Llamado a juicio para Cucalón y Cristóbal Salerno

El exdirector de ingresos, el empresario Cristóbal ‘Tobin' Salerno, Gustavo Adolfo Cucalón Zamora y Dura Luz Morales Rodríguez están a las puertas de un juicio por blanqueo de capitales a través de más de una docena de sociedades a donde, supuestamente, se redirigieron las ganancias de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A (CISA), que entre 2010 y 2014 fungió como gestora de cobros de impuestos morosos estatales, según informaron fuentes judiciales.

La Fiscalía Séptima Anticorrupción, a cargo de Leyda Sáez, hizo la recomendación al Juzgado Segundo del Circuito Penal. Al mismo tiempo, la funcionaria de instrucción solicitó sobreseimiento provisional para María Alesandra Salerno, Elida Salerno de Rucker y Elida Ballestas Jiménez viuda de Salerno, al no comprobarse su participación en los hechos investigados.

El expediente de 69 tomos reposa en el despacho del Juzgado Segundo del Circuito Penal, a la espera de una fecha de audiencia preliminar.

A principios de enero de 2016, el Ministerio Público inició una investigación para determinar la posible comisión del delito de blanqueo de capitales a través de las actividades de CISA, empresa que fue contratada el 25 de agosto de 2010, por la Dirección General de Ingresos (DGI), para cobrar los impuestos morosos.

Una auditoría efectuada por la Contraloría General de la República puso en evidencia una serie de irregularidades en las comisiones obtenidas por la empresa gestora de cobros de impuestos morosos .

La auditoría estableció que el contrato causó al Estado una lesión patrimonial de $29 millones. Aunque, finalmente esa lesión terminó en $9 millones después de que el empresario y propietario de la gestora de cobros morosos transfirió a una cuenta estatal $20.7 millones como consecuencia de comisiones irregulares.

En base a la auditoría, se dio paso a la apertura de un proceso judicial contra Cucalón y Salerno por peculado y corrupción de funcionarios.

La juez Primera de lo Penal, Águeda Rentería, condenó a Cucalón a ocho años de prisión. Pero ordenó liberar cuentas bancarias de Salerno que suman $37.3 millones y que fueron cauteladas como parte de la investigación de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

Según el argumento de la juez, las empresas donde estaban depositados los dineros fueron creadas antes del contrato del 10 de agosto de 2010, mediante el cual se le otorga a CISA la tarea de cobrar los impuestos morosos estatales.

La Estrella de Panamá conoció que la fiscalía apelará la decisión de la juez porque existe un proceso por blanqueo de capitales que no ha concluido.

El empresario firmó un acuerdo de pena y fue condenado a 48 meses de prisión, una pena que fue reemplazada por $300 mil. Como sanción accesoria se ordenó el comiso de $20.7 millones, que Salerno había depositado a una cuenta estatal para resarcir un posible delito de peculado.

ANTECEDENTE

Duplicidad de pago en caso Tocumen

Una auditoría efectuada por la Contraloría General de la República puso en evidencia las irregularidades en los pagos efectuados a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), que entre 2010 y 2014 fungió como gestora de cobros de impuestos morosos.

La auditoría de la Contraloría también determinó que la empresa facturó dos veces una misma gestión de cobros de impuestos morosos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA).

Cobranzas del Istmo, S.A. duplicó una factura de $5.1 millones que le generó comisiones adicionales de $1.5 millones sin haber gestionado el cobro a AITSA.