Juez ordena detención provisional de adolescente por el homicidio de Juan David García

Actualizado
  • 18/10/2024 19:39
Creado
  • 18/10/2024 19:34
Los indicios apuntan al detenido en la comisión de los delitos de homicidio agravado y robo agravado

La Procuraduría General de la Nación aseguró la noche de este viernes 18 de octubre que la investigación del homicidio de Juan David García será “sería y objetiva”.

Además, la entidad recordó a la ciudadanía que durante las investigaciones de este tipo de conductas no se puede ofrecer detalles que pongan en riesgo la vida de las personas y “comprometan el desarrollo de las investigaciones”.

Debido a este caso la tarde de este 18 de octubre fue presentado ante la jurisdicción penal de adolescentes un menor “ubicado en circunstancias de modo, tiempo y lugar” con la muerte de García.

Tras la audiencia el juez ordenó la detención provisional del menor implicado en el caso.

Los indicios apuntan al detenido en la comisión de los delitos de homicidio agravado y robo agravado, que ocurrieron en el sector de Curundú.

“Es importante destacar que los elementos probatorios recabados” indican que el homicidio ocurrió este 4 de octubre, destacó la Procuraduría.

Otro punto que destacó la entidad es que en atención a la valoración de riesgo a la vida de la víctima se evitó la exposición indebida de la fotografía del menor.

Añadió que se practicaron 23 diligencias de allanamientos, más de 15 entrevistas y se realizaron diligencias de contenido informático, lo cual llevó a la existencia de indicios de la perpetración de los delitos detallados.

La tarde de este 18 de octubre la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, dijo que presentará a la Asamblea Nacional una propuesta para subrogar la Ley No. 230 de 2021, que creó la alerta Amber en Panamá.

Montalvo señaló que la “implementación prematura” de esta ley en 2021 ha provocado la falta de eficacia en su ejecución.

El caso de Juan David, de 15 años destapó la suspicacia sobre la efectividad de la alerta.

Montalvo dijo que la ley actual solo permite la difusión y alerta de la desaparición de menores a través de los medios que ha utilizado el Gobierno, o sea las redes sociales y las páginas web de las entidades.

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