Las fichas de Mulino para enfrentar el crimen; los retos que les esperan

Panamá enfrenta desafíos en términos de seguridad. Para encararlos, José Raúl Mulino, presidente electo de Panamá (2024-2029), designó en la Policía Nacional de Panamá a Jaime Fernández, quien estará encargado de combatir el crimen e imponer el orden público. En el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), se queda Jorge Gobea. En el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis De Gracia.

En la ciudad de Panamá, San Miguelito y Colón se registran altos índices de delitos y crímenes violentos. En los primeros cuatros meses del año (enero a abril) se han producido 181 homicidios. Eso indica que todos los días se reportan 1,5 asesinato.

El país es una ruta de tráfico de drogas y armas por organizaciones criminales. Esto ha generado problemas en zonas fronterizas y un aumento de la actividad delictiva relacionada con drogas. En 2022, las autoridades panameñas interceptaron un récord de 138 toneladas de drogas, de las cuales 109 toneladas eran cocaína, 10 toneladas más que el año anterior.

Julio Alonso, asesor de investigaciones criminales y crimen organizado, está convencido que el reto más grande –en materia de seguridad– que afrontará el nuevo gobierno es el crimen organizado relacionado con la corrupción, la denominada narcocleptocracia.

En un segundo punto ubica a las pandillas. Alonso asegura que los grupos criminales se están tomando el país. Las pandillas representan una seria amenaza para Panamá. Su actividad delictiva incluye homicidios, extorsión, tráfico de drogas y reclutamiento de menores.

A esta cadena de situaciones le suma el alto flujo de migrantes irregulares. El año pasado (2023) registró un aumento de 52%. Un total de 520.085 migrantes atravesaron la inhóspita selva de Darién, de los cuales un 70% era de origen venezolano con destino a Estados Unidos. Estos mismos migrantes muchas veces son víctimas de abuso sexual, tráfico de personas y explotación sexual. El tapón de Darién se ha convertido en un foco de actividad criminal, donde opera el Clan del Golfo de Colombia.

Por último, Alonso recuerda lo importante que es que las instituciones encargadas de administrar justicia recuperen la credibilidad.

Jonathan Del Rosario, exministro de Seguridad Pública, explicó que los homicidios han aumentado un 20% en los últimos cinco años. Este año (2024) se han disparado los robos. Al cierre de abril hubo un aumento de 15%, en comparación con el año pasado. Se registran alrededor de 15 robos diarios, según el exministro. En general, la situación de seguridad ha sufrido un deterioro, aseguró. Para el exministro, entre los principales retos del próximo gobierno está actualizar la estrategia de seguridad nacional, que contemple un enfoque integral, que apunte a la prevención, el combate al delito y la delincuencia organizada.

Del Rosario recomienda adoptar una política nacional de prevención que contemple tres niveles. A nivel primario, con jóvenes y menores de edad. A nivel secundario, con personas en riesgo social. A nivel terciario, una política de resocialización para los presos.

Además, recomienda fortalecer las capacidades institucionales de todos los estamentos de seguridad, con uniformes, artículos defensivos y tecnología de punta para reducir los tiempos de respuesta en casos de emergencia.

Por último, el exministro recomienda atender la reforma del Sistema Penal Acusatorio, el Código Penal y las casas de paz. Sin olvidarse de fortalecer las capacidades del sistema de investigación judicial, para poder ser más efectivos no solo en aprehender a personas vinculadas, sino en alcanzar condenas.

Rolando Mirones, exdirector de la Policía y exministro de Seguridad Pública, cree que lo primero que debe hacer el nuevo gobierno es la implementación de la ley del Servicio Nacional de Emergencias 911. Según Mirones, cuando se implemente esta ley se tendrá el efecto completo de la tecnología en la seguridad ciudadana, y las respuestas a los llamados de los ciudadanos serán más rápidas.

Mirones cree también que debe tomarse el control de las cárceles. A su juicio, el Sistema Penitenciario Nacional debe contar con su propia fuerza de policía.

Los estamentos de la Fuerza Pública deben contar con su propia dirección de inteligencia policial, adscrita al Ministerio de Seguridad. Hoy dependen de la información que el Consejo de Seguridad les quiera brindar de manera voluntaria y eso siempre es insuficiente, explicó Mirones.

También recomienda una reingeniería de la Policía Nacional. “La estructura actual está deformada, no tiene forma piramidal. Hay demasiados jefes”, señaló Mirones, quien considera que el presidente electo ha efectuado excelentes nombramientos: personas capaces que está convencido de que harán una gran labor. Ellos, además, tendrán una gran ventaja –asegura Mirones– el presidente electo conoce el asunto y los apoyará.

En seguridad pública existe también una debilidad institucional: falta de recursos, corrupción y falta de coordinación entre instituciones, según han explicado otros expertos.