Cada junta comunal le cuesta al Estado $317 mil al año

¿Cuánto le cuesta a los panameños un nuevo corregimiento?

La iniciativa para crear nuevos corregimientos en el país ha brotado en la Asamblea Nacional como palomitas. Los diputados justifican la medida bajo el argumento de un mejor ordenamiento territorial, mayor equidad en la atención de las necesidades de los ciudadanos, además ampliar la representatividad en la palestra política.

Entre los proyectos de ley en curso para este propósito se encuentran los de los diputados Daniel Ramos, del circuito 2-1 de la provincia de Coclé (6); las diputadas Zulay Rodríguez y Ana Irene Delgado, mediante el anteproyecto de ley 399 con cinco corregimientos en Tortí y Chepo cabecera; Arquesio Arias y Ricardo Montezuma con once en el distrito Muna. Por su parte, el diputado Rony Araúz intenta dar vida a un corregimiento en Concepción, Chiriquí; la diputada Petita Ayarza propuso crear tres nuevos segregados del corregimiento de Narganá y la diputada Kayra Harding no ha decidido si serán tres o cinco los corregimientos adicionales en Panamá Oeste. En total suman 29 nuevos corregimientos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a solicitud de La Estrella de Panamá, respondió un cuestionario concerniente a la plataforma financiera que requieren estas organizaciones para funcionar. En este sentido informó que el costo de una junta comunal se estima en $371,712 anuales.

Este monto incluye $110 mil que responden al Programa de Inversiones de Obras Comunitarias y Servicios Públicos. El resto, aproximadamente $261 mil, se refieren a gastos operativos como planilla, alquileres, papelería, luz, agua, combustible, mantenimiento, y otros.

Estos recursos se asignan por mandato de la Ley 66 que modificó la Ley de descentralización.

Hasta el momento, con el nacimiento de 17 nuevos corregimientos que aprobó la Asamblea Nacional a finales de agosto pasado, el Estado deberá asignar $6,3 millones anuales, de ser sancionada la ley por el Ejecutivo.

Si el pleno da luz verde a los proyectos enumerados arriba (29), se sumarían a los 17 corregimientos del diputado Benicio Robinson y Leopoldo Archibold que pasaron el tercer debate. Lo que suma 46 corregimientos nuevos, considerando tres de la diputada Kayra Harding, quien no ha determinado si serán tres o cinco en Panamá Oeste.

De ser aprobados todos los que están en fila y sancionados por el Ejecutivo, le costará al Estado un mínimo de $10 millones anuales sufragar los gastos de operación de las juntas comunales que deriven de dichos corregimientos.

Esta cifra, sumada a los 17 corregimientos ya aprobados en menos de dos días por la Asamblea, totaliza aproximadamente $17 millones anuales para sostener las nuevas juntas comunales.

“La creación de nuevos corregimientos incide en el Presupuesto General del Estado y en el de los municipios de la presente y futura vigencia fiscal, porque su implementación demandaría recursos no previstos para atender el pago de salarios, gastos de operación e inversiones adicionales”, advirtió el MEF.

Pero, ¿qué hay detrás de esta fiebre de proyectos de ley para reproducir corregimientos por todo el país?

Es un asunto meramente clientelista: acceso a más recursos del Estado. La pregunta es si se invierten de forma acertada en las comunidades con el consenso de las mismas. Los diputados y los representantes siempre han hecho mancuerna a la hora de buscar votos. Los diputados que han trabajado en la Comisión de Presupuesto saben cómo funciona la aprobación de recursos para las juntas comunales, eso significa para ellos más acceso al dinero.

“Eso viene desde hace tiempo, desde que se abrió el sistema democrático, en el que se cuentan los votos de cada ciudadano. De los 506 representantes de corregimiento en la época militar, hemos llegado como a 800 corregimientos. Traen el argumento de que la población ha crecido, y es verdad, pero no se han hecho crecer otras instalaciones, porque no puedes saturar el sistema”, indicó a La Estrella de Panamá el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez.

Otro punto es, qué entidad estará dispuesta a contradecir a los diputados cuando son estos quienes tienen la batuta para aprobar o rechazar las partidas presupuestarias de cada institución.

“Los magistrados del Tribunal Electoral no se quieren pelear con los diputados porque saben que su propio presupuesto tiene que pasar por la Asamblea Nacional, y es ahí donde la colaboración armónica se rompe. Las campañas políticas se han vuelto más clientelistas”, advierte Márquez.

Por otro lado, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien debe sancionar la ley, “tampoco quiere entrar en conflicto con los diputados. Hay mucha inmadurez en la clase de Asamblea que tenemos. Están pendientes de si vas a necesitar de ellos, y cuál es la cuenta que pagas”, zanja el exmagistrado.

Cada vez que se crea un corregimiento, nace una junta comunal que impulsa la organización y acción de la comunidad para promover su desarrollo social, económico, político y cultural.

Esta iniciativa, para el MEF “constituye una presión en el gasto público que compite con las prioridades de atender la emergencia sanitaria, el programa de apoyo solidario a la población más vulnerable y con el plan de reactivación económica”.

Especialmente ante una crisis económica provocada por la pandemia de covid-19, que dejará un déficit de 13% en la recaudación de ingresos de 2020.

Cabe destacar que el MEF no asignará presupuesto estatal para funcionar en la vigencia fiscal del año en curso o del próximo año, porque no ha sido contemplada.

De acuerdo con esta institución, la fuente de financiamiento presupuestario de las juntas comunales se asigna conforme a los criterios expresados por la leyes existentes. Las partidas presupuestarias que asigne el Estado a través de transferencias corrientes y de capital de conformidad con la Ley 105 de 8 de octubre de 1973 y la Ley 66 de 29 de octubre de 2015 a razón de $110,000.00 anuales a cada junta comunal.

Otra forma es a través de la autogestión que generan algunas juntas comunales que se emplean para las necesidades del área. Las partidas que asignen las administraciones municipales con base en sus ingresos, que varían dependiendo los niveles de recaudación en función del desarrollo de la actividad económica de cada distrito municipal y su entorno.

Cada junta comunal está integrada por un representante del corregimiento, quien la preside, el juez de Paz y tres (3) ciudadanos residentes en el corregimiento.

Entre las razones que argumentan los diputados, por ejemplo en el caso de las diputadas Zulay Rodríguez y Ana Irene Delgado, se lee en la exposición de motivos del proyecto de ley 399, que consideran prudente continuar la tarea de segmentar este sector para que el distrito de Chepo pueda ser objeto de un ordenamiento territorial científico y coherente que permita establecer con anticipación los pilares del desarrollo urbano. Es decir, designar con anticipación las áreas que serán utilizadas para el desarrollo comercial, el inmobiliario, el industrial, para turismo y otros; así como planificar adecuadamente las vías de acceso para el desarrollo sostenible de esta comunidad dentro de los siguientes 50 años.