Panamá llama a consulta a su embajador en Nicaragua

El Gobierno panameño reiteró este 22 de abril, a través de una nota, su ‘más enérgica protesta’ a la República de Nicaragua por la permisividad que ejerce con el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en la sede diplomática. La Cancillería reclamó “el desplegado de acciones desde la sede diplomática en Panamá con fines político-partidistas”, aunque no especificó las faltas cometidas por el asilado.

Esta es la cuarta vez que la Cancillería panameña reclama a Nicaragua sobre la conducta de Martinelli, quien desde el pasado 7 de febrero se encuentra asilado en la embajada de ese país alegando persecución política. En esa fecha, aún corría como candidato para la Presidencia que se define este 5 de mayo. Pero unos días antes, había sido condenado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, lo que constitucionalmente lo dejaba fuera de la carrera presidencial. Sobre Martinelli también pesa una orden de captura emitida por la jueza del caso.

La nota de la Cancillería, no obstante, no especifica las faltas a las que se refiere. “La República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de Nicaragua, que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional”, se lee.

Además, informó su decisión de llamar a consulta a la representación de Panamá en Nicaragua, el embajador panameño José De Jesús Martínez, a partir de la fecha de recepción de la comunicación. En materia de derecho internacional, llamar a consulta a un embajador es un llamado de atención serio para Nicaragua. No siempre ocurre, pero podría ser el preámbulo de la ruptura de relaciones entre ambos países.

Antes, Martínez y el equipo de la Cancillería deberán reunirse para discutir el tema y tomar una decisión con respecto a la escalada de tensiones entre ambos países. Entre las alternativas puede ocurrir que Panamá declare non grata a la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval, o tomar una decisión más drástica, que es romper relaciones, según manda el protocolo, aunque no necesariamente en ese orden. No obstante, la prudencia diplomática recomendaría no adoptar una posición tan drástica.

Si se deciden por la primera opción, la embajadora deberá abandonar Panamá y Nicaragua debería nombrar su reemplazo, podría ser un encargado de negocios o un vocero político nicaragüense. Pero eso implica que las relaciones entre ambos países quedan a ese nivel, rebajadas. No obstante, el estatus del asilado no varía en ese caso.

Pero de romper relaciones, las versiones sobre lo que puede ocurrir con Martinelli difieren según los abogados consultados, ya que Nicaragua no es parte de la Convención de Caracas. Por un lado, abogados en la materia expresan que Panamá estaría obligada a cumplir con la Convención de Caracas y entregar el salvoconducto a Martinelli para salir del país, sin importar si Nicaragua es signataria. Por otro lado, hay quienes opinan, como el profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia, que Martinelli quedaría en indefensión total, porque ni la Convención de La Habana o la de Montevideo consideran que puede retirarse con el asilado. “Quedaría en el aire totalmente”, señala.

Nicaragua debe responder la nota que recibió de la Cancillería panameña. En dado caso, “el argumento que podría emplear es que a Martinelli no se le puede negar el derecho de expresión ni el ejercicio de sus derechos políticos contemplados en los convenios de derechos humanos, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los principios generales del derecho del sistema interamericano, los cuales son posteriores a los convenios de asilo, y por tanto aplicables”, manifestó el abogado, catedrático de derecho internacional Pedro Sittón.

Por otra parte, una fuente oficial reiteró a La Estrella de Panamá que ante la petición del salvoconducto para que Martinelli abandone el país, la Cancillería no tiene previsto concederlo.