Jueza imputa cargos contra 83 miembros de Suntracs

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial, Luz Jaramillo Fuentes, aceptó este viernes la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público contra 83 miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS), detenidos el pasado miércoles 12 de febrero tras participar en una protesta en el edificio del nuevo Hospital del Niño.

Los acusados enfrentan cargos por delitos contra la seguridad colectiva, daños, lesiones personales, entre otros.

El abogado defensor Felipe Cabezas, quien representa a un grupo de los detenidos, expresó su preocupación por el proceso judicial durante una audiencia solicitada por el Ministerio Público para formalizar las imputaciones.

Cabezas criticó la falta de individualización en las acusaciones, señalando que el Ministerio Público no ha podido detallar el grado de participación de cada imputado, lo que considera un requisito esencial en este tipo de procesos.

“Lo más probable es que el tribunal formule la imputación, pero la fase más importante está por venir: la audiencia de medidas cautelares”, señaló Cabezas, destacando que esta será crucial para determinar la libertad de los detenidos. El abogado expresó su esperanza de que el tribunal considere una medida cautelar distinta a la detención provisional.

Durante su intervención, Cabezas también denunció lo que considera un intento de criminalizar el derecho a la protesta. Aseguró que el Ministerio Público busca enviar un mensaje de intimidación a quienes decidan manifestarse en el futuro, advirtiendo que quienes participen en protestas podrían ser sometidos a investigaciones y presiones legales.

El domingo 16 de febrero se espera que se definan las medidas cautelares para los detenidos, mientras el caso continúa generando controversia debido a las circunstancias de las detenciones y la falta de pruebas concretas en su contra. Las expectativas están centradas en si se otorgará una medida menos severa que la detención provisional.

Este caso resalta el creciente debate sobre el derecho a la protesta en Panamá y el papel del sistema judicial en la protección de este derecho