Del kilo de droga a la narcopolítica, la evolución del crimen

Se estima que las incautaciones de droga este año rebasarán las 130 toneladas. Esta cifra es 12 veces superior a la cantidad decomisada en el año 2000, a la vez, impone un récord en incautación de drogas en Panamá.

Pero, a pesar de las alentadoras cifras -lo que se debe a la sobreproducción de cocaína en Colombia- el narco ha fortalecido sus operaciones en el tejido social del país. Penetró sus actividades en familias y barrios 'normalizando' el delito como una forma de ganarse la vida, ante la carencia de políticas públicas estructuradas y la falta de certeza del castigo, que desmotiva a las fuerzas policiales y arriesga sus vidas.

También se ha infiltrado en las instituciones de justicia donde paga a informantes para conocer el estado de sus casos, les avanzan sobre futuras acciones de la fiscalía e incluso les aconsejan quiénes son los jueces más accesibles.

Del orden público obtienen por delante los operativos, la ubicación de los puntos de control, si están en el radar, lo que desarticula todo esfuerzo para desmantelar estas organizaciones criminales.

De enero de 2017 a junio pasado, la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional ha destituido a 54 unidades por posesión de drogas o nexos con el crimen organizado, según datos proporcionados por la entidad.

No se puede perder de vista que ninguna operación de tráfico de drogas puede ser exitosa sin la cooperación de funcionarios corruptos, pero tampoco sin la ayuda de las pandillas.

Este análisis pretende ilustrar la cadena de violencia que genera el tráfico de drogas. Para ello incluimos planteamientos de sociólogos, fiscales de droga, fuentes de inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), documentación especializada y cifras del Sistema Integral de Estadísticas Criminales (Siec).

Hace dos décadas se tenía un concepto más austero. Dedicadas a robos, hurtos, algunas al sicariato, aunque siempre han mantenido una función como articuladores del narcotráfico. Lo relevante, según los entrevistados, es que dominan dos estructuras que han cambiado de ser subordinadas a subcontratadas de los carteles mexicanos y colombianos. Tienen sus conexiones con los carteles extranjeros y se asocian con pandillas locales para ejecutar tareas específicas, aunque mantienen su identidad como grupos separados.

Así prestan distintos servicios como: cobrar un porcentaje por cada kilo de droga que mueven, por 'derecho' a desembarcar los bultos en su territorio, por almacenar y después esconder la mercancía en contenedores para exportarla.

En los puertos las pandillas parecen tener todo bajo control. Trabajan con la complicidad de la seguridad y los operadores de contenedores quienes les ponen al tanto sobre las rutas, fechas y el destino de la caja.

Hasta el 15 de noviembre las autoridades decomisaron casi 29 toneladas de droga contenerizada. No obstante, en noviembre la Europol reveló la existencia de un 'super cartel' cuyo proveedor de la droga era un panameño afincado en Dubai, considerado uno de los seis 'señores de la droga' que había pasado desapercibido en el radar de las autoridades panameñas.

Las estructuras criminales también se financian con el contrabando, mercancía que converge en el hub logístico de Panamá para distribuirse en Latinoamérica. Emplean la misma plataforma que se usa para mandar la droga a otros lados. Hay quienes opinan que esto no es casual.

Así como los decomisos de droga se han multiplicado, ocurre lo mismo con el número de pandillas y de jóvenes, incluyendo menores de edad, que participan del delito.

Cuando se decomisaron casi 12 toneladas de droga, el Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial contó 45 pandillas.

Este año se registran 178 pandillas, según la Policía Nacional. El Siec reportó que en 2020 hubo 148, pero en 2013 el número fue de 355 pandillas, uno de los más altos. La forma de cuantificarlas varía según el gobierno de turno y los programas orientados a disuadirles, aunque no se miden resultados científicamente, por ende, se desconoce su efectividad (ver tabla).

En Panamá la presencia de carteles extranjeros se conoce desde hace más de una década. Se han identificado a cuatro organizaciones criminales mexicanas con operaciones en Panamá: el cartel de Sinaloa, Los Zetas, la Organización Beltrán Leyva y el Cartel de Juárez. Sin embargo, hay evidencia de que grupos mexicanos pueden estar activos y que buscan fortalecer sus bases en el istmo. De igual forma, los grupos colombianos como el cartel del Golfo han ejercido una gran influencia en pandillas radicadas principalmente en la costa atlántica, que actúan como brazos ejecutores.

Cada vez que un cartel pretende introducir droga en Panamá trae consigo cuatro o cinco kilos de coca que recibe el líder de la pandilla. El micro menudeo los obliga a vender la droga en su territorio, lo que implica que los puntos de venta mantengan un anillo de protección que está justo en los barrios donde juegan los niños.

La disputa por territorios por lo general termina en homicidios dolosos, más de 393 este año, a pesar de que hasta noviembre pasado se detuvo a 260 personas por narcotráfico y 700 por microtráfico.

En abril de 2011 la DEA observó un incremento de los alijos hasta de 300 kilos. En ese momento advirtió que dichas cantidades eran imposibles de mover sin la complicidad de la policía, aduanas y empleados de las compañías aéreas de mercancías. Si ponemos hoy en práctica esta observación, cuando los decomisos alcanzan hasta una tonelada, podemos dimensionar el nivel de complicidad que rige para asegurar la ruta.

En 2017, la Oficina contra el Delito de las Naciones Unidas, en conjunto con el Sistema Nacional de Análisis de Estadística Criminal, contrataron al investigador social Gilberto Toro y la antropóloga Luz Stella Soto, quienes elaboraron el estudio de campo “Caracterización de las pandillas en Panamá”. El informe perfiló que la base de la estructura de los grupos criminales en Chiriquí era la familia, a diferencia de la capital o San Miguelito donde se concentran las pandillas de jóvenes. Era tan obvio que usaban sus apellidos como mote.

Esta modalidad es cada vez más común. “El varón involucra a su pareja en el tráfico de drogas, la hace partícipe y beneficiaria directa o indirecta de las ganancias”, dijo un fiscal de drogas a La Estrella de Panamá. El fenómeno se complica porque al ser ambos partícipes, de manera indirecta involucran a los hijos, sobrinos o abuelos. Lo mismo ocurre con las madres de los hijos involucrados en pandillas, son benefactoras de sus ingresos. Compran neveras, televisores, amueblan la casa, pero su silencio las hace cómplices.

Narco política

Parte de las funciones de esta modalidad de familia extendida consisten en resguardar el barrio, mejorar las casas de los vecinos, pavimentar la calle o construir canchas de deporte. Todo con los ingresos que reciben de la droga.

Este tipo de beneficios estabilizan el concepto de territorialidad del grupo delictivo castigando a quienes intenten delatarlos con las autoridades. El honesto es mal visto. “Al final lo echan del edificio o del barrio porque no entiende el negocio que está en marcha”, explica Toro.

A su vez, estas comunidades pueden dirigir los votos para beneficiar al candidato de conveniencia. Es una simbiosis. Los políticos necesitan de sus votos y ellos del político para bajar los riesgos en la operación criminal, lo que a la larga se traduce en más ganancia para el narco. Después se busca su permanencia en el poder. Se financian obras sociales con dinero del narco, pero con el rostro del político en cuestión.

Más adelante, ese político no puede ser criticado, aunque sea un secreto a voces su relación con el narco o el crimen. Se interpreta como una persecución política ante la ausencia de una investigación judicial en su contra, además, ayuda al barrio. Como consecuencia, el sistema se hace cómplice del crimen porque evita el repudio y solapa el populismo.