En Panamá hay 2 mil 573 personas en condiciones de refugiados

En la actualidad, la República de Panamá solo reconoce estatus de refugiado a 2 mil 573 personas. Esa cifra comprende desde 1990 hasta la fecha.

Luego de la promulgación del Decreto N° 5 del 16 de enero del 2018, por la cual se aprueba la Convención y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados y que hace una clara diferencia entre refugiado y migrante, se registró una reducción en la cantidad de peticiones de protección internacional.

Hussein Pitty, director de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar), una dependencia del Ministerio de Gobierno (Mingob), destacó que existe diferencia entre una persona que llega a nuestro país y solicita refugio porque se siente en peligro y aquellos que solo van de paso hacia otras naciones y que son atendidos por otras entidades como el Servicio Nacional de Migración.

Luego del 2018, según información divulgada por Onpar, se recibieron más de 10 mil solicitudes; en el año 2019, 9 mil 675; en el 2020, solo 655 y el año pasado, unas 511.

Las nacionalidades que más personas refugiadas tienen en Panamá son Colombia, seguida por El Salvador, Nicaragua, Cuba y Venezuela.

La persona refugiada es la que sale de su país a otro, por violencia o guerra, y tiene miedo de regresar a su país. Esta persona sale de su país porque alguien le hizo daño o quiere hacerle daño por razones muy específicas. Al llegar al otro país la persona refugiada solicita, o pide, un permiso legal. Este permiso legal es una forma de protección en el nuevo país que incluye que no se le puede enviar de vuelta a su país en donde su vida está en peligro.

Para solicitar el permiso legal de protección en otro país tienes que pasar por un proceso oficial. El proceso incluye un formulario y entrevista con oficiales del gobierno.

El artículo 30 del Decreto Ejecutivo No. 5 de 16 de enero de 2018 señala que la presentación de la solicitud se tiene que hacer dentro del término de seis meses contados a partir del día hábil siguiente al que se haya ingresado al país.

En caso que no sea posible presentar la solicitud por escrito, esta se presentará verbalmente, debiéndose asentar en un acta las manifestaciones del solicitante. Si este por cualquier motivo no tiene posibilidad de comunicarse verbalmente, la ONPAR adoptará las medidas necesarias para hacer constar en el documento correspondiente dichas manifestaciones.

Los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados tendrán los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los instrumentos de carácter internacional de derechos humanos ratificados por la República de Panamá, en particular, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, con la limitaciones y excepciones establecidas en estos.

Un estudio de la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, reveló que en 2019, más de tres cuartas partes de los refugiados comían tres o más veces al día. Según el reciente informe que evalúa el impacto de la COVID-19 en las vidas de las personas forzadas a huir en el país, el número se redujo drásticamente a una cuarta parte del total en 2021 a causa de la pandemia.

Ahora, el 53% de los refugiados comen máximo dos veces al día, y casi la totalidad desmejoró la calidad de los alimentos.

La información revelada en octubre de 2021, a 18 meses del primer caso de la covid-19 en Panamá, establece que los refugiados y solicitantes de asilo en el país, continúan enfrentando grandes retos para cubrir sus necesidades.

A la ACNUR le preocupa el retroceso en el acceso a derechos básicos por parte de las personas forzadas a huir, a causa de la emergencia sanitaria.

“Las personas refugiadas y solicitantes de asilo, incluso en las mejores circunstancias, suelen ser vulnerables. La pandemia “a empeorado esta situación” señaló Renee Cuijpers, Representante Adjunta de la Oficina Multi País de ACNUR en Panamá, según una nota de prensa fechada en octubre de 2021 .

Según el estudio, alrededor de la mitad de las personas encuestadas no ha podido pagar la renta en los últimos tres meses y 15% se encuentra en riesgo de desalojo. Además, 37% de las niñas y los niños refugiados en edad escolar no tuvieron acceso a recursos o herramientas para acceder a la educación virtual.

El estudio fue realizado a partir de 366 entrevistas telefónicas llevadas a cabo entre abril y julio 2021, con una cobertura de 956 personas. El cuestionario se enfocó en el acceso de las personas entrevistadas a necesidades y servicios, acceso a los derechos y principales impactos de la crisis de salud COVID-19 en la situación general de los hogares.

El informe también consta de dos análisis temáticos para personas refugiadas provenientes de Venezuela y de Nicaragua.

Panamá es hogar de más de 15,500 personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado, en su mayoría de Colombia, Nicaragua, Venezuela y El Salvador y Cuba. Entre los participantes de la encuesta, el 80% dice tener una relación positiva con la comunidad local; el 90% se siente seguro.

Los migrantes están ingresando a territorio panameño por el área de Jaqué, en la provincia de Darién, lo que denota un cambio de ruta, ya que antes ingresaban por el área de Bajo Chiquito.

Según las estadísticas registradas por el Servicio Nacional de Migración más de 6 mil migrantes han pasado por la selva darienita entre los meses de enero y febrero del 2022.

La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, aseguró que entre los migrantes que han pasado por nuestro país se han detectado a extranjeros que mantenían alertas por casos pendientes en sus países de origen.

A diferencia del 2021 cuando la mayoría de los migrantes eran originarios de Haití, desde enero y lo que ha transcurrido febrero de este año, están migrando con mayor recurrencia los venezolanos.

Gracias a los equipos biométricos instalados en los puntos de entrada de migrantes al país, a través de las huellas digitales se han podido identificar a personas que mantienen alertas de seguridad vigentes en sus países de origen o son requeridos por otras naciones. En lo que va del año estas alertas suman 10, por delitos como: homicidio, estafa, fraude, entre otros.

El año pasado culminó con el tránsito de un total de 134 mil migrantes irregulares.