Gobierno aún no ha definido el futuro del concentrado de cobre

El gobierno aún no ha tomado una decisión sobre el concentrado de cobre extraído que está en la mina de Donoso. El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, indicó que deberán estipular qué se hará con el mineral que se halla almacenado.

El gobierno, además, deberá determinar quién es el dueño del cobre, si es el Estado o la empresa Minera Panamá, quien mantenía la concesión, pero cuyo contrato ley fue decretado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de noviembre, luego de 38 días de protestas en el país.

El ministro Rivera Staff dijo que ahora el gobierno tiene que identificar quién es el propietario de las más de 130.000 toneladas de cobre concentrado, que representan más de $200 millones.

Añadió que mediante documentación, laboratorios y pericias se tiene que establecer quién es el propietario de ese concentrado de cobre.

En una entrevista a Shok Multimedia, el ministro recalcó que independientemente de quien sea el propietario de ese material almacenado se pueda gestionar y se pueda transformar en dinero.

Rivera Staff aseguró que antes de que termine la administración gubernamental se tomará una decisión.

“Aquí la clave está en que el gobierno pueda demostrar quién es el propietario y cuándo se extrajeron, si fue en la vigencia del mes y 10 días que estuvo vigente el contrato”, si no es del Estado panameño, dijo Rivera Staff.

Rivera Staff dio esta entrevista luego que se conociera que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informara que la empresa Minera Panamá consignó la fianza del proyecto minero en Donoso, que mantiene un plan de cierre como resultado de que el contrato ley, aprobado en octubre pasado, fue declarado inconstitucional.

La fianza es por la suma de $157.229.403 y tiene vigencia hasta el año 2029.

“La notificación de esta garantía financiera se hizo al Ministerio de Ambiente a través de la nota del 3 de abril de 2024 firmada por Manuel V. Aizpurúa R., apoderado especial de Minera Panamá, S.A.”, detalló MiAmbiente en un comunicado.

El vencimiento de la antigua fianza, el pasado 7 de marzo, mantenía a los ambientalistas en alerta al considerar que el Estado quedaba desprotegido para garantizar el plan de cierre de la mina.