¿Qué papel jugó un préstamo de la CSS en el proceso de Remón y de Guizado?

Los historiadores de profesión deben sentirse muy mal porque casi todo en el entorno desalienta el propósito de investigar y publicar cuando se trata de hechos controversiales en los que se afectan grandes poderes.

La escasa bibliografía sobre el tema Remón y el hecho de que no se avance (con la excepción del libro de Larry LaRae Pippin, The Remón Era. An Analysis of a Decade of Events in Panama, 1947-1957 y algo de los Cinco ensayos) hacia vínculos de ciertos personajes en la trama, son la evidencia más elocuente de esa realidad que, aún con esa debilidad, existe una breve obra panameña que trata más bien los aspectos legales-procesales del caso, pero que no se debe dejar de leer. Me refiero a El proceso Guizado, un alegato para la historia (1957) de Carlos Iván Zúñiga quien dedica al menos unas líneas a explicar algo de lo que denominó la “derecha económica” de la época.

Es imperativo que cualquier persona que intente abordar el tema, primero lea (y sobre todo comprenda) esa obra porque, de no hacerlo, puede incurrir en insalvables errores. Mi intención es aportar a favor de la búsqueda de la verdad. Retomando el análisis, la postura de Zúñiga pasó a la historia como la refutación lúcida de un actor presencial del proceso frente a la nefasta construcción de un supuesto caso y una supuesta investigación gestionada por los poderes de la entonces Asamblea Nacional dominada por fuerzas políticas y económicas que hasta los norteamericanos (en uno de sus desclasificados) llegaron a llamar “cerdos insaciables”.

El propósito de estos poderes fue inculpar al presidente José Ramón Guizado para obtener grandes beneficios políticos y económicos y dejar en la impunidad el crimen de Remón. Este segundo propósito (dejar en impunidad) fue necesario para obtener el primero, es decir control político y grandes ganancias económicas. Lo anterior (y he aquí la trascendente importancia del libro de Zúñiga) fue ayudado por la Corte Suprema de la época que falló a favor de la competencia de la Asamblea Nacional para investigar al presidente Guizado.

En adelante prosiguió la amañada investigación que no tuvo otra intención que continuar conduciendo el putrefacto sistema político y económico que servía a los propósitos egoístas, en perjuicio de la población en general. Para no ir más lejos por ahora, solo preguntémonos si no está ahí el origen de la crisis que hoy padecemos con la Caja de Seguro Social (CSS) de cuyos fondos se sustrajeron (tras remover a Guizado) miles de dólares para el caprichoso préstamo camaronero de dos o tres personajes. Que se sepa, tal “préstamo” nunca fue cancelado.

La tesis de una decisión de la Corte que hizo todo “legal” trae otra consecuencia más funesta. Y es que con esa decisión la palabra investigación quedó siendo sinónimo de omisión. El objetivo de las fuerzas que condujeron la investigación fue el de omitir información que pudiera afectar intereses inconfesables del poder, y el de generar información para afectar al poder saliente que representaba en ese momento el señor Guizado.

Dijo Zúñiga en 1957 “La Comisión Investigadora designada por la Asamblea Nacional no realizó una labor totalmente eficiente. En los expedientes y en otros documentos reposan informes, datos, que debieron ser investigados con toda severidad. Esos datos están ligados a dos posibles causas del crimen...”. [Subrayado nuestro] Aquí Zúñiga se refería al posible asesinato por una “banda internacional de narcóticos” [Subrayado nuestro] y “acciones y omisiones” de altos Oficiales de la Guardia Nacional de Panamá. (Zúñiga, Carlos Iván, El proceso Guizado, un alegato para la Historia, Panamá, 1980, 2da edición, p. 50). Desclasificados de EU, ya van mostrando la información que Estados Unidos manejó desde los primeros días de la investigación sobre nexos del narcotráfico con prestantes figuras del mundo político y económico en Panamá, algunos de ellos vinculados al proceso contra Guizado.

Y aún con sus maniobras, el resultado fue groseramente revelador pues, gracias a que existió al menos una voz como la de Zúñiga, se puede examinar el expediente para verificar esta categórica afirmación sostenida por un experto en derecho penal: “En las 1400 páginas del proceso no observamos un solo testimonio, ni siquiera un indicio o una sospecha ligera en el sentido de que el Ing. Guizado deseaba causarle la muerte al Presidente Remón” (Zúñiga, Carlos Iván, El proceso Guizado, un alegato para la Historia, Panamá, 1980, 2da edición, p. 81). Otros abogados siguieron la línea crítica iniciada por Zúñiga al decir (por ejemplo Vaccaro) que “cuando un proceso penal” se convierte no en una garantía, sino en una persecución “no hay justicia sino venganza” (Vaccaro, Carlos El proceso Guizado o un error judicial de procedimiento, 1958) o Materno Vásquez que décadas más tarde agregó: “la sentencia condenatoria” fue dictada con intervención de “magistrados diputados” quienes “habían actuado como investigadores y Fiscal, ejerciendo la acción penal en contra de Guizado” (Materno Vásquez, Juan, Anatomía de una infamia, Panamá, 1987).

Zúñiga tenía a su favor estas cualidades: (1) Credibilidad intachable (2) Haber sido testigo presencial del proceso (3) Haber investigado el caso fáctica y doctrinalmente para concluir un estudio profundo, que fue su tesis. No nos atrevemos a dirigir las mismas consideraciones con los autores de los otros dos libros que siguieron la ruta inicial trazada por Zúñiga (me refiero a Carlos Vaccaro y Juan Materno Vásquez).

Insistimos en que el gran origen de la negación de la verdad está en el proceso político que produjo un expediente construido, no para una gran investigación, sino para una gran omisión.

Todo lo que hemos escrito quedó encubierto gracias a la “legal” decisión de la Corte y el amañado expediente de la Asamblea que resultó de las maniobras. Quizás el título de un nuevo libro pudiera ser: “¿Quiénes encubrieron el crimen de Remón?”