Juzgado mantiene secuestro sobre cuentas del supermercado Rey

La empresa Inmobiliaria Don Antonio, dueña de los supermercados Rey, supermercados Romero, Mr. Precio, Farmacias Metro Plus, tiendas ZaZ, y Farma Ahorro , mantiene un secuestro millonario sobre sus cuentas bancarias, luego de haber perdido una batalla legal que fue confirmada por unanimidad en segunda instancia por el Primer Tribunal Superior el pasado 28 de septiembre. El conglomerado tiene como propietario al grupo ecuatoriano Favorita.

Se trata de una demanda civil, fallada en dos instancias en el Órgano Judicial, contra la sociedad que controla los supermercados Rey y donde se le ordenó pagar 4.1 millones de dólares a favor de uno de sus proveedores panameños: La Arenosa Fruit Company (LAFCOSA). El proveedor panameño demandó al supermercado y su sociedad madre, ahora bajo el control del grupo ecuatoriano Favorita, aduciendo haberle causado millonarias pérdidas mediante la aplicación de descuentos ilegales en sus cuentas por cobrar.

Tras ello, el pasado 17 de octubre el juzgado séptimo de circuito admitió y ordenó un secuestro judicial contra las cuentas bancarias, bienes y la administración de la cadena de supermercados Rey y sus otras operaciones comerciales en Panamá, a favor de LAFCOSA.

Con la orden de secuestro avalada por este juzgado, unos cinco bancos procedieron a atender la orden de secuestro judicial contra la Inmobiliaria Don Antonio S.A., logrando aprenderle más de 7 millones de dólares. Ello incluyó el secuestro de cuentas vinculadas a inmobiliaria Don Antonio en Banco General, Global Bank, Saint George, Banistmo, BAC, Banco Pichincha, Bladex , el BNP y Scotian Bank

La sentencia original de este caso data del pasado 9 de septiembre del 2022, cuando el Juzgado Séptimo de circuito de lo civil del primer circuito judicial de Panamá falló a favor del demandante pidiendo el reconocimiento de los daños económicos causados a la empresa panameña LAFCOSA.

En este pleito civil, se denunció que Inmobiliaria Don Antonio realizaba descuentos ilegales sin sustento al momento de los pagos al proveedor. Esto fue reafirmado por una diligencia pericial contable realizada en los libros de contabilidad de Inmobiliaria Don Antonio, realizada por dos peritos.

Uno de estos peritos asignado por el Tribunal que manejó la causa, certificó que todos los descuentos realizados por la empresa madre del Rey y sus otras operaciones comerciales habrían sido ilegales, ya que carecían del documento original de sustento.

“No había una relación o vínculo entre el descuesto con la factura de entrega ni mucho menos existía nota de crédito emitida por el proveedor donde se aceptaba dicho descuento. La perito Kathia Rodríguez de Fábrega en su informe pericial afirma que el grupo Rey a raíz de su mal procedimiento contable, habría infringido normas del código fiscal como es el articulo 11 entre otros.

Los abogados de LAFCOSA, Eric Trejos y Juan Carlos Jované, afirmaron que se estaría ante la presencia de una posible defraudación fiscal por parte de Inmobiliaria Don Antonio, por lo cual ya están preparando las denuncias pertinentes ante la Dirección General de Ingresos.

El perito Heydi Medina, dentro de la diligencia pericial contable, también certificó que al momento de auditar los libros de Inmobiliaria Don Antonio no encontró documento alguno que sustentara los descuentos realizados al proveedor.

Con todos estos elementos, el Tribunal Superior del primer distrito judicial confirmó, en un fallo unánime, todas las partes de la sentencia N. 33 del Juzgado Séptimo Civil.

Con la orden del secuestro judicial, las autoridades pudieron incautar unos 7 millones de dólares en las diferentes cuentas bancarias de Inmobiliaria Don Antonio. Finalmente se dejó activo solo el secuestro sobre la cuenta que tiene la en el Banco General porque cubre el total del reclamo avalado por dos fallos en el Órgano Judicial en favor de LAFCOSA.

El tema del secuestro de las cuentas de la sociedad madre del grupo Rey generó revuelo en las redes sociales la semana pasada y además de incertidumbre entre los trabajadores organizados, proveedores del supermercado y la sociedad civil.