¿Panamá perderá un arbitraje ante First Quantum por el cierre de la mina de cobre?

Días de revueltas callejeras y frases destempladas, amenazas y acciones reivindicativas en torno a la exigencia popular de la cancelación de la mina que la canadiense Firts Quantum Minerals opera desde 1997 en la costa caribeña de Panamá pinta el escenario para un eventual arbitraje internacional al que puede llevar la empresa al país.

¿Una demanda por 100.000 millones de dólares si le cierran la mina?, o sea, más de dos veces el total de la deuda pública panameña reclamaría la empresa minera si es expulsada del yacimiento cuprífero de Donoso, en Colón, según un ministro del gobierno de Laurentino Cortizo, que vive los momentos más bajos, hasta ahora, de su administración.

Primero, “¿de qué estudio económico sacan esa cifra? A ver ,que lo muestren. Ni la mina más grande de Chile o Perú podría demostrar que una suma así debería ser una compensación”, expresó el economista, experto en mercados financieros y periodista peruano, Eduardo Recoba, al conocer la crisis que se vive en el país centroamericano.

Con Recoba conversamos esta semana en Bogotá a propósito del caso panameño, que trasciende fronteras desde hace varios días, desde la perspectiva de venir de un país cuyo 60% de exportaciones lo genera la minería.

Señaló que “evidentemente Panamá no es un país minero, por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado con la información que reciben, mucha es la retórica de la empresa extractiva que apela a argumentos ad ignorantiam y utilizan a sus gestores en medios, a economistas que hablan bien del proyecto, economistas que sacan datos que tú no sabes cómo fue diseñada esa metodología”.

“Les diría, no sean maniqueos, la mina no es necesariamente mala, tampoco sean muy confiados, la mina trae externalidades negativas y como sociedad civil, como comunidad se organicen institucionalmente, de espíritu privado, para poder encarar esas deficiencias que tiene América Latina de instituciones débiles, corruptas, precarias que al final decantan en un Estado que no las va a apoyar”.

Recoba, que difunde información económica para Epicentro TV de Lima (Perú), comentó que “vengo de un país que en un año ha registrado 250 conflictos socimedioambientales, es una experiencia desastrosa, en función de la carencia de política pública para enfrentar estos problemas”.

Siempre ha sido un patrón recurrente que el Estado, como primer actor, asume el papel de “observador, en el que no se toma mayor decisión y no se convoca a la sociedad civil”, y el segundo actor, que es la empresa extractiva, señala, “que asume un rol más activo que el Estado, para bien y para mal, ojo, no siempre funciona en contra de la comunidad”.

Pero “hay que tener en cuenta que la empresa también ha tenido una vocación de irse por el camino fácil, que es darle dinero a la comunidad, y eso es un fracaso, eso no funciona”, explica.

La comunidad es ese tercer actor que, “siempre ha sido usado como un pivote entre un Estado ausente y una empresa que ha ido por la vía fácil”, de acuerdo con Recoba.

Desde su óptica, los roles deben cambiar, el Estado debe “hacer gestión política protegiendo a la comunidad, a los pueblos originarios, necesitamos a una empresa extractiva que asuma otro rol, que no dé dinero, que no regale camionetas 4x4, hay grupos mineros grandes que han construido hospitales de clase 3, que han cuidado el acuífero, que han cuidado el bosque, que han colocado profesores, escuelas”.

“Pero también hay empresas mineras que han hecho todo lo contrario, dar dinero y olvidarse, judicializar todo el tema medioambiental, todo el tema social, incluso ha habido empresas que simplemente han pasado de la ley, no han considerado la licencia social que tiene que otorgarle la comunidad”, reseñó.

Como en el caso de Panamá, cuyo Gobierno desoyó las advertencias e impuso un contrato a espaldas de este clamor, además de tener una declaración de inconstitucionalidad de un pacto anterior, generando la reacción de rechazo callejero, el economista dijo que “sí, eso ha ocurrido en Perú”.

“La retórica siempre ha sido que cualquier rechazo a una iniciativa, a un proyecto minero ha provocado la reacción de determinado sector desde las instituciones o autoridades políticas con la narrativa siguiente: que son contra inversión privada, que son antiinversión privada, que se mueven por intereses políticos, pero acá no hay que ser tan maniqueos, algo de eso existe”, refirió.

