Jubilados divididos ante proyecto de ley 768 sobre pagos adeudados desde 1972

El Ejecutivo no ha tomando una decisión aún sobre el proyecto de Ley 768, sobre si lo vetara o le dará sanción, una situación que ha generado diferencia de opiniones entre grupos de jubilados. 

El proyecto de Ley amplía el periodo de vigencia del cálculo de los intereses al capital correspondiente en el pago de la segunda partida del décimo tercer mes, dejados de pagar a trabajadores del sector público y privado, desde 1972 hasta 1983.

Por un lado, la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Fecha manifestó que el Ejecutivo ya no puede objetar ni vetar el proyecto de Ley que fue aprobado en 2019 por la Asamblea Nacional (AN). 

Todo se debe, según Héctor Ávila, representante de la Asociación, a que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha violado el artículo 169 de la Constitución, que establece que “el Ejecutivo dispondrá de un término máximo de treinta días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto. Si el Ejecutivo una vez transcurrido el indicado término no hubiese devuelto el proyecto con objeciones no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar”.

Ávila apuntó a que el presidente solo debe promulgar y publicar el proyecto de Ley 768 en Gaceta Oficial para dictar las fechas de pago de la deuda que estiman por arriba de los $360 millones y que abarca a 180 mil jubilados.

“Si el presidente Cortizo lo veta simplemente estaría cometiendo un error o insensatez porque no lo puede hacer y el artículo 169 de la Constitución habla claro esa parte. Él tiene que promulgar y publicar en Gaceta Oficial la fecha de pagos de los intereses adeudados”, indicó el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Fecha. 

Mientras que Baudilio Camarena, coordinador del grupo RESCATE de la Confederación de Jubilados y Pensionados de Panamá, expresó que ante el desconocimiento que tienen sobre el estatus del proyecto de Ley 768 se han propuesto crear un anteproyecto nuevo para dar seguimiento al cumplimiento de los intereses adeudados.

“Nosotros nos hemos reunido con el departamento de asesoría legal de la Presidencia para solicitar un encuentro con el presidente Cortizo y no nos ha dicho nada. Ahora los jubilados -que representa- piden que nos olvidemos del proyecto de Ley 768 y hagamos un nuevo anteproyecto reclamando el pago de los intereses”, comentó Camarena, quien además es dirigente de los Jubilados y Pensionados de Colón y delegado de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados.

La Asociación de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Fecha rechaza la iniciativa  porque consideran que volver a crear otro anteproyecto seria despreciar el tiempo invertido en el proyecto de Ley 768, que, según ellos, solo está para ser sancionado.

Una fuente de Presidencia dijo que “regularmente el Ejecutivo no emite una opinión de proyecto en espera de sanción hasta que se tome decisión sobre sanción o veto total o parcial”.

Para buscar soluciones inmediatas, la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Fecha solicitó a la Defensoría del Pueblo una intervención de mediación entre la Caja de Seguro Social (CSS) y ellos para que se le diera una respuesta de los pagos con los intereses correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes de 1972 y 1983.

En una carta de respuesta enviada al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, el Dr. Enrique Lau Cortés, comunicó que “sobre el tema del pago a los intereses de la segunda partida del décimo tercer mes e intereses que le adeuda el Gobierno Nacional, debemos aclararle que el mismo no es de nuestra competencia ya que, como es de su conocimiento, se dictaron leyes especificas para la atención de estos asuntos y en ellas la entidad que dirigimos sólo tenía como responsabilidad certificar datos personales y monto de salarios reportados a la CSS en periodo 1972-1983”.

Con el proyecto de Ley 768 la AN calculó que unos 600 mil trabajadores se verían beneficiados. La legislación modifica la Ley 15 del 10 abril del año 2017, que ordenó el pago de la segunda partida del décimo tercer mes de los años de 1972 a 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante ese periodo y que se hizo efectivo mediante la entrega de Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM).

“Con la expedición de los CEPADEM sólo se les calculó el interés de 3% sobre 12 años. El proyecto pretende que este cálculo de interés se aumente a 47 años transcurridos hasta el 2019, sobre el cual, de dicho cálculo del capital retenido más todos los intereses en dicho período, se le restará el monto reconocido en los CEPADEM para determinar la diferencia por pagar”, informó la AN.

“En 2017 se vieron beneficiados cerca de 220 mil jubilados, entre vivos y fallecidos. El desembolso que hizo el Estado fue arriba de $200 millones”, calculó la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Fecha.

Ávila manifestó que ya le han propuesto al Gobierno usar los recursos del Fondo de Ahorros de Panamá (FAP) para pagar la deuda de los intereses de la segunda partida del décimo tercer mes por Cepadem en el caso de que opten en decirles que no hay fuentes de financiamientos.

“Hay mil millones en ese fondo que esta clasificado para emergencias, pero porque no utilizarlo en la deuda que abarca a los jubilados que todavía estamos esperando desde 49 años la finalización de los pagos”, señaló el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Fecha.

El proyecto de Ley 768 no es el único tema que mantiene divididos a ambos grupos de jubilados, actualmente hay una disputa por la forma en como se está reclamando el pago del aumento de $10 para las pensiones vigentes de $235, como dicta la Ley 70 del 2011 Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

Esta semana, la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Fecha cerro la Avenida de los Mártires en su descontento de que el próximo pago sea en 2022, tomando en cuenta que el último desembolso fue en 2015, y que para este 2021 ya se cumplen los cinco años que establece la ley.

En respuesta a las quejas, el director Ejecutivo Nacional de Prestaciones Económicas, Didimo Barrio Domínguez, notificó que “La Ley 70 del 6 de septiembre del 2011, establece que a partir del 1 de enero de 2012 y cada cinco años se concederá un aumento de $10, a las pensiones que se encuentren vigentes, con excepción de las pensiones de $800 en adelante. Siendo el próximo pago en el año 2022 conforme a lo dispuesto en la Ley”.

El coordinador del grupo RESCATE de la Confederación de Jubilados y Pensionados de Panamá manifestó estar de acuerdo con que se pague en 2022. “Considero que la nota que dio la CSS se debió dar hace mucho tiempo para aclarar todo. Sin embargo, hay otros jubilados que como no están dentro de grupos u asociaciones no saben sobre las notas y las informaciones que se dan, entonces, reaccionan en contra”, enfatizó Camarena.

El director de la CSS, en la carta que envió al Defensor del Pueblo, también dijo que “ha instruido a la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas para que les presente un informe para determinar si existen incumplimientos al respecto y poder atenderlos”.

Ávila adelantó que el próximo martes, desde las 9 de la mañana, estarán en el edificio Bolívar de la Transístmica, que es la sede de la Dirección Ejecutiva de Prestaciones Económicas de la CSS.

“Estaremos dispuestos ir a la calle a exigir y luchar porque se sancione el proyecto de Ley 768 y se dé el pago de los $10 para este año. Como Asociación buscaremos mejorar la calidad de vida y crear protecciones para los jubilados porque queremos que sus últimos días estén llenos de alegría y no de abandono y tristeza”, sentenció Ávila.