Polémica por construcción de hidroeléctricas a nivel nacional

La activista ambiental, Claudia Figueroa, manifestó en Prohibido Prohibir de RCM que al menos 36 nuevas hidroeléctricas están en construcción en las áreas de Chriquí Viejo y Chiriquí, y 14 plantas térmicas en otras áreas del país. Dijo además que otros 100 proyectos hidroeléctricos están en espera de ejecución en todo el territorio nacional, todos con la autorización de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM).

Figueroa aseguró que ninguno de estos proyectos tienen un estudio de impacto ambiental aprobado por expertos ambientalistas, los cuales, de realizarse, generarán serias consecuencias en los ríos y en el medioambiente, al producir contaminaciones en las aguas naturales. Los más afectados de estos proyectos serán los indígenas, quienes utilizan el vital líquido para los quehaceres del hogar.

Del mismo modo aclaró que son 152 las empresas que están interesadas en estas licitaciones a nivel nacional, pero que sólo 36 han sido aprobadas. Resaltó que están a la espera de otras 116 compañías, porque según explicó se trata de un mega proyecto, donde las autoridades no han pensado en el futuro de los indígenas.

Figueroa hizo entrega de la documentación que constata que entre los representantes legales de las empresas oferentes figuran importantes personajes políticos, de anteriores e incluso actuales administraciones, a destacar el nombre de la ministra de Trabajo, Alma Cortés por la empresa RICAMAR del presidente Ricardo Martinelli. Además aparecen José Lewis Galindo, Gabriel Galindo, Aldo Lopéz y Eric Del Valle, entre otros.

El abogado Javier Vique señaló por su parte, que en Panamá no se respetan las leyes, ya que cualquier persona puede participar en la licitación de una concesión sin que tenga que presentar un estudio de impacto ambiental; Vique recordó que la ASEP debe tener una mayor y más efectiva regulación para con las empresas, al igual que la ANAM, ya que en este caso se trata de 152 compañias, donde no se conoce qué previsiones tienen dichas empresas para evitar algún tipo de afectación a la salud humana.

El jurista Vique y la activista Figueroa exigieron a las autoridades de la ASEP y ANAM una moratoria de las empresas interesadas restantes, para dar lugar a la aplicación de una serie de investigaciones a las compañias, de forma que se puedan revisar los estudios de impacto ambiental las justificaciones que detallen por qué no perjudican la salud de los panameños.