Nueva ley del Seguro Social será sancionada hoy

Actualizado
  • 18/03/2025 11:01
Creado
  • 18/03/2025 09:30
La norma introduce cambios clave en distintos aspectos del sistema de pensiones y la administración de la entidad

Diferentes miembros del Consejo de Gabinete confirmaron que el presidente José Raúl Mulino sancionará este martes la nueva norma aprobada recientemente por la Asamblea Nacional para modificar la Ley No. 51 de la Caja de Seguro Social (CSS).

La normativa ha generado un amplio debate en diversos sectores del país, especialmente entre sindicatos, gremios médicos y economistas, quienes han expresado preocupaciones sobre los posibles impactos en el sistema de pensiones y la sostenibilidad financiera de la CSS.

Por su parte, el Gobierno ha defendido la reforma argumentando que busca garantizar la estabilidad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como mejorar la administración de los fondos y la prestación de servicios a los asegurados.

Diversas organizaciones han anunciado manifestaciones y posibles huelgas en rechazo a la aprobación de la ley, mientras que el Ejecutivo ha reiterado su llamado al diálogo y al consenso para atender las inquietudes de la ciudadanía.

Se espera que tras la sanción presidencial sea publicada en Gaceta Oficial, entrando en vigor de inmediato.

¿Qué cambia con la nueva ley?

La nueva ley introduce cambios clave en distintos aspectos del sistema de pensiones y la administración de la entidad.

En cuanto a la edad de jubilación, la nueva normativa mantiene los mismos requisitos: 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

Sin embargo, quienes decidan retirarse antes de esta edad recibirán una pensión reducida en función de su edad y género.

Los aportes y contribuciones también experimentan modificaciones. Los empleados deberán aportar el 9.75% de su salario, mientras que las empresas aumentarán gradualmente su contribución del 13.25% al 15.25% en los próximos años.

Por su parte, los trabajadores independientes destinarán el 9.36% de su ingreso cotizable al programa de pensiones y el 8.5% para el seguro de enfermedad y maternidad.

Además, el Estado aportará anualmente $20.5 millones para cubrir fluctuaciones de tasas de interés, $25 millones para el programa de Enfermedad y Maternidad y $966 millones para reducir el déficit actuarial.

También se destinará el 50% de los aportes de empresas públicas y mixtas que exploten recursos hídricos.

En cuanto al cálculo de pensiones, la reforma establece que el monto mensual se determinará con base en el promedio salarial de los mejores 10 años de cotización.

Dentro del Subsistema Mixto, se considerarán salarios de hasta $500 mensuales para el cálculo del beneficio.

Por otro lado, el Componente de Capitalización Solidaria aplicará una tabla de cálculo ajustada según salario y edad del trabajador.

La reforma también introduce cambios en la Junta Directiva de la CSS. Los miembros tendrán dos reuniones programadas al mes y recibirán una dieta de $200 por sesión y $50 por reunión de comisión permanente, con un límite de $1,200 mensuales. Además, su período será de cinco años sin posibilidad de reelección.

En materia de estabilidad laboral y despidos, los funcionarios con más de dos años de servicio y evaluaciones satisfactorias obtendrán estabilidad en el cargo.

No obstante, se incorporan nuevas causales de despido, como negligencia grave que afecte a los asegurados o a la CSS, incumplimiento del horario laboral, dos evaluaciones de desempeño negativas consecutivas y la falta de certificación de competencia profesional cuando aplique.

Las inversiones de la institución serán reguladas por la Comisión de Riesgos e Inversiones de la Junta Directiva. La reforma permite la contratación de intermediarios financieros y asesores de inversión, priorizando al Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros.

Hasta el 90% de las inversiones podrán ser ejecutadas por estas entidades, mientras que el 10% restante quedará en manos de administradoras de inversiones privadas. La Dirección General de la CSS mantendrá la supervisión y responsabilidad sobre estos fondos.

Finalmente, la sostenibilidad del sistema será evaluada seis años después de la entrada en vigor de la reforma.

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