Pedro Meilán: Nuevo contrato minero no debe tener vicios de inconstitucionalidad

El nuevo contrato entre Minera Panamá y el gobierno sigue generando opiniones encontradas por sus implicaciones ambientales, económicas y legales.

Un acuerdo polémico cuyos detractores consideran que viola la carta magna del país y cede prerrogativas de soberanía a una empresa extranjera. Los que defienden lo pactado, hablan de mejores condiciones en comparación con el acuerdo anterior y aseguran que existen los mecanismos legales para hacer cumplir a la empresa.

Uno de los defensores del acuerdo es el abogado Pedro Meilán, quien ha seguido de cerca el proceso de negociación con la mina.

“A nosotros nos conviene más que este contrato se mantenga (...) a que se elimine la mina totalmente. Por un tema netamente económico para el país, por las personas que tienen trabajo y las empresas que reciben ingresos de forma directa e indirecta”, dijo el también exadministrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

A juicio del abogado, la compañía solo explotará los minerales de cobre y asociados, y los demás recursos deben pasar por otros procesos que estarían a disposición del Estado panameño.

“Sí hay un cambio conceptual entre los dos contratos. El gobierno hizo su trabajo (...) porque es un contrato nuevo y no debería tener ningún vicio de inconstitucionalidad”, remarcó el jurista en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Meilán explicó que el contrato anterior dejaba que la compañía explotará todos los minerales en el área de concesión, pero ahora hay un mayor control y solo podrá explotar el cobre dentro del contrato.

Aunque existen críticas sobre la capacidad del Estado para fiscalizar y la poca presencia que permite el nuevo acuerdo dentro del proyecto minero, Meilán considera que como está planteado lo firmado es suficiente y que “habrá presencia” de todas las instituciones que tengan vinculación con la operación.

“Este es un proyecto grandísimo que está dando beneficios al Estado. Se debe reforzar la fiscalización para que el medio ambiente no se dañe”, dijo.

Sobre la posibilidad de que la mina sea una empresa pública, Meilán fue tajante y aseguró que el Estado “no es un buen administrador”.

“La empresa tuvo que invertir 10 mil millones para poner a funcionar la mina, ¿el Estado tiene dinero para funcionar esto?, no creo que lo tenga. Aparte no tiene el recurso humano para poder hacer esto”, indicó.

“Panamá no tiene que ser un país minero, pero nada impide que no se exploten las minas. Si Panamá tiene las autoridades para fiscalizar minas, por qué no hacerlo en los lugares donde se puedan explotar”, agregó.