MP inicia investigación contra el director general de Trabajo

El Ministerio Público inició una investigación por el delito de abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra Antonio Vargas Atencio, actual director General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

La investigación ha dado inicio la presente semana luego de la admisión de una querella criminal en su contra interpuesta por el abogado Rolando Rodríguez, en representación del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (SITIESPA).

De ser encontrado culpable, el funcionario enfrenta una pena de hasta dos años e inhabilitación de funciones públicas.

Sobre la querella, el secretario General de SITIESPA, Jorge Alegría, detalló que el funcionario querellado ha incurrido en varias extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones que han afectado el funcionamiento de la organización sindical.

La última de estas acciones ilegales fue dejar sin efecto, mediante un fallo de esta dirección, la designación de dos miembros de la Junta directiva de la organización sindical, situación que afecta directamente el desempeño de la organización y, además, ha puesto en peligro el puesto de trabajo de una de las designadas, la cual labora en la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) y está siendo objeto de presiones para conseguir su despido de forma injustificada.

El abogado Rolando Rodriguez, en representación del Sindicato, se mostró confiado en que el Ministerio Público ha comprendido la gravedad de las acciones señaladas e imputará cargos contra señalado funcionario público en los próximos días.

El sindicato realizó un piqueteo en las instalaciones del Ministerio Público como medida de respaldo a las acciones legales tomadas y se contó con la participación de miembros de la CONUSI y otras organizaciones sociales y sindicales.

Vargas Atencio fue querellado por los delitos contra la administración pública, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

En la acción legal, los querellantes demuestran cómo mediante resoluciones y notas, el funcionario de forma abusiva contravino normas establecidas en el Código de Trabajo, afectando directamente el buen funcionamiento de la organización sindical.

También se ha iniciado una acción civil por daños y perjuicios causados por las acciones tomadas por el director General de Trabajo, cuya cuantía fue fijada en cincuenta míl dólares.