Escenarios poscovid: reactivación del capital sin reproducción del trabajo

La aparición de la enfermedad infecciosa covid-19 y su rápida propagación por el territorio nacional dejó al descubierto las profundas grietas que hay entre el crecimiento y la distribución de las riquezas.

Panamá tiene el cuarto PIB per cápita ($15,707.4) más alto de América Latina y el cuarenta y cuatro más alto a nivel mundial, pero al mismo tiempo es un país con una alta desigualdad. El 20% más pobre solo alcanza ingresos por un poco más del 3% del ingreso total, mientras que el 20% más rico logra ingresos por más del 50% total. Esta situación queda en evidencia en el “Informe de movilidad social global”, donde Panamá se ubica entre los 20 países con menos oportunidades para el avance social de sus ciudadanos.

De igual forma ha confirmado la vulnerabilidad ante los riesgos sanitarios, la exposición a factores exógenos y la dependencia externa de la economía panameña, principalmente en aquellos sectores, y actividades, económicas considerados como los más dinámicos: comercio, construcción, banca, finanzas, logística, inmobiliarias.

El modelo productivo, el empleo y las garantías para el derecho al trabajo se acercan rápidamente al colapso, entre más se extienden las medidas de “confinamiento y distanciamiento físico” adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco del “estado de emergencia nacional”.

El sistema de relaciones laborales tripartito, según sus indicadores relevantes, deja en evidencia su poca capacidad para enfrentar una secuencia de sacudidas externas:

- 92% del tejido empresarial está integrado por las pymes,

- 72% de la población ocupada labora en actividades con baja productividad,

- 44,9% de la población en edad productiva realiza actividades informales.

Los efectos de la cuarentena dibujan difícilmente el espectro del impacto por llegar. Unas 82,100 empresas han suspendido aproximadamente 275,000 contratos de trabajo (marzo-junio). De ese total, solo el 4,87% fue reactivado durante la apertura de los bloques 1 y 2. Lo que se traduce en un incremento del desempleo abierto, hasta cerca del 35% (2020).

La coacción y coerción antisindical en medio de controvertidas medidas económicas, están forzando la abolición de los derechos laborales (salarios, jornadas de trabajo, convenios colectivos, derechos adquiridos), a través de mecanismos legales (disponibilidad laboral, teletrabajo, trabajo a distancia) que abandonan y dejan en la indefensión a miles de trabajadores cuyos reclamos y quejas nunca fueron acogidos y/o atendidas por el cierre de las entidades públicas.

El “distanciamiento físico, confinamiento poblacional, cuarentena, toque de queda y cercos sanitarios” constituyen los aliados perfectos para alterar el Código de Trabajo y acabar con las conquistas y los derechos laborales a fin de profundizar la precarización de las relaciones laborales y generar un modelo productivo de excepción.

Las medidas para la protección del empleo, por omisión o por extensión, afectan los derechos de los trabajadores y conllevan la pérdida de conquistas y derechos humanos y laborales, hasta profundizar las previsiones contenidas en la “Declaración de Derechos Fundamentales” (OIT, 1999), en la que se alerta sobre las formas de flexibilización del trabajo que profundizan la desregulación laboral y organizacional.

El escenario sociolaboral emergente, desde la perspectiva de la patronal, supone la supresión tanto del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (OIT, C087, 1948), como del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (OIT, C098, 1949). Y con ello el desconocimiento de las libertades y tipos de organización de los trabajadores.

Con el “Día Internacional de los Trabajadores” como telón de fondo, el gobierno convocó la mesa de “Diálogo tripartita para la reactivación económica y el desarrollo laboral”, bajo la premisa de alcanzar un acuerdo “para la vuelta a la normalidad dentro de la nueva realidad” y de paso consensuar las medidas adoptadas a partir del 10 de marzo: cierre de las empresas, suspensión de los contratos de trabajo y la modificación a la jornada laboral.

Los decretos 71 (jornada de trabajo), 81 (suspensión de contratos), 472 y 500 (cierre de empresas), en conjunto con algunas directivas para prevenir el contagio en los centros de trabajo, reduciendo los puestos de trabajo, pero recargando las labores en las líneas de producción, redefinen las relaciones laborales y el sistema que las sostiene. Es decir, una alteración completa a las disposiciones laborales.

Unos 60 días después de la instalación de la mesa tripartita, la representación sindical, integrada por ocho centrales sindicales, bajo la moderación de una institución de educación superior con poca práctica en la dinámica de la negociación de las relaciones laborales, alcanzó 23 acuerdos entre los que no se observa ningún señalamiento sobre las reformas directas o indirectas al Código de Trabajo.

Queda claro que la solidaridad y el sacrificio durante la crisis sanitaria recae, únicamente, sobre los trabajadores. Hasta el momento los programas orientados hacia la reactivación económica solo garantizan incentivos fiscales y apoyos financieros a los sectores y actividades económicos. Hacia los trabajadores, los esfuerzos son pocos y limitados, por lo que escasamente permiten la reproducción de la fuerza de trabajo.

El proyecto para la “generación de empleos y reactivación del mercado laboral”, esbozado por el gobierno (julio, 2019), retomado en la propuesta para la “reactivación económica poscovid-19” (julio 2020) y que busca cimentarse en los acuerdos de la mesa tripartita, no tiene el consenso suficiente para convertirse por extensión en una vía expedita para reformar la legislación laboral y garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo.

Las garantías exigen cumplimiento. Las prioridades en materia de reactivación económica y desarrollo laboral demandan:

- ingresos que satisfagan las necesidades alimentarias y calóricas básicas para una salud integral,

- educación en igualdad de condiciones del sector público y privado,

- seguridad social de calidad,

- transporte organizado y seguro.

Una reactivación sin garantías es insistir de nuevo en un modelo productivo en abierta desintegración y descomposición.

Pensamiento Social (Pesoc) está formado por un grupo de profesionales de las ciencias sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.