Minseg, dispuesto a discutir extinción de dominio para narcotráfico y crimen organizado

Al ministro de Seguridad (Minseg), Juan Pino, le está costando un mundo que los diputados aprueben el proyecto de ley de extinción de dominio. En abril de 2021 se presentó en la Asamblea Nacional para convencer a los diputados de la necesidad de aprobar la ley como una herramienta para debilitar las operaciones del crimen organizado. Pero no tuvo eco.

En buen panameño, el proyecto quedó engavetado, y por los vientos que soplan parece que a pocos días de terminar el segundo periodo legislativo, el proyecto podría quedar sin siquiera pasar el primer debate.

En un nuevo intento por discutir el proyecto, los diputados volvieron a echar un vistazo al texto en la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, pero notaron una serie de “incongruencias jurídicas”, que motivaron estudiar el tema en una subcomisión técnica que debe presentar sus recomendaciones alrededor del 19 de octubre (diez días hábiles a partir del 5 de octubre).

Tomando en cuenta que el periodo legislativo termina el 28 de este mes, algunos apuestan a que el debate quedará pendiente para el próximo año. Se trata de la segunda ocasión en que se designa una subcomisión para estudiar el texto. En febrero pasado la subcomisión estuvo integrada por tres diputados, incluido el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, pero no se puso un tiempo límite para entregar las recomendaciones. Tampoco se hicieron. Lo que, para algunos, el tira y jala sobre analizar el contenido sin discutir a fondo el problema, aparenta un mareo de la Asamblea para evitar aprobar la ley.

La redacción entre lo presentado en 2021 y lo que se discute actualmente no ha cambiado. El catálogo de delitos que permiten una acción de extinción de dominio abarca todos los contemplados en el Código Penal. Esto incluye la corrupción, además de otros delitos comunes, con carácter retroactivo. Es así como el tema se ha tornado espinoso y polémico, porque según la apreciación de algunos diputados y abogados, el asunto se convierte en un debate político en lugar de analizarse como un instrumento operativo que complementa las faltas del sistema penal.

La retroactividad de la ley, por ejemplo, podría implicar iniciar la extinción de dominio sobre una finca que data a inicios de la República. En la Asamblea hubo quienes plantearon establecer una entrada en vigor dependiendo del catálogo de delitos. En los delitos comunes aplicar la retroactividad es aún más conflictivo, pero en el interés superior de atacar el crimen organizado y narcotráfico es posible sustentarla por las connotaciones de cada crimen.

Aunado a esto, los diputados alegan que ya hay una ley contra el crimen organizado que creó medidas distintas a los delitos comunes, cuyo uso la ciudadanía considera legítimo. “Ampliar la ley a todos los delitos implica una introspección de la justicia y su vulnerabilidad, admitir que se equivoca el sistema, o no realiza un ejercicio contundente”, reflexiona a título personal el abogado Juan Carlos Araúz. Según su criterio, “es mejor tener una ley que centre la extinción de dominio en delitos de narcotráfico y crimen organizado, a no tener nada”.

Y el Minseg lo sabe. Por eso el secretario de la entidad, Jonathan Riggs, está dispuesto a centrar la discusión en los delitos de narcotráfico y crimen organizado como respuesta a los reclamos de los diputados que alegan sobre el conflicto que puede causar su redacción con la función que debe tener el Tribunal de Cuentas y el respeto a la propiedad privada.

La visión del Minseg es que el Tribunal de Cuentas tiene limitaciones que con la ley en cuestión se podrían abarcar y fortalecer de forma integral la persecución criminal y la administración de justicia contra el crimen organizado.

Riggs, quien se ha presentado en la Asamblea cada vez que es necesario explicar la propuesta ante los diputados, no ve conflicto en la implementación en cuanto al respeto a la propiedad privada. En cambio, los diputados señalan que el texto tal cual está, viola los derechos constitucionales.

“Si el bien se adquirió producto del narcotráfico, trata de personas, secuestro, robo, sicariato, extorsión, por mencionar algunos delitos, entonces no gozaría de legitimidad alguna ni de protección constitucional, como lo señala el artículo 47 de nuestra carta magna”, señala Riggs.

En las condiciones actuales, la estela de denuncias arrastra toda una vida política. Panamá se encuentra en números rojos cuando se miden los niveles de corrupción. Así lo han reflejado numerosos informes, como lo recoge Transparencia Internacional. En una sociedad cleptocrática como la nuestra, en la que la corrupción se ha institucionalizado, incluir este delito en una ley de extinción de dominio resulta mucho más complicada su aprobación tomando en cuenta que la mayoría de los diputados representa los intereses políticos y económicos de los colectivos que han dominado el poder en los últimos 30 años.

Las fuerzas representadas en la Asamblea saben que los casos penales aún no han concluido y defenderán lo que les conviene. Esa podría ser la razón por la que insisten en centrar la extinción de dominio en delitos como el narcotráfico y el crimen organizado. Una forma de probar su funcionamiento y tal vez, después añadir otros delitos, según la responsabilidad con la cual la figura entra en acción.

Los diputados independientes difieren. “La ley debe incluir todos los delitos, incluida la corrupción. “Ese dinero que puede recuperar el Estado sirve para solventar muchas necesidades de la población, es dinero que no está siendo gravado, para la Caja de Seguro Social, por ejemplo”, señala Edison Broce de la bancada independiente. Aunque se especifiquen únicamente dos delitos, según Broce, esto no será excusa para dejar de presionar que se apruebe la ley, “para que quede evidenciado cuál es la voluntad de cada quien”.

“Si entra la corrupción en la ley, habría que redactar un código especial, ya que se trata de la creación de una nueva jurisdicción completa. La ley tiene vacíos si se pretende aplicar a todos los delitos”, advierte el penalista Araúz.

Otro punto que aviva la discusión es la creación de la dirección de administración de bienes aprehendidos y de extinción de dominio de carácter autónomo, pero adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la cual se pretende administrar los bienes.

Los diputados consideran que riñe con las funciones de la Dirección de Bienes Patrimoniales, también adscrita al MEF. “Aún no se ha definido bajo qué estructura gubernamental va a estar ubicada esa jurisdicción especial, ni quién asumirá el presupuesto de operatividad de este”, manifestó la diputada Corina Cano, integrante de la comisión.

También se critica la autenticidad del documento en la realidad panameña. Riggs niega que se trate de una copia de las leyes de otros países, como aseguró el diputado Leandro Ávila, quien es parte de la subcomisión técnica que analizará el polémico proyecto de ley. Esto no está escrito en piedra, admite Riggs, se puede mejorar, adoptar aportes y recomendaciones para modificar el documento, para fortalecerlo.