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Actualizado
- 31/03/2023 00:00
Creado
- 31/03/2023 00:00
La juzgadora considera que no existían elementos para considerar la reactivación del caso
LYanina Mosquera, juez de garantías, no accedió a la solicitud de reapertura de la investigación por el supuesto delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, omisión e infracción de los deberes de los servidores público, en perjuicio de una menor de 8 años violentada sexualmente y obligada a parir.
El expediente había sido archivado provisionalmente por el Ministerio Público. Pero, la denunciante solicitó la reapertura. Después de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, la juez de garantías consideró que no existían elementos para considerar la reactivación del proceso.
La causa inició el 4 de marzo de 2022, cuando diversos grupos de la sociedad civil, interponen una denuncia en el Ministerio Público, con el fin de que se abra una investigación para examinar las acciones que se han dado en el caso de la menor de 8 años, que resultó embarazada después del abuso sexual cometido por familiar, que se encuentra cumpliendo una sanción de prisión.
La niña de 8 años, de rasgos indígenas, tenía un avanzado estado de gestación por lo que no pudo practicarse un aborto terapéutico cuando se conoció su estado.
El Código Penal, en su artículo 144, establece que solo se permite la interrupción del embarazo hasta las 8 semanas si este es producto de una violación sexual y hasta las 22 semanas si la mujer o el feto están en riesgo de muerte.
El caso, considerado el embarazo más precoz registrado en Panamá, según declaraciones de autoridades sanitarias, ha conmocionado a la opinión pública y revivió las denuncias del grave y creciente problema de la violencia sexual, especialmente hacia las niñas.
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