Mides y Senniaf reciben informe que detalla abusos a menores

Actualizado
  • 18/02/2021 00:00
Creado
  • 18/02/2021 00:00
Este miércoles, en horas de la mañana, el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, sostuvo una reunión con la ministra de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, y con la directora de la Secretaría Nacional de Niñez y Familia (Senniaf), Mayra Silvera, a quienes entregó copia del informe elaborado por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, que recoge casos de abuso y maltrato en 14 de los 50 albergues en todo el país.

Este miércoles, en horas de la mañana, el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, sostuvo una reunión con la ministra de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, y con la directora de la Secretaría Nacional de Niñez y Familia (Senniaf), Mayra Silvera, a quienes entregó copia del informe elaborado por la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, que recoge casos de abuso y maltrato en 14 de los 50 albergues en todo el país.

Eduardo Ulloa, procurador general de la Nación

Las anteriores mencionadas no se han pronunciado sobre las denuncias que efectuó la comisión legislativa y que han reproducido los medios de comunicación en busca de respuestas porque alegaban desconocimiento del informe.

En la cita, ambas funcionarias conocieron detalles sobre el documento y “se les planteó la necesidad e importancia de la supervisión permanente de estos albergues, la revisión de las normas que rigen los mismos y los requisitos que se exigen”, indicó el procurador Ulloa a La Estrella de Panamá.

En el caso de la Senniaf, la institución tiene el deber de supervisar los albergues, de donde se han escuchado relatos que la sociedad ha calificado de intolerables sobre el abuso y maltrato a menores. El Mides, por su parte, es la institución que canaliza los subsidios a los albergues.

El procurador indicó que solicitó la cooperación de las funcionarias en las medidas que imparta la fiscalía.

De acuerdo con Ulloa, la Fiscalía de Familia, que había iniciado una investigación de oficio, “incorporará el informe y determinará las medidas urgentes que haya que tomar si así se requiere”.

Ambas funcionarias salieron de la reunión sin ofrecer declaraciones a la prensa. Desde que se destapó el informe legislativo, que se originó a raíz de una denuncia efectuada a mediados de 2020, tanto el Mides como la Senniaf han evadido los cuestionamientos de la prensa porque no contaban con copia del informe.

Por otro lado, los líderes religiosos integrantes del Comité Interreligioso de Panamá y miembros de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez (GNRC, por sus siglas en inglés), expresaron su preocupación ante los abusos y maltratos contra niños y adolescentes en varios albergues bajo la responsabilidad de la Senniaf.

La organización hizo un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad, adjudicando las responsabilidades correspondientes.

Para los religiosos, como para otros entendidos en el tema de la niñez, la coyuntura hace indispensable la creación de un sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, una asignatura pendiente de nuestro país, que sea capaz de sentar las bases de un sistema que brinde fortaleza a las instituciones competentes y establezca mecanismos que eviten nuevas situaciones de violaciones a los derechos de los menores y adolescentes.

El problema de abuso denunciado en la pesquisa legislativa se agrava en casos de menores con discapacidad.

El tema ha puesto sobre la mesa varias inquietudes sobre quién puede crear un centro de esta naturaleza en el país y qué requisitos debe cumplir, pues hace falta una regulación al respecto. Esa regulación es parte de una debilidad institucional que da pie a que se actúe con una supuesta buena fe.

Especialistas en el tema señalan la necesidad de hacer una reingeniería en la Senniaf, establecer parámetros para la contratación de personal idóneo especializado que haga la función de supervisión en los albergues.

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