La informalidad laboral y de vivienda: otras variables en la crisis del Seguro Social

La informalidad es un rasgo distintivo de las ciudades latinoamericanas, que tiene entre sus manifestaciones actividades como el comercio ambulante, el transporte ilegal y la recolección de materiales reciclables. Aunque su presencia es notoria, el debate sobre las alternativas de políticas públicas para reducirla ha sido escaso. La informalidad es un estadio del subdesarrollo, en el cual, el sector productivo moderno no genera suficientes empleos para absorber toda la mano de obra disponible.

En las recientes discusiones sobre la reforma del sistema de seguridad social, -centradas en ajustes paramétricos como la edad de jubilación y los aportes de trabajadores y empleadores-, el tema de la informalidad ha sido poco abordado, a pesar de su relevancia para la estructura y funcionamiento de la economía y la sociedad.

La definición de la informalidad abarca las actividades económicas y laborales que no están reguladas ni registradas por el Estado, lo que implica que no cumplen con las normativas fiscales, laborales o de seguridad social. En el mercado laboral, incluye a los trabajadores que carecen de acceso a beneficios como seguridad social o pensiones, y a menudo están empleados en trabajos temporales o independientes.

Para los autores del reporte ‘Informalidad: escape y exclusión’, publicado por el Banco Mundial en 2007, “la informalidad es una forma de vida en América Latina y el Caribe, sin importar cómo la midamos”. El análisis sobre la informalidad, de acuerdo con este documento, debe abordarse desde dos perspectivas, una es la exclusión, vista como los impedimentos para ingresar al sector formal. La otra perspectiva es el escape, la decisión consciente de evitar la formalidad debido a los pocos beneficios que aporta.

Este reporte del Banco Mundial indica que existe una visión que, “sugiere que el resultado de una alta informalidad se origina en una decisión masiva de salir de las instituciones formales por parte de las firmas y los individuos, e implica una fuerte acusación social acerca de la calidad de la provisión de servicios por el Estado y su capacidad de hacer cumplir la ley.” En pocas palabras, este fallo del Estado genera una ‘cultura de la informalidad’, basada en excusar el incumplimiento propio con el incumplimiento del resto.

Pero ¿cómo se reflejan todas estas tensiones relacionadas con la informalidad en el espacio urbano? De acuerdo con Saskia Sassen, en sus análisis sobre la ‘Ciudad global’, señala que, mientras que las empresas multinacionales y los actores globales ocupan el espacio de la economía formal y tecnológicamente avanzada, las ciudades globales también necesitan un sector informal y menos regulado, que provee mano de obra barata, servicios y productos esenciales para el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Este sector incluye actividades como el comercio informal, el trabajo doméstico y pequeños servicios locales, que a menudo son desempeñados por migrantes y trabajadores con pocas calificaciones.

En el caso de la ciudad de Panamá, este ecosistema de trabajadores informales de baja calificación que dan soporte al sector moderno de la ‘plataforma de servicios’ está conformado por una población estimada de 608.011 habitantes que no están afiliados al Seguro Social, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2023. Esto equivale al 28 % de los no asegurados del país.

¿Cómo se distribuye este grupo demográficamente? Encontramos que entre la población económicamente activa (de 15 a 64 años), el porcentaje de población que no tiene seguro social en la ciudad de Panamá, según el censo de 2023, es del 47.6 %. Dentro de la población económicamente activa, el grupo de población entre 15 y 34 años el 55 % no tiene seguro social.

En lo que respecta a los grupos vulnerables o dependientes, tenemos que el 48 % de los niños (de 0 a 14 años) no tienen cobertura como beneficiarios del seguro social, mientras que en los adultos mayores (64 años y más), el porcentaje de población que no tiene seguro es del 15.3 %.

De la población que declaró no tener seguro en ciudad de Panamá, el 79 % se concentra en el distrito de Panamá. Hay que señalar, además, que tanto el distrito de San Miguelito como el distrito de Panamá comparten similar proporción de población sin seguro social, con 44.7 % y 42 %, respectivamente.

Los datos extraídos del censo indican que el 43 % de los habitantes que declararon no tener seguro social en la Ciudad de Panamá vive en asentamientos informales (252.744 personas). El 56.4 % de la población sin seguro social del distrito de San Miguelito habita en asentamientos informales, mientras que en el distrito de Panamá la cifra es del 40 %, evidenciando así la relación entre la informalidad laboral y la informalidad en la vivienda.

Otro dato relevante que valorar, como parte del análisis de la definición del modelo de gestión de la seguridad social, es de la población en edad productiva que se mantiene en la informalidad laboral y de vivienda. Del análisis se desprende que el 55 % de la población de entre 20 y 44 años sin seguridad social en el distrito de San Miguelito, y el 41 % en el distrito de Panamá, viven en asentamientos informales. Este último dato recalca la necesidad de priorizar a este grupo en el diseño de políticas públicas que promuevan y faciliten su inclusión dentro del sistema.

El análisis también nos brinda datos esclarecedores que confirman lo planteado en el informe del Banco Mundial de 2007, en el sentido de que existen individuos, familias y empresas que optan por una medida de ‘evasión defensiva’ o ‘escape’ al no percibir beneficios claros de la participación en el sistema de seguridad social. Podríamos especular que este es el caso de la alta proporción de personas sin seguro social en áreas como Costa del Este (54 %), Punta Paitilla (56.2 %) y Ocean Reef Island (54 %), barrios de población con altos ingresos en la ciudad de Panamá.

Una de las intervenciones clave para combatir la informalidad laboral consiste en atacar las mafias que controlan sectores económicos como el comercio callejero de productos de contrabando, el transporte pirata o la recolección de materiales para el reciclaje o recuperación. Regularizar estos sectores generaría ingresos adicionales a través de impuestos y la incorporación de más personas a la seguridad social. A su vez, es fundamental mejorar las prestaciones sociales en barrios informales, proporcionando acceso a servicios integrales de atención de salud y bienestar, además de fomentar la creación de oportunidades laborales mediante intervenciones estatales que impulsen la actividad económica.

Otra medida esencial es romper el círculo vicioso entre la falta de ingresos formales y la informalidad de la vivienda. Muchas familias en situación de pobreza no pueden acceder a financiamiento tradicional, lo que limita su capacidad para mejorar sus condiciones de vida. En síntesis, reducir la informalidad laboral, económica y de la vivienda, debería incorporarse como uno de los pilares del nuevo sistema de seguridad social que se pretende diseñar.