Fiscal desconoce el manejo legal de la evidencia digital en caso 'pinchazos', asegura Sittón

Actualizado
  • 17/08/2021 16:36
Creado
  • 17/08/2021 16:36
El abogado de Ricardo Martinelli también señaló que se está dando lectura a un número plural de piezas que no encajan dentro de la acusación

El abogado Sidney Sittón, defensa del expresidente, Ricardo Martinelli, en el caso “pinchazos”, indicó que ha notificado al Tribunal de Juicio Oral que el fiscal Ricauter González no sabe manejar los conceptos de la ley que define cómo se debe preservar, presentar y analizar la evidencia digital.

“Le hemos recalcado al tribunal de que es la ley la que define cómo se maneja, preserva y analiza la evidencia digital. Por eso le dijimos al fiscal Ricauter Gonzalez: Aprenda a manejar la evidencia conforme a la técnica, procedimiento, protocolos, guías y buenas prácticas porque no lo sabe hacer”, comentó Sittón.

El abogado de Martinelli también señaló que han notificado al tribunal sobre la lectura de un número plural de piezas que corresponden al 2010 y 2011, y no encajan dentro de la acusación ni en la apertura del juicio, que corre del 2012 al 2014.

“Se han venido a leer documentos que en el tiempo no corresponden en el marco de la acusación y eso es hacer perder el tiempo al tribunal y todas las partes”, dijo Sittón.

El Tribunal de Juicio Oral da continuidad con la lectura del tercer cuadernillo de los siete que están contemplados para este caso, que muestran la interceptación de correos electrónicos de líderes políticos. 

El Ministerio Público informó que este martes el juicio culminó con la lectura de 190 páginas. 

Por razones de bioseguridad, las jueces han reducido el número de participantes, por lo que los querellantes mantienen su presencia vía digital y las otras partes con uno o dos representantes de manera presencial. 

Sobre el juicio que se le sigue, Martinelli enfrenta dos delitos: interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución, y vigilancia sin autorización judicial, por lo que se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel.

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