Panamá y la geopolítica contra las drogas

Como decía Napoleón Bonaparte en una de sus tantas citas relevantes: “la política de todas las potencias está en su geografía”. Y la cuestión de las drogas como política exterior, además de que no es nueva, también incorpora el interés por el posicionamiento geográfico. Si bien la disciplina surgió a finales del siglo XIX y comienzos del XX, lo cierto es que continúa siendo un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas.

Es antiguo el uso de las drogas como política exterior por parte de las grandes potencias occidentales contra países subdesarrollados. Esta práctica diplomática la inauguró Inglaterra en el siglo XIX contra la dinastía feudal Qing en China, desatando dos conflictos bélicos de grandes proporciones y gran impacto regional: las llamadas Guerras del Opio, las cuales todavía hoy tienen consecuencias político-culturales y territoriales para la nación oriental. La derrota de la China feudal obligó a la dinastía reinante a firmar los tratados de Nankin (1842) y de Tien-tsin (1860), como parte de los denominados tratados desiguales. ¿Las causas?, ni más ni menos que los grandes intereses económicos creados por el contrabando británico de opio en la India y en China, y los esfuerzos de aquel legendario imperio chino por imponer sus leyes a ese comercio.

Esos tratados, producto de las derrotas en las dos Guerras del Opio, obligaron a China a tolerar el comercio de opio, a pagar onerosas indemnizaciones de guerra, a abrir puertos para el comercio, a ceder territorios a Inglaterra como la isla de Hong Kong y la península de Kowloon, y también a hacer concesiones de puertos a extranjeros. Incluso Portugal, como mediana potencia europea de entonces, forzó los términos de intercambio desigual con China y la ampliación del dominio sobre Macao, bajo dominio portugués desde el siglo XVI.

La invasión de Panamá de 1989 constituyó la expresión regional en las Américas, del fin de la Guerra Fría, replanteando el predominio estadounidense en la región, y específicamente en la ruta de tránsito y la región interoceánica en Panamá, a través de una política exterior de seguridad articulada en torno a un imaginario y a una estrategia geopolítica conocida como “guerra contra las drogas”, cuyo origen se remonta a 1971.

Ya en nuestro tiempo, si bien el expresidente estadounidense Richard Nixon declaró en 1971 la “Guerra a las drogas”, afirmando que el abuso de las mismas era el “enemigo público número uno”, realmente fue hasta el año 1986 cuando Ronald Reagan emitió una Directiva Nacional de Seguridad declarando que el tráfico de drogas era una amenaza “letal” para Estados Unidos. A partir de ese momento, se autorizó el empleo de las fuerzas armadas estadounidenses para combatir la producción y el tráfico de las drogas, principalmente en los países del área del Caribe, un territorio que siempre Estados Unidos ha denominado “su patio trasero”. En este contexto, la invasión de nuestro país en 1989 representó la primera vez que EE.UU. acumulaba buena parte de su poderío militar para invadir otro Estado en nombre del “narcotráfico”.

La invasión de Panamá en 1989, más allá de un mero hecho regional, se trató de un eslabón de la transformación global o cambio de época que iniciaba entonces entre la moribunda Guerra Fría y el nuevo tiempo que nacía, la Posguerra Fría. Por tanto, si el desarrollo de la guerra contra la drogas estaba claramente asociado a dos momentos muy decisivos, 1989 y 2001, años representativos de la caída del Muro de Berlín y los atentados de Nueva York (Linton, 2015), la estrategia de guerra contra las drogas que se aplicó en Panamá en 1989, fue la antesala de una serie de conflictos que unos años más tarde se conocerían con el nombre genérico de “nuevas guerras”.

De acuerdo con Segato (2016), estas nuevas formas de guerra, caracterizadas por la informalidad, se despliegan en un espacio que podemos caracterizar de para-estatalidad porque se encuentra controlado por corporaciones armadas con participación de efectivos estatales y para-estatales, en medio de significativas transformaciones que son parte de la informalización de la guerra, tanto como la centralidad que asume en ellas lo que se conoce como “pedagogía de la crueldad” contra aquéllos que no juegan el papel de antagonistas armados –mujeres, niños y ancianos– en los enfrentamientos.

En medio de un ambiente estragado y viciado por la invasión militar, 20 días después de la acción militar, el 10 de enero de 1990, Panamá y EE.UU. firmaron el Memorándum de Entendimiento Lima-Levitsky, dando lugar a una serie de nuevos compromisos, con el propósito de combatir la producción y tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas internacionales. De este modo, a pocos años del traspaso de la vía interoceánica a Panamá, los acuerdos posinvasión (1990-2004) abrieron una nueva etapa en las relaciones entre los dos países y establecieron un marco jurídico inédito y sustancialmente diferente a los tratados Torrijos-Carter y a toda la historia de tratados anteriores.

Ante aquellos extraordinarios costos humanos y absoluto fracaso en el logro de sus objetivos declarados, es indispensable abrir un debate –que de hecho ya está vigorosamente en marcha en muchas partes del mundo– sobre las consecuencias de las guerras contra las drogas y acerca de alternativas a la criminalización del consumo de estas. Se trata de un asunto que nos afecta a todos. No se puede aceptar, por lo tanto, que en una sociedad que se proclama democrática la guerra contra las drogas desde la perspectiva militarizada estadounidense siga siendo un tema ausente del debate público.

Y es que a pesar de que la nación sigue siendo una categoría clave para entender cómo funcionan las prácticas geopolíticas en la construcción de identidades colectivas, lo cierto es que en el reciente debate en torno a la existencia del inefable Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan), la idea de 'nación' quedó arrinconada, dejada de lado en medio de los frágiles argumentos con los cuales se intentó justificar el cumplimiento de tareas relativas al control de drogas que este centro dice cumplir, sobre todo a nivel regional y local.

Cuando se habla de geopolítica de las drogas emerge un creciente interés por lo inter o transnacional de la cuestión, pero ocurre que se soslaya de un modo recurrente a la nación y a la ciudadanía que la objetiva. Por tanto, es necesario hacer reaparecer la nación, situarla dentro de esas coordenadas internacionales y transnacionales que amenazan con erosionar los compromisos internacionales que tiene Panamá con los Estados que han suscrito el Protocolo de Adhesión al Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá de 1977.

La autora es docente universitaria y especialista en relaciones internacionales, UP

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