Los escándalos del grupo Cobra impactan en Panamá

La compañía eléctrica Cobra, que fue parte del grupo español ACS, que es señalado como la empresa más sancionada por amañar contratos en España, hoy día busca nuevas opciones de negocios en Panamá tras haber perdido a su principal cliente y tener problemas de atraso en contratos con el Estado panameño.

Cobra ha tenido que enfrentar varios escándalos a nivel internacional, sobresaliendo su vínculo con el ex presidente del club de fútbol Real Madrid, Florentino Pérez; el problema ambiental de su concesión hidroeléctrica en Guatemala, litigios laborales millonarios, entre otros problemas.

En Panamá, se conoció que la empresa está atrasada con la entrega al Estado panameño de un generador de energía para Changuinola, un equipo que debió haber sido entregado en noviembre del año pasado.

A ello se sumarían otros problemas de atrasos en obras del gobierno que podrían terminar en sanciones, informaron fuentes oficiales.

Cobra también habría perdido el contrato de servicio de mantenimiento y reparaciones de daños con la empresa eléctrica Naturgy Panamá.

Pero el historial de la empresa española es más controversial en el extranjero, donde es vinculada al grupo ACS.

La publicación española El Diario.es informó en 2019 que este conglomerado de empresas que incluye a Cobra se convirtió en el grupo económico más sancionado por “amañar contratos y por formar parte de “carteles económicos”.

“Las multas anunciadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 15 empresas por repartirse durante más de una década 1.055 millones de euros en licitaciones de Adif han convertido a ACS en la compañía que acumula un mayor importe en sanciones de ese organismo por formar parte de cárteles”, reportó en su momento ElDiario.es.

El ‘súperregulador’ impuso a la primera constructora española un total de 82.9 millones euros en multas por esas prácticas ilegales, más que a ninguna otra empresa.

ACS es también, junto a Abengoa, la única gran compañía que ha sido multada por la CNMC por participar en esos acuerdos ilícitos en hasta tres expedientes distintos resueltos por el organismo.

La mitad del importe de las multas efectivamente impuestas fue para cuatro filiales de ACS: Cobra Instalaciones Industriales (27.2 millones), Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI; 16.4 millones), Control y Montajes Industriales (CYMI; 4,2 millones) y Electren (3.18 millones), detallo ElDiario.es.En 2016, Cobra también estuvo señalada en un escándalo ambiental en Guatemala dentro de un complejo hidroeléctrico.

Se trata del complejo hidroeléctrico Renace, que se compone de cuatro centrales sobre el río, tendrá una capacidad de generar 305 megavatios capaz de satisfacer el 15% de la demanda eléctrica del país.

Una organización no gubernamental española y un colectivo ambientalista guatemalteco exigieron la suspensión de la construcción hasta tanto no se realizara un estudio de impacto ambiental que abarque todas las fases de Renace y denunciaron que el río se estaba secando, algo que la compañía desmiente, publicó para ese entonces la BBC.

Este medio agregó que los activistas también denunciaron que el complejo hidroeléctrico afectaba la vida de casi 30 mil indígenas quekchíes.Un año antes del escándalo, la empresa Cobra Servicios Auxiliares SA tuvo otro problema en España que terminó en una millonaria multa.

Para ese entonces, Cobra destituyó en España a 140 trabajadores sin aplicarles el convenio colectivo provincial del metal.Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le dio la razón a la Confederación Intersindical Galega (CIG) en el conflicto colectivo planteado contra Cobra por no pagar a sus empleados los salarios previstos en el convenio.

Tras la presentación de este conflicto y la demanda, Gas Natural Fenosa rescindió en marzo el contrato con Cobra y alegó un servicio deficiente para adjudicárselo a la empresa madrileña Incatema, publicaron medios de comunicación en España.