Recoba dijo que de los 250 conflictos en su país, “por lo menos la mitad tiene intereses políticos, quizá la otra mitad tiene legitimidad desde la lucha medioambiental, proteger el acuífero, proteger el bosque, la siembra familiar, hay zonas muy grises, pero es cierto que dentro de este rango hay mucho actor político que no es muy transparente”.

Señaló que, al menos en el Perú, hay casos en que el Estado ha sido querellado ante el CIADI, considerada la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, también se denunció funcionarios por facilitar gestiones para favorecer a la minera y a gestores nativos, no abogados, que les cobran a las comunidades.

“Hay zonas grises que están muy poco estudiadas y que creo deben ser tomadas en cuenta al momento de asumir una decisión, como es el caso de Panamá”, recomendó.

Declaró que, en su experiencia, “en CIADI no gana ninguno de los dos, prolonga los conflictos ya sea porque las mineras tienen poder de contratar grandes estudios de abogados, de esos que te cobran 500 dólares la hora si les llamas por celular y 1.500 si es presencial y esto provoca que haya prolongación”.

“Me dirás que esto no conviene a la minera, pero sí le conviene porque la minera se acoge a las cláusulas de letras pequeñitas que les permiten explorar, expandir el proyecto, les permite ganar tiempo, cuando esto ya cumple un ciclo la dirimencia del CIADI se cae, ya sea porque hay una figura legal y allí comienza la presión más política por parte de la minera y provoca que un Gobierno influenciado termina aceptando el proyecto”, advirtió.

Consultado el ministro colombiano de Comercio, Industrias y Turismo, Germán Umaña, este fue directo al hablar “al hermano pueblo de Panamá” sobre el contencioso en ciernes con First Quantum, porque consideró que es “un ejemplo bien interesante, ahorita van a hacer un plebiscito, o como se llame, seguramente van a decir 'hay que anular ese contrato'”.

“Lo vamos a decir, una población mayoritaria, resulta que cuando lo aprueben, los van a demandar y cuando los demanden van a tener que cumplir, y cuando tengan que cumplir van a tener que pagar”, añadió.

Umaña reiteró “qué ejemplo más claro el de Panamá, huy lo que ocurrió en Ecuador, cuando hicieron que la Chevron (cierre) y al final decían que hubo un plebiscito y una decisión nacional de política, igual tuvieron que pagar”.

“Lo que hay que cambiar es la norma, la institucionalidad y tratar de modificar las condiciones, pero las fuerzas que protegen a los inversionistas por encima de los estados siguen siendo muy poderosas”, advirtió.

“Y Latinoamérica es la débil, nosotros no estamos urgiendo tumbar con la seguridad jurídica, estamos pidiendo que se cambie las inequidades entre los inversionistas y los Estados y estamos diciendo que la naturaleza está por encima de la inversión y este es el caso de Panamá”, enfatizó el ministro.

Lamentó que ese principio, en el caso de su vecino, “resulta que no está por encima, eso es una tragedia, haber firmado esos acuerdos en las condiciones que se firmaron porque los costos sociales, ambientales, de la vida, en Panamá van a ser inmensos, frente a los intereses de una empresa de cobre y, sobre todo, canadiense”.

Agregó que la empresa “es la que mayor cantidad de denuncias tiene en el centro internacional de solución de controversias en el mundo porque entendieron perfectamente que ganan más no produciendo, no con proyectos de desarrollo sino demandando a los Estados”.

En otro orden de cosas, a Panamá puede ayudarle en estos momentos la cooperación de Argentina, que ya cuenta con una “Guía de recursos de buenas prácticas para el cierre de minas”, presentada en abril pasado por la Secretaría de Política Minera del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

En la provincia argentina de Salta, la empresa First Quantum Minerals y la subsidiaria Corriente Argentina se alistan para explotar en 2024 una mina de cobre  de clase mundial  que prevé una inversión de 4.000 millones de dólares  y la creación de alrededor de 9.000 empleos, de acuerdo con el gobernador de esa región, Gustavo Sáenz.

El proyecto de cobre se llama Taca Taca y queda en Tolar Grande.

El vicepresidente de Taca Taca en Argentina, Carlos Ramos, explicó que  es un proyecto que estima poder exportar 2.000 millones de dólares al año.

El autor es periodista independiente y profesor universitario