagos efectuados a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., que entre 2010 y 2014 fungió como gestora de cobros de impuestos morosos.

El documento también corroboró que hubo incumplimiento en el proceso de contratación directa de la empresa para la recuperación de la cartera morosa y no pagada.

El informe de auditoría número 081-016-15 del 13 de agosto de 2015 efectuado por la Contraloría General de la República vinculó a Cucalón, Magaly Ramos y la fallecida Gioconda Torres de Bianchini con un perjuicio contra las arcas del Estado de $29 millones, producto del contrato 100 del 25 de agosto de 2010, firmado entre la Dirección General de Ingresos y la empresa.

A Magaly Ramos, quien firmó el contrato en nombre de la empresa, se la vincula por cobrar dichas comisiones y a Cucalón, entonces director de Ingresos, por autorizar su pago.

La auditoría, que comprende el periodo entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de marzo de 2015, establece que la actual afectación económica al Estado panameño es de $8.8 millones, luego de que Cristóbal Salerno, propietario de Cobranzas del Istmo, S.A., realizara una transferencia voluntaria a la cuenta única del Tesoro Nacional por $20.6 millones, por cobro injustificado.

En este proceso también están imputados Edgardo González e Irasema Sánchez (colaboradores de Cobranzas del Istmo) y María Alessandra Salerno (hija del propietario de la empresa),

La fiscalía investiga un supuesto delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado y corrupción de funcionarios.