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- 26/03/2024 00:00
- 25/03/2024 20:32
Las víctimas por envenenamiento masivo con dietilenglicol cuentan con una pensión vitalicia de $1.000 mensuales. La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 16 del 25 de marzo de 2024, publicado ayer en Gaceta Oficial, y que aumenta en $200 la ayuda económica.
“Un equipo multidisciplinario e interinstitucional trabajó para encontrar una alternativa y ofrecer una solución a este grupo tan sensible que está dentro de la normativa establecida por ley y reciben una pensión por parte del Estado”, señaló la Presidencia en un comunicado.
Luego de diferentes consultas con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, el Ejecutivo tomó la decisión de hacer efectivo el aumento de $200 adicionales a la pensión, atendiendo la justa petición de los afectados y cumpliendo con el marco de lo que establece la ley, agrega el comunicado.
Inicialmente, mediante la Ley 20 del 26 de marzo de 2013 la pensión era de $600, que fue aumentada a $800 en 2019, mediante la Ley 80 del 20 de marzo. La ley establece que el monto de la pensión será revisado cada dos años.
El decreto ejecutivo establece que el pago de la pensión será cargado a la partida presupuestaria de la Caja de Seguro Social de este año.
Según el comunicado de la Presidencia, hay 975 pacientes identificados con afecciones específicas por el envenenamiento ocurrido en 2006, tras el consumo de medicinas adulteradas con dietilenglicol, sin embargo, todavía hay expedientes de pacientes para evaluar, que podrían ingresar a este grupo.
“Esta administración recibió 1.114 expedientes, de los cuales han sido evaluados 1.056. En este período se han evaluado y entregado estas 1.056 resoluciones, producto de la Comisión Interinstitucional”, señala el comunicado de la Presidencia.
En 2006 estalló el escándalo del envenenamiento masivo a pacientes de la Caja de Seguro Social, luego de haber ingerido jarabe para la tos contaminado con dietilenglicol, y es considerado el peor caso de intoxicación en el mundo.
En 2010 se aprobó la Ley 13 del 29 de mayo que estableció la comisión de seguimiento para la atención de las víctimas y familiares.