Gobierno analiza otras alternativas para atender migrantes

El Ministerio de Salud (Minsa) ha efectuado acercamientos y conversaciones con otras organizaciones internacionales que puedan reemplazar la labor que realizaba desde 2021 Médicos Sin Fronteras (MSF) en Bajo Chiquito, Darién, el primer pueblo al que llegan los migrantes cuando terminan un trayecto de más de cinco días de camino por la selva de Darién, frontera entre Panamá y Colombia.

“Se trata de convenios con permisos para laborar en el país. Vamos a trabajar con otros organismos internacionales, pero aún no se dan los permisos ni puedo revelar los nombres. Mientras tanto, en la frontera por donde hasta marzo arribaron más de 70.000 personas, estamos trabajando con Unicef, Cruz Roja y Unfpa”, manifestó una fuente del Minsa que solicitó anonimato.

Esto, a raíz de que el Gobierno panameño decidiera no renovar el convenio suscrito entre las partes, que venció el pasado 29 de febrero del corriente, hasta culminar la revisión de la evaluación del acuerdo.

La razón de la pausa de la gestión de los médicos extranjeros responde aparentemente a diferencias en los periodos en que MSF presenta los informes legales y sanitarios a las entidades panameñas correspondientes. A pesar del vencimiento del convenio, la fuente del Minsa indicó a La Estrella de Panamá que “recientemente hubo una reunión entre un grupo nutrido de directivos del Minsa y representantes de MSF en la que hablaron acerca de las responsabilidades establecidas en el convenio. Entre ellas, la obligación de reportar de forma inmediata situaciones de interés sanitario y legal a las entidades correspondientes con nombre, número de pasaporte y nacionalidad de la persona afectada”. De acuerdo con la fuente, MSF “realiza reportes mensuales de salud al director regional del Minsa, pero hay situaciones inmediatas que no pueden esperar al corte, dadas las características de la enfermedad, especialmente cuando son contagiosas”.

En el caso de las violaciones sexuales, hurtos o robos, ocurre algo similar en las comunicaciones ante el Ministerio Público. Cabe señalar que en el caso de violaciones, aunque las mujeres exterioricen a los médicos de los hechos, la regla es que no están dispuestas a permanecer en Panamá por seis meses, el tiempo que dura la investigación. De igual forma, identificar a los victimarios resulta una tarea difícil para los fiscales, puesto que las referencias sobre el sitio donde ocurrió el hecho se establecen de acuerdo con la distancia recorrida, a un día, dos o tres días de Bajo Chiquito. En entrevistas previas, MSF ha manifestado que respeta la decisión de las víctimas de no presentar una denuncia que las obliga a permanecer en Panamá más tiempo sujetas a costos y susceptibles de una revictimización. Tal vez por eso difieren las cifras que maneja el Ministerio Público y MSF, a pesar de que en Bajo Chiquito se instaló una fiscalía especialmente para atender este tipo de denuncias.

El Minsa también está presente en el pueblo, pero la llegada de los migrantes ocurre por olas de miles, razón por la que se han apoyado en otras organizaciones para atender la mayor cantidad de personas que presentan cuadros de heridas, infecciones intestinales y estomacales, enfermedades respiratorias, fracturas y llagas en los pies. “Invertimos tanto o más como si estuviéramos atendiendo a toda la provincia de Darién, porque el costo de las vacunas es muy caro”, indicó una fuente del Minsa en defensa de la labor que realiza la institución con los migrantes. Actualmente el Minsa cuenta con dos médicos y dos técnicos de enfermería y hoy reforzarán el equipo con tres médicos más y cuatro unidades del personal de enfermería que van a dividirse entre Lajas Blancas y Bajo Chiquito, aunado al personal de registro de datos que realiza labores administrativas, según información del Minsa. Por otra parte, la Cruz Roja mantiene dos médicos, pero el 18 de marzo enviará un médico adicional para trabajar en Bajo Chiquito.

Las autoridades panameñas niegan cualquier vínculo de la suspensión de actividades con las recientes denuncias de MSF sobre el drástico aumento de ataques sexuales, así como su nivel de brutalidad y crueldad extrema. Coyunturalmente MSF publicó una noticia el pasado 7 de marzo en la que describe que “los equipos sanitarios han registrado más ataques de extraordinaria violencia y violencia sexual, un número inédito de asaltos, en lo que se teme que pueda ser un empeoramiento de la situación ya terrible de la ruta por la selva”. En una semana de febrero, según cifras preliminares, “113 personas fueron atendidas por los equipos médicos tras haber sufrido agresiones sexuales por parte de grupos criminales que operan en el Darién; entre ellas, nueve menores de edad. Esta cifra se acerca a la de los 120 casos que se atendieron en todo el mes de enero, que también destaca si se tiene en cuenta que en todo el pasado año se atendieron 676 casos por esta causa”, según registra MSF en Darién. MSF prefirió no hacer comentarios sobre la suspensión del convenio para este reportaje.