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- 19/05/2009 02:00
- 19/05/2009 02:00
PANAMÁ. La Junta Directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se reunirá mañana en sesión ordinaria y recibirá al ex director de esta entidad, Humberto Mas Calzadilla, quien fue destituido de su cargo por la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, el 11 de enero de 2005.
En la reunión se espera que al médico forense se le notifique que debe regresar a su puesto. Esta destitución le saldrá caro al Estado. Tras cuatro años y cuatro meses fuera de la institución, por disposición de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Mas debe ser reitegrado y se le debe pagar 240 mil dólares por sus salarios caídos.
Como se recordará, en noviembre de 2008, la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Adán Arnulfo Arjona, declaró ilegal la destitución de Mas y ordenó su reintegro.
No obstante, la decisión de la Sala Tercera fue suspendida, luego de que la procuradora Gómez presentara un pedido de interpretación del fallo.
Mientras esto se delindaba en la Corte, Gómez había decidido abrir a concurso este cargo, por lo que el 6 de abril 2009, Mas presentó un amparo de garantías contra esta decisión, el cual fue acogido y se ordenó la suspensión de la convocatoria.
La Corte notificó el jueves 14 de mayo a Gómez del fallo favorable a Mas, quien tiene 23 años de servicio en el Instituto de Medicina Legal.
Durante estos cuatro años y cuatro meses, su puesto lo ocupó el patólogo forense José Vicente Pachar, quien ocupará otro puesto dentro del Ministerio Público.
El 3 de enero de 2005, la procuradora Gómez asumió el cargo y empezó a hacer cambios y destituciones, como la del fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera, sustituido por Luis Alberto Martínez; Edwin Guardia reemplazó a Ronier Ortiz como director del Centro de Recepción de Denuncias; y José Abel Almengor, asumió el cargo desecretario general de las Fiscalías de Drogas, en reemplazo de Arturo González.
También se dio la destitución de la fiscal Argentina Barrera Flores en agosto de 2005, pero el 28 de noviembre de 2008, la Sala Tercera de la Corte ordenó su reintegro; igual suerte corrió el fiscal Edwin Álvarez Camaño.
El trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha sido muy cuestionado por los familiares de las víctimas del envenenamiento masivo con dietilenglicol, quienes alegan el actual director, Vicente Pachar no le ha dado seriedad a los resultados de las investigaciones de los casos y que mantiene varios expedientes archivados de estos polémicos casos.
Por otro lado, Griselda Omaira Alvarado, madre del piloto Carlos Yair Julio Alavado, desaparecido en un accidente en en Punta Burica, Chiriquí, ha denunciado que esta entidad ha demostrado negligencia, omisión y manipulación de evidencias.